Durante su intervención en la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para proteger los restos de personas desaparecidas que se encuentran en el cementerio alterno de El Copey, Cesar, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, aseguró que las víctimas, cuyos familiares fueron desaparecidos, se están muriendo sin conocer la verdad sobre lo que ocurrió con ellos.
“Las víctimas se están muriendo, las víctimas se están desgastando en estos procesos de búsqueda sin que oportunamente les estemos entregando unos resultados”, señaló.
El delegado se refirió a las demoras en el proceso de búsqueda, identificación y entrega de los restos y aseguró que, más allá de señalar responsables, hay que reconocer que algo está fallando en el sistema de justicia y que no se puede permitir que unas medidas cautelares se conviertan en indefinidas.
“El hecho de que la medida cautelar exista, concentra un propósito de reconocimiento de legitimidad para poder hacer énfasis en la búsqueda de la verdad y exige que los procesos sean mucho más expeditos, sean mucho más consagrados, sean mucho más concentrados”, agregó Acosta Aristizábal.
La Procuraduría también se refirió a la necesidad de fortalecer la participación de más familiares de personas desaparecidas en la JEP para cotejar su ADN con los restos encontrados, poder identificarlos plenamente y entregarlos a sus familias.
Finalmente, el delegado Acosta hizo un llamado a las entidades vinculadas con la búsqueda para fortalecer sus actuaciones.
“No nos dejemos desviar por esa gratitud y generosidad de las víctimas que al encontrar que las instituciones hacen presencia en su territorio, que aparecen -y a fe que han sido muchos cuerpos – podamos pensar que estamos satisfaciendo sus derechos y sus necesidades”, concluyó.
La JEP le concede la libertad al exgobernador Salvador Arana
El exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, condenado por parapolítica, quedará en libertad por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con la JEP, en los últimos años Arana Sus ha dado considerables aportes a la verdad en relación con los nexos de políticos colombianos con grupos paramilitares.
La JEP advirtió que se trata de un beneficio condicionado y que no implica que la definición de la situación jurídica sea definitiva; por el contrario, deberá seguir compareciendo ante la justicia transicional, entregando información precisa y detallada sobre los hechos registrados entre 1996 y 2006 en la región Caribe, principalmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.
En contra de Salvador Arana pesan varios procesos judiciales y dos condenas. En primer lugar, fue condenado en 2009 a 40 años de cárcel por el homicidio agravado del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo León Díaz Salgado, quien lo había denunciado públicamente en un consejo comunal de tener nexos con las AUC.
Por estos hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. En el fallo se determinó que Arana le dio instrucciones precisas al jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, conocido con el alias de Cadena, para que planeara y ejecutara el crimen del mandatario municipal, quien fue secuestrado, torturado y asesinado el 10 de abril de 2003.
En segundo lugar, fue condenado a ocho años de cárcel por desviar recursos del departamento de Sucre para beneficiar a los grupos paramilitares, específicamente en favor de Edwar Cobos Téllez alias “Diego Vecino”.
En la decisión, emitida en 2013, se describe que siendo gobernador direccionó recursos públicos para financiar a grupos paramilitares entre los años 2000 y 2001. En total se habrían desviado 478 millones de pesos del presupuesto del departamento para financiar a dicho grupo armado ilegal.
Igualmente, existen dos procesos en etapa de acusación contra Arana por falsedad ideológica en documento público, en la ejecución de un contrato en el municipio de Tolú y otro por concierto para delinquir agravado.
La JEP ha señalado que las actividades criminales de Arana fueron en connivencia con muchos funcionarios civiles, integrantes de la fuerza pública y del DAS, políticos, empresarios, narcotraficantes y ganaderos.
“Arana asumió el compromiso de continuar aportando, lo cual deberá hacer en materia de verdad, reparación y de no repetición, teniendo en cuenta lo que y ha propuesto en varios de sus escritos, los resultados del proceso dialógico que se ha instaurado y el carácter condicionado de la libertad que se le concede”.
Arana Sus fue capturado en la madrugada del 28 de mayo de 2008 por agentes del CTI de la Fiscalía General en su apartamento en Santa Marta. Estuvo cinco años prófugo de la justicia después de la apertura de una investigación de la Corte que truncó su nombramiento como embajador de Colombia en Chile.