La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) realizará este martes 24 de agosto, en la ciudad de Popayán, una audiencia de seguimiento para conocer el estado de las medidas cautelares que adoptó en 2020, con el objetivo de “garantizar la vida y seguridad de los excombatientes de las Farc y el derecho de las víctimas a la verdad”.
Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, entre las situaciones que serán analizadas durante la audiencia se encuentra el incremento de muertes violentas que -señaló-ascienden a por lo menos 276 en el país, 96 de ellas ocurrieron en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. “La disputa por el control de los corredores estratégicos, el poder de los grupos de narcotráfico y las disidencias de las Farc, entre otros factores, son fuente de riesgos no controlados que ameritan mayores esfuerzos de las autoridades con funciones de garantías de seguridad”, indicó.
La JEP manifestó que Cauca es el departamento que presenta el mayor número de asesinatos: 48. Allí se encuentran los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR): Carlos Patiño (Buenos Aires) y Dagoberto Ortiz (Miranda), que están en proceso de ser reubicados. Aproximadamente, 2.500 firmantes del acuerdo llevan su tránsito a la vida civil en esta región del país, en 5 ETCR y 27 Nuevas Áreas de Reincorporación.
“Se requiere mejorar el funcionamiento de los programas en materia de seguridad para que se articulen interinstitucionalmente la instancias. La sección ha insistido en que es un deber de la JEP trabajar por prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. Cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias, pero también se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación”, manifestó la jurisdicción.
A la audiencia de este martes, además de los gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, fueron convocados: el consejero presidencial para la Estabilización, el Ministerio de Defensa, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación.