En un documento de cuatro páginas, la defensa de Jhonier Leal le pidió a la Procuraduría General que tome cartas en el asunto frente a los sucesos que se han presentado en las recientes audiencias, principalmente en la acusación y en la solicitud de libertad condicional. Para la abogada Ana Julieth Vásquez, se han hecho acusaciones sin fundamento en contra de su defendido y la bancada de la defensa, lo cual representa una vulneración a los derechos procesales.

Cita que el pasado 20 de mayo, el procurador Juan Carlos López Goyeneche aseguró que se estaba presentando una amenaza en contra de los testigos del proceso por el crimen del reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, cuyos cuerpos sin vida aparecieron en la vivienda en el municipio de La Calera (Cundinamarca) en la noche del 21 de noviembre de 2021. Sin embargo, jamás se presentó evidencia sobre estas presiones, ni mucho menos se reveló que Jhonier o su defensa estuvieran detrás de las mismas.

“(...) El documento que se conoció no habla de denuncias, por eso de manera respetuosa solicito se oficie a la oficina de control interno de esta entidad para que evalué si el comportamiento de dicho funcionario se ajusta a derecho, pues los dichos del mismo están ocasionando un graso daño en mi buen nombre y al día de hoy además del documento ya referido que reitero, no habla de ningún tipo de amenazas, no conozco ninguna otra evidencia de tales afirmaciones y de existir solicito se pongan en mi conocimiento”, cita la abogada.

En otro de los apartes de la carta enviada para solicitar vigilancia judicial, la abogada de Jhonier Leal indicó que el fiscal Mario Andrés Burgos se ha dirigido al procesado en términos desobligantes, violando los derechos fundamentales de la dignidad humana, la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia. “De esta misma manera, se ha enfocado en atacarme a mí como defensa en lugar de cumplir con las actividades propias de su cargo, cabe destacar algunas de dichas situaciones”.

La abogada cita incluso la petición hecha por el fiscal para que se le investigara penal y disciplinariamente después que solicitara, por segunda oportunidad, suspender la audiencia en la que iba a pedir la libertad condicional de su cliente.

En otro de los apartes cita que el hecho que el caso sea tan mediático está afectando los derechos procesales de su cliente, puesto que se está buscando una celeridad en la celebración de las audiencias que impide el estudio de fondo de las pruebas.

“En este punto quisiera manifestar mi preocupación sobre los tiempos que se están pactando para las audiencias del proceso, en menos de un mes se realizó audiencia de formulación de acusación y se programó fecha para audiencia preparatoria, situación que, en un proceso de baja visibilidad no sucedería”, reseña.

Frente a estos hechos, considera que se le está dando una “celeridad atípica” al proceso penal en relación con otros casos. Advierte además que para nadie es un misterio las demoras que se presentan en el sistema judicial colombiano y los tiempos que se presentan para resolver un proceso penal.

En la actualidad, Jhonier Leal se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Pese a que en un principio había aceptado su responsabilidad en el crimen de su hermano y madre, poco tiempo después se retractó y manifestó que iba a demostrar su inocencia en el juicio.

La Fiscalía General ya lo acusó por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elementos material probatorio.