El exalcalde del municipio de Cerro San Antonio, Magdalena, Luis Rafael Páez había presentado su acta de sometimiento a la JEP el 22 de noviembre de 2018 en calidad de agente del estado no integrante de la fuerza pública para que fuera esta entidad la encargada de llevar su proceso por su presunta participación en el llamado Pacto de Chivolo.

Sin embargo, la JEP aseguró que los argumentos entregados por Páez son insuficientes e insatisfactorios para asumir el caso y por tanto le compete a la justicia ordinaria continuar con el proceso, explicó en un comunicado.

La JEP afirmó que “Páez Zambrano tampoco hizo alusión a hechos o personas, más allá de datos que son de conocimiento público, por lo cual no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional”.

Igualmente, la JEP dijo que los aportes que realizó sobre situaciones en las que no está comprometida su responsabilidad fueron vagos, sin sustento y denotaron una clara ausencia de exhaustividad.

Con esta decisión en firme, el proceso del sindicado quedará en manos del juzgado segundo penal del circuito especializado de Santa Marta, que continuará con las investigaciones de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en beneficio de terceros e interés indebido a la celebración de contratos.

Vale la pena recordar que el Pacto de Chivolo, del cual sería parte Páez, era un acuerdo firmado en el año 2000 entre algunos líderes políticos del Magdalena y el exjefe paramilitar alias Jorge 40.

El acuerdo permitía a los interesados llegar a ocupar cargos públicos en el departamento mientras se les entregaban recursos públicos a los paramilitares a través de supuestos contratos.

A la JEP irá proceso por lavado de activos contra el general (r) Santoyo

El general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005, se hizo millonario, según la Fiscalía, gracias al envío de cocaína a Estados Unidos y a entregar información a grupos paramilitares.

Amasó una fortuna que luego no pudo justificar y que derivó en una investigación por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

Para la Fiscalía es claro que el alto oficial en retiro de la Policía logró acumular más de 6.000 millones de pesos de ganancias obtenidas gracias a su actividad criminal, al servicio de los paramilitares. “Los grados de teniente coronel, coronel y brigadier general, constituyó un patrimonio de 6.193′415.576 pesos que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensas”, dice la Fiscalía.

Ahora y como parte de un “compromiso de colaboración armónica”, la Fiscalía remitió el expediente contra el general Santoyo a la Jurisdicción Especial de Paz para que allí se analice el material probatorio, se defina la responsabilidad y el mismo oficial pueda contar la verdad.

“La Fiscalía General de la Nación remitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que se seguía contra el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos”, señaló el ente acusador.

Hace un año y luego de su regreso al país, tras pagar una condena de 13 años de cárcel en Estados Unidos, el general Santoyo fue notificado de una medida de aseguramiento en su contra por los procesos en Colombia. Fue enviado a una cárcel.

“En la investigación se estableció que Mauricio Santoyo Velasco, entre 1999 y 2009, mientras ostentó los grados de teniente coronel, coronel y brigadier general, constituyó un patrimonio de 6.193′415.576 pesos que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensas”, advirtió el ente acusador.

Todo el expediente, las pruebas y las declaraciones fueron enviadas a la JEP, luego de que esa jurisdicción aceptara el sometimiento del general con el propósito de conocer la verdad de sus actuaciones y quiénes fueron sus cómplices. El oficial no quedó en libertad, quizás el principal objetivo de su sometimiento.

“El 24 de marzo de 2021, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación, en el marco de la Ley 600 de 2000, contra el general en retiro; asimismo, dejó en firme la medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva”, dice la Fiscalía al confirmar el traslado del expediente a la JEP.