A través de un auto publicado el pasado 10 de marzo, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le ordenó a la Policía Nacional que se abstenga de enviar uniformados a las diligencias que cumple alias Otoniel ante ese tribunal y otros organismos creados en el acuerdo de paz de La Habana.

“Ordenar al director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), mayor general Fernando Murillo Orrego, que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia, y en general acciones que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias del señor Dairo Antonio Úsuga David ante la JEP o la CEV y garantice su reserva”, dice el documento.

Además, señala que si ese requerimiento no se cumple pondrá el caso en la Corte Penal Internacional. La Jurisdicción Especial de Paz menciona que este requerimiento tiene el propósito de salvaguardar la información que tendría alias Otoniel para aportar a ese tribunal.

El documento se presenta luego de que en los últimos días los magistrados de la JEP decidieran suspender una de las audiencias que se adelantan con Otoniel, precisamente por la presencia de policías en la sala.

Los cuatro uniformados que se encontraban fuertemente armados no quisieron abandonar el recinto, sabiendo del calibre del preso al que están cuidando y el riesgo que genera esa solicitud.

En esa diligencia, alias Otoniel iba a hablar de lo que conoce sobre supuestas relaciones de miembros de la fuerza pública con casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare, conocidos como falsos positivos.

Hace unas semanas tuvo que ser suspendida otra declaración en la Comisión de la Verdad, porque las autoridades contaban con información de un supuesto plan de fuga que se llevaría a cabo.

Esa institución denunció hace unas semanas que las grabadoras digitales de uno de los comisionados en donde estaban las declaraciones de alias Otoniel fueron hurtadas, aunque previamente quedó guardada una copia del archivo.

La decisión de la JEP no deja de generar polémica, especialmente cuando se ha conocido que el capo del narcotráfico ha tenido planes de fuga con el fin de evitar su extradición.

SEMANA evidenció que el Clan del Golfo, en alianza con carteles mexicanos, buscarían detener el propósito de las autoridades para que alias Otoniel pague una condena en los Estados Unidos.

La información fue hallada en computadores de hombres abatidos de ese grupo que actualmente están bajo la dirección de alias Chiquito Malo, quien quedó a cargo de la organización tras la captura de su máximo líder. Allí se mencionaba que se infiltrarían en la fuerza pública y que estaban dispuestos a rescatar al capo a “sangre y fuego”.

“Otoniel no es ninguna perita en dulce. Lo que evidenció claramente nuestra Policía, que es responsable de la custodia de ese criminal, es que había un plan de fuga que tenía este criminal que siempre busca elaborar planes para evadir su responsabilidad con la justicia y con la extradición”, aseguró el ministro Molano.

Los representantes legales de alias Otoniel han cuestionado la posición de las autoridades diciendo que estarían interfiriendo en el desarrollo de las audiencias.

Desde un sector se ha pedido que se le brinden las garantías a alias Otoniel para que declare lo qué sabe sobre estos casos en los que estarían involucrados los uniformados, pero otros critican que se trata de uno de los peores criminales y que hay un riesgo latente de que el capo se pueda fugar.

Alias Otoniel estaría haciendo todo lo posible para no ser extraditado a los Estados Unidos, y mientras tanto, sus hombres buscan el quiebre en el sistema estatal para lograr liberarlo.