En medio de una audiencia virtual llevada a cabo este miércoles 7 de julio, la Fiscalía General de la Nación acusó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presuntas irregularidades en un millonario contrato de publicidad que fue suscrito durante su anterior administración.

La Fiscalía acusa al mandatario de los caleños como presunto determinador de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

El contrato de publicidad al que hace referencia el ente acusador se llevó a cabo durante la anterior administración de Ospina y la compañía Vission Digital Comunicación Estratégica y fue por un valor superior a 460 millones de pesos.

Además del alcalde de Cali, en este proceso se encuentran vinculados Pedro Luis Barco Díaz, ex secretario General de la Alcaldía, así como el publicista Guillermo Lombana, representante legal de la empresa Vission Digital Comunicación Estratégica.

Vale destacar que todo apuntaría a que Lombana habría creado la empresa dos días antes de que se firmara el contrato con la Alcaldía de Cali. Así mismo, le habría hecho campaña a Jorge Iván Ospina para que llegara a la Alcaldía en el período comprendido entre 2008 y 2011.

Aunque por el momento no hay fechas fijadas, lo que vendrá en medio del proceso será una audiencia preparatoria donde las partes involucradas podrán presentar sus pruebas y posteriormente se llevará a cabo un juicio oral donde el juez del caso emitirá un fallo final que será llevado en el juzgado 13 penal de circuito de conocimiento de Cali.

Todo eso le ha costado ser el alcalde con la menor aprobación a su gestión (24 por ciento) de las grandes ciudades de Colombia, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA.

A esto se suma un proceso de recolección de firmas para su revocatoria –que avanza a pasos agigantados–, una investigación preliminar de la Procuraduría y un llamado a interrogatorio de la Fiscalía para que explique si hubo omisión durante los 56 días de caos y destrucción en la ciudad en el marco del paro nacional.

Balance de la gestión

La crisis en la alcaldía de Cali, sin embargo, inició mucho antes del estallido social en esa ciudad. El primero de enero de 2020, cuando juró como nuevo alcalde de Cali, decidió declararles la guerra a algunos privados para desarrollar complejos proyectos urbanísticos en el sur de la urbe. Batalló algunos días en ese frente, pero llegó la pandemia y lo obligó a un cambio de planes. Hasta ese momento, su popularidad rondaba el 70 por ciento. Ospina y su discurso populista eran aplaudidos.

Sin embargo, durante el manejo de las medidas restrictivas para contener el avance del virus, su capital político se fue diezmando. La ambigüedad en el discurso y las decisiones finales le pasaron factura. En algunos momentos, prometió la apertura comercial de la ciudad, aunque luego castigaba a los comerciantes con toques de queda prolongados durante los fines de semana. No obstante, el rompimiento de la relación Ospina-ciudadanía, y que ocasionó un desplome sin precedentes en su imagen favorable, fueron los polémicos contratos de la feria virtual y el alumbrado público, que ascendieron a 23.000 millones de pesos.

Al alcalde de Cali le pareció buena idea realizar esos eventos en medio del segundo pico de la pandemia con la mayoría del comercio quebrado por las medidas que él mismo impuso meses atrás. Algunos lo consideraron como una cachetada a los más necesitados. La jugada de pan y circo para el pueblo le salió mal a Ospina, sobre todo cuando en enero un grupo de veedores destaparon más de 167 contratos –incluidos los de la feria virtual– y denunciaron posibles irregularidades en su ejecución.

El abogado Élmer Montaña, que estudió la mayoría de estos contratos, define así la situación: “Donde hemos tocado sale pus”. Su análisis se centra en, al menos, cuatro convenios interadministrativos que Ospina firmó con entidades que presuntamente no tenían capacidad para ejecutar lo estipulado. Cita, por ejemplo, el contrato de alumbrado navideño móvil por 10.000 millones de pesos firmado con Emcali (Empresas Municipales de Cali), que, a su vez, subcontrató con otra compañía el montaje y desfile de caravanas con luces por toda la ciudad entre el 7 de diciembre y el 7 de enero, aunque finalmente este cronograma no se cumplió.

Otro de los contratos denunciados por Montaña y demás veedores ciudadanos se firmó a mediados de noviembre con Corfecali, entidad encargada de realizar la Feria de Cali, por 3.260 millones de pesos para apoyar a la Alcaldía en temas de comunicaciones y publicidad. “En ese contrato lo asombroso es que, en últimas, se convirtió en un cheque en blanco, una especie de caja menor para que el alcalde pudiera disponer de esos recursos como le diera la gana. Es que es aterrador, lo que hemos visto es asombroso: las irregularidades, la falta de planeación, de transparencia, los costos exorbitantes de los productos; el hecho de que no acuden a programas en los que ya están estandarizados los precios, sino que hacen la vuelta de los interadministrativos para que contraten esos artículos con otro tipo de proveedores que los venden a precios mucho más caros.

Hay todo tipo de maniobras malintencionadas para darles visos de legalidad a contratos completamente ilegales, que no son otra cosa sino la vía que han creado ellos para apropiarse de los dineros públicos. Esa es la realidad”, dijo en su momento Montaña.Pero no todo ha sido cuesta arriba para Ospina. Todavía cuenta con algunos aliados en el Concejo, aunque cada día son menos. En septiembre de 2020 logró que el cabildo aprobara el proyecto de acuerdo 025 que le permitió a su administración adquirir un préstamo por 650.000 millones de pesos, lo que deja a la ciudad endeudada hasta 2036. Lo curioso es que casi un año después no hay claridad sobre en qué se invertirá esa millonaria suma.