Rodrigo Granda, el denominado canciller de las Farc, no pudo soltarse del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la empresaria Cecilia Cubas, hija del expresidente del Paraguay, Raúl Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004. La Sección de Reconocimiento de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la petición de Granda.
La Sala indicó claramente que no cuenta con jurisdicción para administrar justicia por estos hechos, negando tajantemente las solicitudes de decreto y práctica de pruebas presentada por la defensa de Rodrigo Granda. En la decisión se indicó que el Estado colombiano no tiene jurisdicción para juzgar los hechos, pues el plagio y asesinato se registraron en territorio paraguayo.
“Mal haría la JEP si desconociera las facultades investigativas que legítimamente han ejercido las autoridades paraguayas sobre este crimen, en orden a esclarecer cuáles son las responsables y las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron”, advirtió la Sala. En este punto se advierte que este hecho no se presentó en el marco del conflicto interno colombiano.
Por esto, se rechazaron los argumentos y por ende la petición hecha por Granda, quien se acogió al Acuerdo de Paz y ha manifestado su colaboración en varios procesos. “La mera colaboración de integrantes del grupo rebelde de las Farc -que eventualmente haya operado en la nación- con el EPP –que hubiese delinquido en el extranjero– no permite estructurar por sí sola relación material alguna entre el conflicto armado de este país”.
Para la JEP, las autoridades paraguayas, en cumplimiento de sus mandatos y funciones, está adelantando la respectiva investigación para identificar a todos aquellos que participaron en el secuestro y asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, y esclarecer las condiciones de tiempo modo y lugar en que ocurrieron.
Por esto, se debe respetar tanto la autonomía internacional como los principios jurídicos que tienen los países. De asumir el caso se entraría en una clara vulneración al principio de la territorialidad de la ley penal que “se aplica a los nacionales o extranjeros que hayan cometido delitos en territorio nacional”.
“La solicitud del compareciente parece señalar, que es posible una prevalencia de jurisdicción entre Estados; desde el punto de vista de la teoría general del Estado, esto no es posible”, concluyó la decisión. En contra de Granda existe una petición por parte de las autoridades paraguayas para que responda por este crimen que enlutó a toda la Nación.
Cecilia Cubas, de 32 años, fue secuestrada en septiembre de 2004 y por más de cinco meses la mantuvieron en condiciones denigrantes. Su hermana Silvia Cubas le contó los detalles de esa tragedia a SEMANA. “La perdimos el 21 de septiembre de 2004 y recuperamos su cuerpo el 16 de febrero de 2005″, relató.
Estuvo privada de la libertad en condiciones paupérrimas, sin comida y sin acceso a lo mínimo. Y el final de sus días fue aún más aterrador: fue enterrada viva, y esa agonía fue dejada en evidencia luego en la autopsia en la que se detectó que había arena en sus pulmones. “Hemos vivido un calvario”, sostuvo Silvia.