Para facilitar el acceso de las víctimas a la verdad y evitar daños que pongan en riesgo sus derechos, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP adoptó este lunes medidas cautelares que, en otras palabras, lo que hacen o buscan es proteger a las víctimas de desaparición forzada que se puedan hallar en la zona del el Canal del Dique y ordenó acciones que buscan garantizar la búsqueda, hallazgo y posibles entregas dignas.
“Las medidas cautelares imponen una realidad que el país debe asumir sin excusas: los megaproyectos, en zonas de alta incidencia de desaparición forzada, tienen una obligación moral como paso para reafirmar los valores de una sociedad: se deben incluir procesos exhaustivos de indagación y búsqueda de posibles víctimas”, advirtió el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, el magistrado Gustavo Salazar, en la audiencia sobre el Canal del Dique que concluyó en Cartagena.
En la diligencia judicial a la que tuvo acceso SEMANA, estuvo presente el pleno de la sección: los magistrados Alejandro Ramelli, Raúl Sánchez y las magistradas Reinere Jaramillo y María del Pilar Valencia. Además, las magistradas delegadas de las comisiones Étnica y Territorial, Gloria Rodríguez y Heydi Baldosea, que presentaron sus informes y reflexiones sobre lo que ha sucedido en el Canal del Dique.
En la cita participaron varias instituciones del Estado y jefes de varias carteras, entre ellos al ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, a quien se le ordenó a este crear una ‘Mesa Técnica’ que trabaje en un protocolo arqueológico forense que debe ser tenido en cuenta en la licitación para restaurar los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
Entre otras cosas, este protocolo, advierte la JEP, “debe hacer referencia a procesos de monitoreo; registros técnicos, fotográficos, topográficos y arqueológicos; suspensiones temporales de las obras en el frente de trabajo donde ocurra el hallazgo y protección de puntos de interés forense que hagan posible las recuperaciones”.
Uno de los puntos más importantes es que le ordena a la vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, que elabore un ‘plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique’, que incluya las graves violaciones a los derechos humanos, en especial las desapariciones forzadas, imputables a grupos armados ilegales, agentes del Estado y terceros civiles.
De otro lado, se ordenó a Cormagdalena informar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de cualquier tipo de intervención en el Canal del Dique con ocasión o no de emergencias naturales, mientras se encuentre vigente esta medida cautelar. Esto, con el objeto de que se coordinen las acciones previas necesarias para salvaguardar el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos.
Otra de las decisiones ordena crear una Mesa Interinstitucional de Articulación que deberá expedir unos lineamientos generales que guíen el contenido de protocolos de salvaguarda y protección de los cuerpos esqueletizados no identificados. Este deberá dar directrices precisas para la ejecución de obras civiles en territorios en los que se tengan denuncias, investigaciones judiciales, planes de búsqueda o indicios relevantes sobre puntos de interés forense, especialmente aquellos declarados de importancia estratégica por la UBPD.
“Esta es una posibilidad de encuentro entre la producción y la democracia, entre el interés privado, el público y el comunitario. Una oportunidad para restaurar”, concluyeron los magistrados.