La Jurisdicción Especial para la Paz le otorgó la libertad condicional al exgobernador de Córdoba, Benito Osorio Villadiego. Esto debido a la información clave que ha entregado ante este tribunal por el despojo de tierras y desplazamiento forzado en el departamento.

En la decisión se advierte que Osorio Villadiego, quien también fue gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, ha detallado la forma en cómo se ejerció una presión sobre los campesinos para que vendieran sus tierras a precios extremadamente bajos a integrantes de la ‘Casa Castaño’.

Para ejercer esta labor y darle una apariencia de legalidad se creó la Fundación Funpazcor, la cual era liderada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño.

El exgobernador ha entregado información nueva y detallada sobre la participación de integrantes de la Fuerza Pública en los actos que motivaron el desplazamiento de los campesinos en esa región del país. Así como de varios funcionarios públicos y civiles que apoyaron la consecución ilegal de estas tierras.

Debido a esto se destacó la “actitud sincera que ha demostrado el compareciente al entregar importantes aportes de verdad”. Sin embargo, la JEP le pidió a Osorio Villadiego proseguir con su colaboración precisa y continua para la construcción de la verdad, la reparación de las víctimas y crear garantías de no repetición.

En la decisión se advierte que “el beneficio” concedido al exgobernador “atiende una naturaleza provisional, lo que implica que puede ser revocado en caso de que incumpla las obligaciones contraídas mediante acta de sometimiento” y “el acta de compromiso que firmará como consecuencia del beneficio que se le otorga en esta decisión. De igual forma, en caso de no cumplir con los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición le será revocado el beneficio”.

En agosto de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia ratificó la condena a 19 años y medio de prisión en contra de Osorio Villadiego por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir.

En 1997, Osorio Villadiego fue nombrado por presión de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Fondo Ganadero de Córdoba para que iniciara la compra sistemática de tierras ubicadas en Córdoba. La investigación revela que fueron adquiridos 105 predios, cuyos propietarios y poseedores ya habían sido objeto de desplazamiento forzado y apropiación material por parte de las denominadas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá.

Ejerciendo presión armada, se logró la venta de las tierras a precios irrisorios. Para esto se contó con la colaboración de varios integrantes de la población civil y funcionarios públicos que avalaron documentación que ayudó a consolidar el proyecto paramilitar político, territorial y económico de los paramilitares.

“Con ese mismo designio criminal, Salvatore Mancuso Gómez se hizo, a través de un testaferro, Aram Asias Soler, a 16 predios ubicados en comprensión municipal de Tierralta (Córdoba); predios que en el año 2007 pasaron a figurar a nombre del sindicado Benito Antonio Osorio Villadiego, quien los englobó con el nombre El Helicarnazo, y en el curso de este proceso ofreció entregarlos para su restitución a las víctimas”, precisó el fallo de segunda instancia.