“Deberá hacer todo lo necesario para la evaluación de sus niveles de riesgo”. De esta forma, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a la Fiscalía Genera realizar un estudio de urgencia frente a la seguridad y medida de protección de Amelia Pérez Parra, una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro para el cargo de Fiscal General de la Nación.
En la solicitud se indica que Pérez Parra tendría amenazas por las investigaciones que adelantó frente al atentado terrorista ejecutado por la guerrilla de las Farc al club El Nogal, el 7 de febrero de 2003. En noviembre pasado, la exfiscal -quien tuvo que exiliarse en Canadá por las constantes amenazas- le aseguró a un grupo de magistrados que la posición que tomó en el enfoque de la investigación generó varios disgustos que con el pasar del tiempo se fueron convirtiendo en amenazas.
“Manifestó que fue su abierta oposición a enfocar y concentrar la investigación por los hechos de El Nogal en torno a una sola hipótesis”, señala la solicitud de la JEP al hacer referencia a la declaración de la exfiscal Pérez Parra. Esta posición, que a juicio de la exfiscal se hizo aplicando los principios básicos del derecho penal, motivaron a que fuera relevada de la investigación “injustamente” por orden directa del entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio.
En el análisis del caso que se hizo recientemente frente al expediente de El Nogal, y por el cual fueron citados nueve excomandante de las Farc, la JEP negó reconocer como víctima directa a la exfiscal Pérez Parra al considerar que los hechos que mencionó en su petición se presentaron meses después a la ejecución del atentado terrorista ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, comandada por alias El Paisa.
“Las magistradas relatoras tampoco encuentran probado que los hechos victimizantes que obligaron a Amelia saliera del país junto con su familia y recibiera asilo hayan sido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, o que puedan ser considerados como graves infracciones al DIH, particularmente atribuibles a las redes urbanas o en desarrollo de las hostilidades de las extintas Farc”, reseña la decisión.
¿Quién es Amelia Pérez?
Desde su despacho en la Unidad de Derechos Humanos se adelantó la investigación por la masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán, ejecutadas por paramilitares con el apoyo de agentes de la Fuerza Pública en la década de los 90. Esto llevó a que desde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se le pusiera un precio a su cabeza, situación por la cual empezó a recibir amenazas directas de Carlos Castaño Gil.
Igualmente, lideró la investigación por la desaparición de Nydia Erika Bautista, socióloga y militante del M-19, quien fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente y desaparecida por militares adscritos Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional, en agosto de 1987.
En el año 2003 le asignaron la investigación por el atentado terrorista ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero de la guerrilla de las Farc en el exclusivo Club El Nogal, en el norte de Bogotá. Sin embargo, en abril de ese mismo año, fue relevada del caso y salió de la Fiscalía General. Por las constantes amenazas y el riesgo latente para su vida buscó exilio en en Canadá.
En abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección.