El Concejo de Bogotá fue una de las entidades más salpicadas en el escándalo que la opinión pública conoce como el ‘carrusel de la contratación’. De los cabildantes elegidos en el 2011, cuatro tuvieron que abandonar el Concejo (Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada y José Juan Rodríguez), mientras otros 12 son objeto de investigación. Pese a ello, las investigaciones de la Fiscalía no se han detenido, y ahora otro número similar de cabildantes estaría comprometido en controvertidos contratos en el sector de la salud. Lo particular es que bajo el escrutinio de los investigadores están la actual presidenta del Concejo y los presidentes de dos de sus comisiones. Semana.com conoció que un nuevo capítulo en el ‘carrusel’ está por abrirse luego de las declaraciones del exgerente del Hospital Meissen Carlos Lizcano, quien ha mencionado a varios concejales dentro de las irregularidades cometidas en ese centro sanitario. Según fuentes de la Fiscalía, el polémico exfuncionario -acusado de criminal por la directora del ICBF, Cristina Plazas, por las muertes causa de la corrupción de esa entidad- ha entregado información valiosa de la manera como los cabildantes lograron beneficiarse de los recursos de la salud. Esto lo ha hecho con el ánimo de obtener un preacuerdo con el que pueda obtener una eventual rebaja de penas, pero no ha tenido éxito aún. Al mismo tiempo la Fiscalía avanza, como lo reveló Semana.com hace pocos días, en un proceso preliminar donde mencionan a presidenta del Concejo, Nelly Patricia Mosquera. A ella se le implicaba en presuntas irregularidades en procesos de contratación en hospitales distritales. Este portal estableció el jueves pasado con fuentes de la Fiscalía que aseguraron que la concejala fue mencionada por los que ellos llaman ‘testigos de excepción’ en el denominado ‘carrusel’. Uno de ellos es el exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano, quien se encuentra tras las rejas. Según él, como lo anticipó Semana.com, Nelly Patricia habría tenido junto a otros concejales participación en el nombramiento de la gerente del hospital de El Tunal. Los fiscales se dieron a la tarea de verificar esta información que aún es motivo de análisis. Sobre ella también se ha referido el abogado Manuel Sánchez, quien terminó señalado de manejar los hilos de millonarios contratos en la capital. La cabildante se ha declarado tranquila sobre el tema ya que sobre ella no existe ninguna investigación. “Lo único que tengo que aclarar es que el proceso de selección de los gerentes de los hospitales del Distrito, del cual se habla en los diferentes medios, fue un proceso meritocrático, acorde con las normas y leyes nacionales”, dijo en un comunicado enviado a este portal hace pocos días. Pero si por la presidencia del Concejo llueve, por las comisiones de Hacienda y Gobierno no escampa. Allí fueron elegidos en las presidencias Julio César Acosta y Jorge Durán Silva. Fuentes de la Fiscalía aseguran que ellos también están en ‘capilla’ dentro de las indagaciones. El ente acusador ha recibido evidencias de un presunto interés indebido en la celebración de contratos del concejal Durán, por supuestamente presionar para que se adjudicaran seis contratos por un monto superior a 1.500 millones de pesos para el suministro de alimentos en el referido hospital. Semana.com habló con Durán Silva, quien señaló que nunca tuvo una amistad con el exgerente Lizcano y que solamente lo saludaba cuando asistía a debates de control político en el cabildo distrital. “Nada que ver con los contratos de Meissen. Que presenten pruebas contra mí. Estoy tranquilo, no le hago mal a nadie, no busco prebendas para mí”, aseguró el concejal. En el caso de Julio César Acosta, la Fiscalía adelanta una investigación que tiene que ver con una presunta adquisición de bienes con dineros no justificados. Semana.com también se comunicó con el cabildante, quien confirmó esa investigación y dijo que está tranquilo porque ha aportado la documentación requerida y ha solicitado que sea archivado ese proceso. Así las cosas, las presidencias del Concejo de Bogotá se encuentran en el foco de varios fiscales.