A las cinco de la mañana de un domingo cualquiera, un hombre de unos 40 años sale de un conjunto de viviendas en Chía. Está vestido con una sudadera blanca y lleva puesta una gorra que no deja ver su rostro con claridad. Va dispuesto a recorrer 100 kilómetros en bicicleta con el jardinero de la zona, que también hace la rutina ciclística.

Difícilmente alguien podría imaginar que se trata del mismo hombre sobrio que en días laborales está ataviado con un traje de paño oscuro, encorbatado y cuidadosamente peinado. El mismo que se sienta al frente de un escritorio en el que hay papeles con cifras enormes, como las de los 160 billones de pesos de los 131 millones de operaciones de créditos desembolsados por la banca entre el 20 de marzo y el 25 de septiembre para financiar los hogares y empresas que han vivido la peor crisis de los últimos tiempos.

Antes de la pandemia, Jorge Castaño Gutiérrez, el superintendente financiero, era un funcionario más o menos anónimo. Lo era pese a vigilar el musculoso sistema financiero colombiano, que en 2019 cerró el año con activos totales por más de 2.000 billones de pesos.

Por lo menos así, incógnito, se percibía hasta que la coyuntura del coronavirus lo puso en la palestra pública, cuando tuvo que comenzar a dar la cara en televisión, en periódicos, en revistas y en redes sociales. Ha salido a hablar de las demoras de los bancos en bajar las tasas de interés o en aplicar los periodos de gracia con las deudas que los colombianos no podían pagar en la cuarentena.

“El trabajo que le ha tocado a la Superintendencia es muy callado, y así debe ser –le dijo al presidente Iván Duque–. Nosotros no supervisamos por micrófono. Más bien llevamos una labor prudencial y mientras menos se note que está la Superintendencia, mucho mejor”.

Incluso, en su entorno personal se sentía más cómodo cuando sus vecinos y hasta el mismo jardinero con el que sale en bicicleta le hablaban sin mirarlo con extrañeza. Tiene bajo su lupa desde los 13 conglomerados financieros registrados en Colombia, hasta a quienes intentan armar una pirámide para captar dinero de manera fraudulenta.

Lleva 15 años en la entidad y el 22 de mayo de 2017 llegó a ser el primer superintendente financiero que ocupa ese cargo por meritocracia. Realiza su labor de la mano de 1.100 funcionarios.

Su vida profesional solo registra esos tres quinquenios de labores, como si fuera poco. Pero tendrá que interrumpirla durante un año cuando se retire, por la inhabilidad que establece la ley para el superintendente financiero. “Soy una persona joven, no tengo casa política. Solo cuento con las ganas de hacer las cosas bien. En ese año me voy a meter en un congelador, tranquilo”.

Y no es para menos. Está sentado en un cargo que, por lo general, permanece en el ojo del huracán porque tiene que proteger al consumidor. Eso implica enfrentarse con los bancos y demás financistas acerca de las necesidades de los usuarios.

En su paso por la SuperFinanciera ha librado batallas como la de la gran crisis de 2008 o las millonarias estafas de las pirámides. Capoteó el caso de Interbolsa en primera línea, durante los diez meses en los que estuvo encargado, en reemplazo de Gerardo Hernández, que había sido suspendido por la Procuraduría.

Sin embargo, para Castaño no hay coyuntura como la de ahora. “No tiene referente, no hay ninguna recomendación, ninguna consideración, no hay información... todo pasa tan rápido”. Como muestra de ello, cuando miles de ciudadanos se le venían encima, temerosos de no poder pagar sus deudas, activó rápidamente el Programa de Apoyo al Deudor (PAD). Mediante este, entre agosto y septiembre más de un millón de personas lograron redefinir sus créditos por un total superior a los 15 billones de pesos.

Castaño es hijo de un piloto de fumigación que vive en Apartadó (Antioquia). De él aprendió parte de esa disciplina militar que le ha servido en su trabajo y en su vida privada. Casado, tiene un hijo con quien desayuna a diario, sin falta, y a quien antes del coronavirus acompañaba siempre a tomar la ruta escolar.

Cada martes a las siete de la mañana es el profesor Castaño que dicta una clase de finanzas en la Universidad Externado. Hace trabajos en grupos de investigación sobre derecho financiero. En el conjunto residencial donde vive preside el consejo de administración y dirige las asambleas. Todo eso no le impide ponerse los guantes para lavar el carro o dedicar horas a jugar ping-pong con su hijo. “Ni yo mismo sé a qué horas. Para mí descansar no es algo que signifique parar”.

De hecho, en la pandemia se trasnochó un fin de semana porque ayudó a responder personalmente, junto con el equipo de las tres delegaturas de la entidad, las 3.000 llamadas de quejas de consumidores financieros. “Nos repartimos la misión porque no daba espera para enviar cartas. Todo había que solucionarlo rápido”.

El funcionario se considera un técnico alejado de la política. Por eso, quizás, ha participado como superintendente en dos Gobiernos. Lo nombró Juan Manuel Santos tras el concurso de méritos que exigía la OCDE. Y se ha mantenido con Iván Duque, a pesar de que no lo conocía a él ni a su ministro de Hacienda. En 2018, tras un par de reuniones, el Gobierno lo ratificó en el cargo. “Yo le llamo a eso la tercera temporada, porque, si bien es cierto que hay continuidad en el servicio, y que la Superintendencia es muy autónoma, por supuesto que la entidad tiene que alinearse muy bien con los objetivos de un programa de Gobierno que, sin sistema financiero, sería muy difícil cumplir”, dice.

Castaño asegura que no recuerda un solo intento de un presidente o de un ministro por decirle a un superfinanciero lo que tiene que hacer. “Hemos pasado por duras y por maduras, por gobiernos de diferentes partidos, pero han respetado mucho estas instituciones. Son un bien público de Colombia”.

Y es que para un político no resulta atractiva una superintendencia como la Financiera que, según describe Castaño, no maneja contratos para dar empleos, “solo tenemos el personal de nómina”. Y, además, hay que trabajar mucho. “Entonces eso no es atractivo para nadie”.

En el momento álgido de la crisis económica de este año, la Superintendencia tuvo un récord histórico: atender 14 llamados de control político en una misma legislatura para rendir cuentas en el Congreso. Lo llamaban de la Fiscalía, de la Contraloría, del Ministerio de Hacienda, de los medios de comunicación. La entidad respondió 115 peticiones del Legislativo y preparó 76 presentaciones durante la pandemia.

Castaño atesora un sueño que intentará realizar en el año de inhabilidad laboral, cuando termine su paso por la Superfinanciera. Se trata de irse a vivir uno o dos años a Estados Unidos y estudiar filosofía, arte o “cualquier cosa que le ayude a uno a ver el mundo de otra manera”.

Eso sí, la entidad en la que ha permanecido por 15 años nunca saldrá de sus afectos. “Yo voy a seguir siendo esto que soy hoy. Voy a querer hacer respetar siempre a la Superintendencia, donde esté. Definitivamente esto es como el servicio militar, una marca indeleble. Usted es militar hasta el día de la muerte. Lo entierran con el uniforme puesto”.