A Jorge Iván Ospina se le vio cómodo en la ceremonia de posesión en el coliseo de Hockey para su segundo periodo como alcalde de Cali. Sin titubeos, y en sus primeras palabras, planteó dos frentes de batalla para su nuevo gobierno. En primer lugar, le pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, intervenir ante el Ejército para que una parte del batallón Pichincha sea cedido. “Necesitamos esos terrenos para la prolongación de la avenida Circunvalación”. Esa obra forma parte de un paquete de 21 megaproyectos de infraestructura vial que Ospina emprendió entre 2008 y 2011 –en su primer mandato– para sacar a la ciudad de un atraso urbanístico de más de 25 años. De esas iniciativas aún hay al menos siete sin concluir. En este tema, el alcalde le pidió al prestigioso Club Campestre entregar parte de sus terrenos para la prolongación de esta vía.
En segundo lugar, Ospina sugirió, tal como lo hizo Petro en 2018, comprar terrenos a los grandes constructores de Ciudad Jardín y Comuna 22, donde se adelantan edificaciones estrato cinco, para evitar más urbanización en ese sector del sur de Cali. “Voy a pedirle al Concejo que declare esa zona como de utilidad pública”. El principal obstáculo es que recibe la ciudad con una deuda aproximada de 400.000 millones de pesos, por cuenta de obras adelantadas por la anterior administración en infraestructura educativa y vial. No obstante, como as bajo la manga está el pedido de adición presupuestal al Concejo, donde Ospina cuenta con un amplio respaldo por sus alianzas y las movidas políticas tras su triunfo. El alcalde tiene a su favor a los partidos de La U, Liberal, Colombia Humana, Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres y los Verdes, colectividad de la que forma parte. Además, en pleno acto de posesión recibió el respaldo del empresario Roberto Ortiz, quien fue su contendor en las elecciones y con quien tuvo fuertes encontronazos. Hábilmente, una vez terminados los comicios, Ospina le ofreció excusas públicas y Ortiz las aceptó. “Ahora en mí puede encontrar a un aliado”, le dijo.
Con Ortiz, quien se quedó en el Concejo, llegan los partidos Centro Democrático, Conservador y Cambio Radical a las toldas del actual alcalde. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también es cercana a Ospina. Entre 2008 y 2011 fue concejal y aprobó la mayoría de proyectos enviados desde la alcaldía de Jorge Iván. Ospina no es ajeno a la política tradicional. Al contrario, eso quedó en evidencia en su primera alcaldía, por sus alianzas con el exgobenador del Valle Juan Carlos Abadía y el condenado congresista Juan Carlos Martínez. El alcalde también dio representación en esta nueva administración a los partidos políticos que conforman el cabildo con designaciones clave en varias dependencias de su gabinete. Por ejemplo, en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana estará Danis Rentería, quien aspiró a la alcaldía por un movimiento cristiano y el partido Colombia Justa Libres. Con este panorama, Ospina se siente confiado para encarar su segundo periodo y sacar adelante sus ambiciosos proyectos. El alcalde del cemento le apostará ahora a salvaguardar las zonas verdes y trabajará por la seguridad. “Estoy cansado de las muertes y de que Cali sea la cenicienta de Colombia”, dijo. Hoy Cali tiene la tasa más alta de homicidios del país. En la capital del Valle asesinan a 51 personas por cada 100.000 habitantes. Y a pesar del descenso en las cifras, aún las muertes violentas al año superan la barrera de los 1.050 casos.
Sin embargo, Jorge Iván no dejó una directriz clara sobre cómo será su política para disminuir la violencia y el reacomodamiento de las bandas narcotraficantes. Otro de los focos será la lucha contra el cambio climático. En ese punto estuvo enfocado la mayoría de su discurso. Quiere imponer en la ciudad la compra de vehículos eléctricos y quitarle concesiones a la llegada de más automotores “que sean contaminantes”. El primer gran reto para Ospina está con la justicia. En febrero deberá acudir nuevamente a una diligencia judicial por un proceso que cursa en su contra –adelantando por la Fiscalía- por presunta celebración indebida de un contrato de publicidad en 2008. De ser hallado culpable podría afrontar una pena privativa de la libertad y pérdida del cargo.