La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá empezar a recolectar toda la información que esté relacionada con los procesos disciplinarios que se adelantaron en los batallones de la Tercera Brigada del Ejército, en los departamentos de Cauca y Nariño, contra un grupo de soldados que reconocieron tener relaciones sexuales con mujeres indígenas en el interior de las instalaciones militares. Esta fue la petición que le envió este miércoles a la Procuraduría General.
En la compleja solicitud firmada por la delegada ante la JEP se señala que estas mujeres indígenas fueron víctimas de abuso sexual por parte de los militares. Igualmente, pidió que se investigue la violencia secundaria ocurrida alrededor con el fin de determinar si se presentó la revictimización padecida por estas mujeres.
“Al parecer, estos delitos fueron definidos dentro de las investigaciones internas disciplinarias como relaciones sexuales consentidas, lo cual desfiguró e invisibilizó el impacto de los delitos cometidos”, precisa la solicitud firmada por la procuradora delegada con funciones de intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez López. La petición tiene su origen al contrastar la información entregada por los exmilitares y expolicías de estas regiones del país.
Con esta información se reseña que “hay una alta probabilidad de que hayan ocurrido múltiples sucesos similares propiciados por estas mismas condiciones”. La Procuraduría General también pidió que se indague por la existencia de un posible patrón victimizante derivado de estos hechos; se investigue la violencia secundaria de la que fueron objeto las mujeres indígenas; se determine cuáles fueron las presiones y la revictimización sufrida por quienes se atrevieron a denunciar, y se identifique a los responsables.
“Lo sufrido por esta persona no puede considerarse de manera independiente a la dinámica del conflicto armado, pues se está ante un hecho que no es aislado y se produjo en un contexto de control territorial”, añade la petición.
En este sentido, señala que es menester que la JEP, “como operador judicial”, realice la recaudación de la información para así “promover la ejecución de una justicia que permita establecer medidas de no repetición para reducir la exposición a este tipo de acciones”.
La solicitud radicada ante la JEP hace parte de las observaciones que se han venido haciendo por la Procuraduría Delegada frente a las declaraciones voluntarias rendidas por cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública (dos soldados y dos policías) que violaron a una mujer indígena y posteriormente la intimidaron para que no denunciara.
En este caso se indica claramente que en un primer momento estos agentes del Estado no reconocieron el delito frente a la justicia ordinaria, escudándose en que los hechos correspondieron a una relación sexual consentida.