La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista para abrir un macrocaso sobre los hechos de violencia sexual ejecutados durante el conflicto armado en todas las regiones del país. Teniendo en cuenta las peticiones que han presentado decenas de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, niñas y adolescentes, este organismo tomó la decisión de abrir un nuevo expediente.
En el que sería el macrocaso 11 se investigarán y juzgarán casos de violencia sexual y violencia reproductiva, así como otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado colombiano. La Sala le ordenó al Grupo de Análisis de Información (Grai) de la JEP que, en un término de 60 días hábiles, “presente un universo provisional de hechos sobre violencia sexual, así como una propuesta de patrones relacionados”.
La magistrada de la Sala de Reconocimiento, Belkis Izquierdo, manifestó que se están adelantando todos “las etapas finales de concentración del macrocaso 08, sobre los graves crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado; el macrocaso 09, sobre los crímenes cometidos en contra de los pueblos y territorios étnicos, y el macrocaso 11, sobre violencia sexual y otros crímenes motivados por el género”.
En una decisión de 19 páginas se presenta la hoja de ruta para ir preparando este macrocaso mediante la recolección de elementos documentales con el fin de recolectar la mayor evidencia.
“Esta propuesta de patrones –resalta la decisión– debe incluir los hechos de violencia sexual contra Pueblos Étnicos de manera diferenciada, y así como una identificación preliminar de los comparecientes que podrían ser llamados a rendir versión por estos, sean individuos o estructuras militares que operaron en determinados períodos y lugares donde ocurrieron los hechos”.
Igualmente, se le solicitó al órgano de Gobierno que estudie al iniciar los trámites correspondientes para ampliar la Sala de Reconocimiento a siete magistrados con sus despachos, incluyendo la solicitud que sea necesaria hacer en la ampliación del presupuesto solicitada para el año 2023, de manera que el despacho adicional pueda dedicarse exclusivamente a liderar el macrocaso N.° 11.
La Secretaria Judicial deberá comunicarle a las Comisiones de Participación y de Género de la JEP, así como a la Procuraduría Delegada ante la misma, para lo que corresponde a sus funciones reglamentarias y en particular respecto a las metodologías adecuadas de participación de víctimas. Por la magnitud del caso se les pidió a las Comisiones de Participación, de Género y Étnico Racial, que compartan la decisión por sus redes y rutas de comunicación con sociedad civil, en particular con las organizaciones interesadas en conocer sobre la apertura de la etapa de agrupación y concentración sobre crímenes no amnistiables cometidos en el marco del conflicto armado por razones de odio, prejuicio y discriminación basada en sexo, género y orientación sexual e identidad de género.
Esta decisión se conoció este viernes mientras se presentaba la apertura de un macrocaso que tiene elección con las graves infracciones al Derecho Humanitario Internacional cometido por la guerrilla de las Farc, y entre las que se encuentran homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y violencia sexual como partes de un patrón de control social y territorial; uso de medios y métodos ilícitos de guerra y otros crímenes cometidos en el desarrollo de las hostilidades, y el sicariato y atentados con explosivos en las ciudades por parte de las redes urbanas.
El macrocaso agrupa 306 informes recibidos de organizaciones de la sociedad civil en todo el país y que no habían sido investigados aún en los primeros casos abiertos por la JEP. La mayoría son informes nuevos recibidos en los últimos meses. El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, explicó que la Sala de Reconocimiento llamará a rendir versión colectiva sobre estos hechos a exguerrilleros de todos los frentes, y llamará a versión individual a los comandantes de la antigua guerrilla en todo el país, así como a quienes sean identificados como ejecutores notorios.