Nariño, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto, se volvió prioridad para la Jurisdicción Especial para la Paz al considerar que las víctimas están en una situación especial de vulnerabilidad. En total, se han identificado cerca de 1.000 hechos delictivos dirigidos principalmente contra la población indígena (pueblo awá) e integrantes de Consejos Comunitarios (Río Chagüí, Alto Mira y Frontera). En este contexto, la JEP citó a 11 excombatientes para que rindan versión libre sobre su responsabilidad en estos hechos ocurridos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y el 1 de diciembre de 2016. Los señalados responsables serían integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública. Para construir el llamado caso 002, los magistrados de la Sala de Reconocimiento tuvieron como base el inventario de la Fiscalía, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, expedientes judiciales y sentencias condenatorias. Con esta documentación se dio inicio al llamado de versiones voluntarias para quienes podrían estar involucrados en estos hechos. “La magistratura va a llegar a la verdad de lo ocurrido en estos territorios”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada indígena de la JEP. Se calcula que en esta región del país existen 27 Consejos Comunitarios y 42 resguardos indígenas. Los comparecientes deberán presentarse a La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP para hacer una declaración voluntaria sobre los hechos.  La versión voluntaria de cada exintegrante de la guerrilla buscar alimentar la verdad sobre lo ocurrido y generar la oportunidad de que el victimario pueda narrar su versiòn de los hechos. Las versiones serán presentadas en compañía del defensor y el compareciente correspondiente, serán grabadas y posteriormente trasladadas a las víctimas para que ellas también puedan hacer las observaciones. Esta zona del país fue seleccionada luego de que el comité de priorización concluyera que allí confluyen las dinámicas más complejas del conflicto armado. Entre las investigaciones hay homicidios, masacres, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, narcotráfico, cultivos ilícitos, tráfico de armas y secuestros, los cuales afectaron a poblaciones étnicas, afrocolombianas y demás ciudadanos del común.Le puede interesar: ¿Qué está pasando en la JEP? Patricia Linares responde El llamado se hace a través del Auto 01 del 14 de enero de 2019, el cual establece el lapso entre el 14 de febrero y el 8 de marzo para recoger las versiones voluntarias de los comparecientes. Estas versiones se practican en el marco de unos informes que recibió la Sala, los cuales fueron presentados por las entidades públicas, organizaciones de víctimas y de derechos humanos a lo que se suma toda la información recabada en el marco del caso. "Las versiones se desarrollarán en las ciudades de Cali, Pasto y Bogotá y se practican con base en 20 informes recibidos por la sala y presentados por las entidades públicas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como la diversa información de contexto en el marco del caso", asegura el auto de convocatoria. Los llamados a comparecer son Óscar Yail Saya Preciado, Jhon Jairo Ortiz Sánchez, Shirley Bermúdez, Leonardo Cabezas Rodríguez, María Omaira Castillo Landázuri, Ángel Leonel Castro Realpe, Luis Carlos Cabezas Rodríguez, Andri Solemi Pegui Salazar, Serafín Cortés Delgado, Pedro José Ocoró Perlaza y Carlos Junior Arizala Ortiz. En total son cinco los casos que ya fueron avocados a la Sala de Reconocimiento de Verdad. El primer caso ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor de las ex Farc-EP a comparecer a versión voluntaria. El tercero se concentrará en dos muertes que se presentaron ilegitimamente como bajas en combate por agentes del Estado. En total son 47 las versiones voluntarias ya presentadas ante este sala.