Este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió una resolución en la que rechaza, en primera instancia, el sometimiento del exgobernador de La Guajira Francisco José ‘Kiko’ Gómez por procesos relacionados con la banda criminal del narcotraficante y exparamilitar Marquitos Figueroa, pero que nada tendrían que ver con el conflicto armado. Así lo consideró la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de ese tribunal, que en un documento explica que durante su carrera política, elegido dos veces alcalde de Barrancas y una vez gobernador de La Guajira, Gómez “se fue aliando con grupos armados al margen de la ley, dentro de ellos con las Autodefensas Unidas de Colombia Bloque Norte, así como con la banda criminal liderada por Marcos de Jesús Figueroa García”.

A través de estas alianzas, dice la JEP que Gómez gestó delitos en medio de un “fenómeno de conflictividades fragmentado que cruzó por varios campos y adoptó diferentes formas dependiendo del escenario en el cual se desarrollara”, pero que no necesariamente guardan relación directa con el conflicto armado en Colombia, pese a la participación de grupos armados ilegales. Kiko Gómez fue condenado en 2017 a 55 años de prisión por su responsabilidad en los asesinatos de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito; su esposo, Henry Ustariz, y su escolta, Wilfredo Fonseca Peñaranda, por lo que permanece detenido en el pabellón Ere-2 de la cárcel La Picota, de Bogotá. Crimen de Luis López Peralta Además, ese mismo año fue condenado a 40 años por los homicidios de Luis López Peralta, exconcejal de barrancas, y de Luis Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, crímenes que de acuerdo con la JEP no guardan relación con el conflicto bélico. De hecho, el asesinato de Luis López Peralta “tuvo un objetivo específico y directo, que no fue otro que el de beneficiar políticamente a Gómez Cerchar, dado que aquel contaba con información privilegiada que lo podía vincular con irregularidades en su ejercicio como burgomaestre del municipio de Barrancas y estaba dispuesto a contarla”, señala la JEP.

“De allí que no pueda decirse que detrás de segar la vida de Luis López Peralta haya existido una alianza parapolítica, o una instrumentalización de las AUC por parte del solicitante”, pues para la fecha del delito Kiko Gómez tenía relación con la banda de Marquitos Figueroa, pero aún no con paramilitares. Homicidios de Mercedes Cabrera y Luis Alejandro Rodríguez En cuanto a los homicidios de Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías, la JEP indicó que tampoco guardan relación con el conflicto, pues, en primer lugar, “para la época (Gómez) no ostentaba ningún cargo público, no actuó como un tercero financiador o colaborador de las Autodefensas Unidas de Colombia, sino con una vinculación a la estructura paramilitar, al punto de que sus miembros acataban sus órdenes y les daban cumplimiento”. De hecho, el tribunal explica que la participación del exgobernador en ese caso “responde a una dinámica que no se limita a los actos de contribución, colaboración o financiamiento a los que se refiere la configuración normativa de la calidad de tercero civil como beneficiario de este componente de justicia (…), sino la de ingresar a un inmueble privado para acabar con la vida de sus moradores”.

Finalmente, la JEP explicó que, al rechazar el sometimiento de Kiko Gómez, tampoco le concederá los beneficios contemplados en la Ley de Amnistía, es decir la 1820 de 2016, que, valga recordar, declara amnistiables los “delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”. El tribunal también le dio a Gómez 20 días para enviar una propuesta de “régimen de condicionalidad” por el delito de concierto para delinquir agravado cuando fue alcalde del municipio de Barrancas, época para la cual al parecer tuvo cercanía con las AUC. En marzo de 2013, años antes de ser condenado por múltiples homicidios, Juan Francisco Gómez fue señalado primero por sus vínculos con bacrim y otros delitos. Nunca antes un mandatario regional había sido objeto de cargos tan graves, por lo que SEMANA investigó a Gómez y publicó el siguiente perfil: Un gobernador de miedo En la cultura guajira no se mata a las mujeres. Eso, al menos, era la tradición. Y por eso el departamento está aterrado con el reciente asesinato de dos mujeres reconocidas en la región: Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, el pueblo en el que queda la mina del Cerrejón, y la Chachi Hernández Sierra, hija de la líder de los wayúu en Maicao, Francisca Sierra, conocida como Mamá Franca. Pero lo más aterrador es que, en ambos casos, se señala como autor intelectual a Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko Gómez, al actual gobernador de La Guajira. A Yandra la asesinaron en agosto pasado en Valledupar. Se acercaron dos motos a su carro, una a cada lado, y le descargaron 20 tiros. A la Chachi la mataron en noviembre cuando salía de su almacén en El Rodadero de Santa Marta. Las dos tenían 48 años y las mamás de ambas habían advertido, cada una por su lado y en denuncias formales ante la Fiscalía, que si su hija era asesinada el responsable era el gobernador. En el funeral de la Chachi, Mamá Franca, una matrona de 76 años, cortó de un tajo los murmullos del velorio de su hija con un grito seco: "El gobernador mató a mi hija". Y la mamá de Yandra, doña Nedda Carrillo Moscote, también lo denunció tras la muerte de su hija, a través de una carta al alto gobierno en Bogotá: “La reciente muerte de mi hija me obliga a reafirmar que este crimen fue autorizado y pagado por Juan Francisco Gómez Cerchar”. El gobernador niega todo. “Yo no tuve negocios ni tuve relación con esa delincuente Chachi Hernández. Si me acusan tienen que demostrarlo. Yo no tengo ninguna investigación formal. Y en el caso de Yandra Brito tuve una investigación y la cerraron. ¿Cómo usted me va a decir que yo participé de eso?”, dijo Gómez. Tal vez el gobernador no sabe que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema armó un equipo especial con siete peritos y está investigando su caso desde hace dos meses. Más allá de si el gobernador es culpable o no la realidad es que hoy en La Guajira están aterrorizados. Es tal el miedo, que un periodista consultado sobre el gobernador solo se atrevió a decir: “La opinión en La Guajira está secuestrada. Al que medio habla lo matan”. Varios paramilitares hablaron sobre él desde la cárcel, pero con la condición de que no se revelara su identidad. Y algunas fuentes en Bogotá, cuando se van a referir a él susurran, a pesar de que ese desierto ‘caliente’ al que le temen está a cientos de kilómetros de distancia. Nadie les saca de la cabeza a muchos guajiros que el hombre que hoy los gobierna es el mismo señalado de dar las órdenes a una tenebrosa banda criminal liderada por Marcos Figueroa, alias Marquitos. Así se lo dijeron a esta revista dirigentes del departamento, personas que lo han conocido de cerca, tanto a él como a Figueroa, en los últimos 20 años, y otros que han estado cerca del accionar de la supuesta bacrim.  Un informe reservado de la Dian, conocido por SEMANA, también lo da como un hecho: “Llama la atención la subida al poder departamental de personajes como Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en la Gobernación –quien es acusado de tener vínculos con el contrabando, el tráfico de gasolina y el narcotráfico–”. Y puntualiza que “Gómez era uno de los jefes del contrabando en La Guajira que fue contactado por el Bloque Norte de las Autodefensas para que compartiera el poder y el negocio”. A eso se suma una investigación que la corporación Arco Iris hizo sobre el terreno (el libro "La frontera caliente entre Colombia y Venezuela"): “A Kiko Gómez se le relaciona con Marcos ‘Marquitos’ Figueroa, brazo armado de narcotraficantes locales con gran control social en La Guajira y norte del Cesar, a través de amenazas individuales, asesinatos selectivos y acciones de ‘limpieza social’”. Consultado por SEMANA, el gobernador dice que a Figueroa sí lo conoce, que es paisano de él y familia de su esposa. “La vida de él es su vida. Y la mía es la mía. Yo no tengo brazos armados. Si yo tuviera brazo armado, a mí el pueblo no me hubiera dado el apoyo que me dio”, explica. ¿Qué tanto de verdad y qué tanto de leyenda hay en esta historia? De ser ciertos los señalamientos, ¿cómo puede ser posible que Kiko Gómez se mantenga en el poder? Los testigos Hay nuevos elementos de juicio que por ahora dejan mal parado al gobernador Kiko Gómez. Uno de ellos es el testimonio de un hombre que participó en el atentado que le hicieron al entonces candidato, en la recta final a la campaña por la Gobernación. Según el testigo, hoy protegido por la Fiscalía, este lo montó gente de la banda del Loco Barrera porque “la organización de Kiko Gómez se había quedado con un cargamento de droga de un sobrino suyo que era el jefe de Los Rastrojos en Cali”, ha dicho el testigo. Desde febrero de 2013 han sido asesinadas tres personas, familiares a su vez de tres de los que fueron detenidos como supuestos autores del atentado. ¿El testigo estará colaborando con la justicia para evitar correr la misma suerte? SEMANA también recogió testimonios de algunos desmovilizados que podrían enredar al hoy gobernador. Uno de ellos, que trabajaba para el grupo del paramilitar Hernán Giraldo, cuenta que el 24 de diciembre de 2004 los habitantes de Guachaca los llamaron porque había pasado una camioneta burbuja a toda velocidad y había atropellado a un niño. Los paramilitares persiguieron el carro. “Nosotros ‘rafaguiamos’ la camioneta. Los escoltas se rindieron. Pero no sabíamos que ahí iba el gobernador de esa época. El tipo se identifica y nos lo llevamos. La orden de Hernán Giraldo era que tenía que pagar, porque por muy gobernador que fuera no podía atropellar a alguien y dejarlo botado. Entonces llegó Kiko Gómez, con orden directa de Jorge 40, para resolver el problema y pidiendo que soltaran al gobernador. Kiko le pasó el teléfono a los que estaban ahí para que viera que era Jorge 40 el que daba la orden”. Otro desmovilizado dio hace muy poco su versión a la Fiscalía en la que aceptó haber participado en abril de 2001 en el asesinato de Wilson Martínez, secretario de Gobierno de Fonseca y periodista, y dijo que la orden había sido de Kiko Gómez. Y otro más, Rosendo León Galeano, alias Marcos, declaró que en 2002, cuando Kiko Gómez era alcalde de Barrancas, le puso una cita en su casa, le preguntó que por qué había asesinado a su prima Magola y le dijo que sacara del grupo al sicario que la había matado, porque si no, él mismo se encargaba de matarlo. Dos fiscales ya curtidos, que conocen los detalles de la investigación que se le sigue al gobernador Juan Francisco Gómez, le dijeron a SEMANA: “Tal vez nunca antes habíamos lidiado con algo tan tenebroso como esto”. ¿Cuál es su historia?  Juan Francisco Gómez Cerchar nació en Barrancas hace 54 años, en una familia liberal que se hizo rica en el sur de La Guajira sembrando arroz y algodón y engordando ganado. Forjaron la fortuna durante el auge del contrabando. “Kiko fue compañero de travesuras de Santa Lopesierra en Maicao”, cuenta una persona que lo conoce. Lopesierra es el famoso hombre Marlboro, que llegó al Senado en 1994, cuando ya era conocido como el zar del contrabando. Fue extraditado en 2003 y en 2007 fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por traficar más de dos toneladas de cocaína. “Yo sí conocí a Santa. Santa es una persona normal. Todo el mundo votó por él aquí. Fue senador. Fue un hombre de bien. Y está pagando una cárcel en Estados Unidos. Normal”, le dijo el gobernador Gómez a esta revista. La historia de Kiko Gómez en la política comenzó cuando se hizo elegir concejal de Barrancas en 1992. Desde entonces, hace ya más de 20 años, se tomó el poder de este municipio que recibía un promedio de 30.000 millones de pesos anuales por las regalías del carbón, y no lo ha soltado. Ha sido dos veces alcalde de Barrancas (de 1995 a 1997, y de 2001 a 2003) y en los intervalos él mismo ha puesto a su sucesor. Eso ocurrió, por ejemplo, con Yandra Brito, a la cual apoyó para que lo sucediera en la Alcaldía en el periodo 2004 a 2007, como en efecto pasó. Antes de ser concejal, en 1991 Kiko Gómez estuvo preso por un allanamiento en el que le encontraron varias armas sin salvoconducto y ocho gramos de cocaína. Solo estuvo dos meses en la cárcel. Y lo curioso es que a un primo suyo, al que capturaron con él, lo dejaron preso. Desde entonces nació un mito en La Guajira: que las denuncias contra Kiko Gómez no son investigadas. SEMANA le preguntó a las cabezas en Bogotá de tres agencias de investigación del Estado y en los tres casos la respuesta fue la misma: no confían en todos sus operadores en La Guajira. En ese departamento recuerdan con nombre propio a los que han tenido la valentía, o la osadía, de enfrentarlo. El primero, el concejal Luis López Peralta, quien en febrero de 1997 dijo que tenía la prueba de que Kiko Gómez había provocado el incendio de la oficina jurídica de la Alcaldía para borrar las irregularidades de su primera administración en Barrancas. López, un folclorista y comerciante reconocido en la región, aspiraba a la Alcaldía para el periodo que comenzaba en 1998. El 27 de febrero de 1997, dos hombres entraron a su oficina en un hotel de la ciudad y lo acribillaron. Ese hecho coincide con la llegada de los paramilitares al sur de La Guajira de la mano de Jorge Gnecco Cerchar, pariente de Kiko Gómez Cerchar. SEMANA encontró en dos expedientes viejos de la Fiscalía otras denuncias que involucrarían al gobernador. Uno, de la Fiscalía 2 de Riohacha, habla de una masacre cometida por los paramilitares el 7 de abril de 1999 en Fonseca, Guajira, y en la denuncia identifican a varios integrantes del grupo que supuestamente era comandado por Marquitos Figueroa y financiado por Kiko Gómez. El otro, en la Fiscalía 16 de anticorrupción, reposa una denuncia también contra Gómez por nexos con paramilitares. Otro que también se atrevió a cuestionar a Kiko Gómez fue Wilson Martínez, secretario de Gobierno y periodista de Fonseca, que denunció cómo utilizaban los recursos del municipio para gastos personales. Según un reporte de la Fiscalía, tras sus denuncias, el 6 de abril de 2001, cuatro personas llegaron a su casa preguntando por él, dispararon contra un hermano y se llevaron a Martínez, a quien luego encontraron muerto en la vía que va de Fonseca a Barrancas. En la investigación, el fiscal 2 especializado de Riohacha se inhibió de abrir investigación contra Figueroa. Tras su segundo periodo en la Alcaldía, que terminó en 2003, Kiko Gómez tiene aún activas tres investigaciones en la Fiscalía por peculado y una por prevaricato. En la lista de los que han osado confrontarlo están también el procurador de Riohacha, Wiston Araújo Ramírez, asesinado en 2006 en Valledupar; un investigador de la Policía que le contó a SEMANA cómo él pedía allanamientos a Kiko Gómez y ningún fiscal local se los firmaba; y un fiscal de Bogotá que recuerda cómo le ha tocado denunciar a varios operadores judiciales de La Guajira que se pasan por la faja los códigos. Hasta Bogotá, al parecer, ha llegado a intimidar. Así le ocurrió a Carlos Fernando Galán, que cuando lo nombraron director de Cambio Radical, en una valerosa decisión, le quitó el aval. El guajiro viajó de inmediato a Bogotá y en medio de la conversación uno de sus asesores le dijo a Galán: “A usted también le puede aparecer hoy mismo una investigación en Riohacha”. Tampoco se escapó León Valencia, quien dio la cara por una ‘lista negra’ de candidatos que la corporación Arco Iris le entregó al gobierno en la que aparecían aspirantes cuestionados por presuntos nexos con grupos ilegales en la que figuraba Kiko Gómez. El Espectador la publicó, y ese mismo día Marcos Figueroa citó a una investigadora de Arco Iris para que se vieran en un hotel y León Valencia recibió tres llamadas amenazantes de La Guajira. Los dos pusieron pies en polvorosa. Cabe anotar que el contendor de Kiko en las elecciones, Bladimiro Cuello, también está en el exilio. La maldición guajira Pero la historia que rebosó la copa del miedo que hoy se siente en La Guajira, y la que más puede enredar al gobernador, es la de los asesinatos de la exalcadesa Yandra Brito y de su esposo Henry Ustaris. Yandra era médica y el entonces alcalde Kiko Gómez la puso como directora del hospital de Barrancas y luego la escogió para ser su sucesora para el periodo 2004-2007. Una vez como alcaldesa, la presión por burocracia y contratos fue tanta que su esposo tuvo que intervenir. “Hubo fricciones entre ellos porque Kiko quería más. Les dijo que él necesitaba plata”, le contó una persona de Barrancas a SEMANA. Hubo amenazas de uno y otro lado. “Yo también tengo como matar”, le dijo Ustaris a Gómez. En abril de 2008, en la carretera que va de Fonseca a Barrancas, como si fuera una película, desde un carro en movimiento que lo venía siguiendo le dispararon con fusiles al vehículo de Ustaris. Murieron tanto él como su escolta. Kiko Gómez fue al funeral a dar las condolencias. Y cuando apareció, Yandra les dijo a sus hijos menores de 7 años: “Miren bien a ese señor para que no se les olvide que fue el quien mandó a matar a su papá”.  Yandra puso una denuncia penal en julio de ese mismo año en la que señaló “como autor intelectual del crimen al señor Juan Francisco Gómez Cerchar”. Hizo la denuncia porque, según escribió, ella y sus dos hermanos venían siendo “amenazados telefónicamente por secuaces al servicio de Gómez Cerchar” ya que estaban investigando los motivos del asesinato. En la denuncia incluyó evidencias de por qué lo acusaba y dio nombres propios de todos los que habían participado en la operación. Le dijo a un investigador que Marcos Figueroa era el que había conseguido los fusiles y que había estado en la casa de Kiko Gómez diez días planeando el asesinato. La investigación no se inició. Ese mismo año, en 2008, dos despachos de la Fiscalía en Riohacha le dictaron dos inhibitorios a Kiko Gómez, uno por la muerte de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, y otra investigación por amenazas. Yandra Brito repitió la denuncia en abril de 2009. Su mamá también denunció, en 2011, abogando por todos sus hijos y pidiendo protección al gobierno nacional. Pero nada valió. Finalmente, a Yandra la mataron el 28 de agosto del año pasado. El gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia.