Este miércoles, la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entrevistó al exmáximo comandante de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko en medio del trámite de estudio de una amnistía por el delito de terrorismo.
La diligencia se concentró en amenazas impartidas dicho grupo guerrillero contra funcionarios públicos en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el año 2002.
Según las pruebas recolectadas, dicho grupo subversivo amenazó a alcaldes, inspectores, jueces, fiscales, diputados y otros funcionarios “con el fin de que renunciaran a sus cargos”. De no hacerlo, serían secuestrados o asesinados.
Para esto, les daban 72 horas para salir del cargo y de los municipios. El que no lo hiciera era declarado inmediatamente “objetivo militar”.
La magistrada de la Sala de Amnistía, Marcela Giraldo Muñoz detalló que el alcalde del municipio de El Tarra, tuvo que desplazarse tras ser amenazado por las Farc.
Igualmente, se presentó la “renuncia colectiva de los concejales de los municipios de Ragonvalia, Gramalote, Lourdes, Arboleda, Cucutilla, entre otros municipios de Santander y Norte de Santander” detalló la magistrada.
Frente a esto, el excomandante de las Farc, y quien firmó el Acuerdo de Paz en el 2016, aseguró que la orden de declarar a estas personas como “objetivo militar” fue directamente de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.
“Al final de 1999 inicios del 2000, cuando comienza la ofensiva paramilitar en estos departamentos, hay una directriz del secretariado en el sentido de generar ingobernabilidad en dicha región y plantearle a los alcaldes y distintas autoridades que renunciaran”, indicó.
La Sala entrará ahora, teniendo en cuenta las declaraciones de Timochenko, a estudiar la procedencia del beneficio de amnistía sobre estas conductas o si este proceso deberá pasar a otra ruta al interior de este tribunal que se creó tras la firma del acuerdo de paz.
Timochenko tiene otra cita pendiente junto al senador Julián Gallo; y el excomandante del Bloque Sur de las Farc, Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como Joaquín Gómez por graves crímenes e infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En la citación hecha por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos se mencionan homicidios, masacres, violencia sexual, desplazamientos forzados y desapariciones, así como el uso de medios y métodos ilícitos de guerra cometidos durante el conflicto armado. Por estos delitos los exintegrantes del Secretariado de las Farc no pueden recibir el perdón judicial pues no son amnistiables.
La Sala concluyó que por orden del Secretariado de la guerrilla de las Farc se armaron y fortalecieron los Bloques Sur y Oriental, que delinquían en los departamentos del Quindío, Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá como “centro de despliegue estratégico para la toma del poder” durante el conflicto armado.
En estas acciones se ejecutaron actos en contra del Derecho Internacional Humanitario (DIH), desconociendo cualquier norma de la guerra, atacando a la población civil y a comunidades vulnerables.
Los informes indicaron que el área de influencia del Comando Conjunto Central de las Farc correspondía a los departamentos de Quindío, Tolima y Huila, así como algunas áreas del Bloque Oriental y el Bloque Sur que comprenden Sumapaz, Cundinamarca y Bogotá, el norte y oriente de Huila, el piedemonte amazónico, San Vicente del Caguán, el sur del Meta y los Llanos del Yari.
Los convocados deberán rendir su versión entre finales de octubre de 2024 y enero de 2025.