Después de dos prórrogas de una esperada diligencia, este jueves el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt se presentó ante su juez natural, la Comisión de Acusaciones. Llegó cumplido a la cita y acompañado de su abogado, Abelardo de la Espriella, para entregar un testimonio que el país espera. Allí deberá, de una vez por todas, entregar sus explicaciones sobre el tema que lo ronda desde hace varias semanas y que lo puso contra la pared: la presunta solicitud de 500 millones de pesos que le hizo al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, para acompañar una tutela en ese tribunal que favorecería a esa firma. Pretelt pidió aplazamiento hace pocos días tras considerar que en ese tribunal no tenía garantías. Según el magistrado, la permanencia allí de Juan Pablo Duque como secretario general de esa Comisión y quien trabajó con el fiscal Eduardo Montealegre, lo ponía en desventaja. También recusó a la representante Angélica Lozano, integrante de esa célula legislativa, por considerar que ella, por ser activista de la comunidad LGBTI, estaba impedida para conocer su caso puesto que él votó en contra el fallo relacionado con la adopción por parejas del mismo sexo. El presidente de la Comisión, Julián Bedoya, resolvió el tema. En el caso de la representante Lozano, aseguró que ella no era representante investigadora de este caso y que no ha tenido relación con el mismo. Sobre Duque, el congresista aseguró que, por ser secretario de la Comisión, no tenía funciones jurisdiccionales sino administrativas. Despejado el camino, ahora no hay más excusas para entregar su versión y aclarar el escandaloso episodio sobre la presunta solicitud del dinero. Pretelt, quizá, va con algo de ganancia a esta indagatoria porque su acusador, el abogado Pacheco, dijo en una declaración ante la Comisión que él no tenía pruebas para sustentar su dicho. Así se desprende de una declaración revelada por Semana.com. En ese testimonio el jurista indicó que todo cuanto le reveló al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza sobre Pretelt y la presunta solicitud de dinero fue de manera informal y que sobre el tema no tenía pruebas. Esa charla es la que quedó consignada en una grabación y que ha servido de prueba para que la Fiscalía investigue a los protagonistas de esta historia. El abogado dijo que luego de haberle confesado a Mendoza el tema en Barranquilla, este le pidió que viajara a Bogotá para que les contara a otros magistrados sobre el episodio con Pretelt. Pacheco dijo que viajó a Bogotá y conversó con el magistrado Luis Ernesto Vargas de manera informal sobre el tema y que le resaltó no tener pruebas para comprobar su dicho. “Oh sorpresa que me llevé cuando el doctor Vargas grabó esa conversación, que a mi parecer constituye el recaudo de una prueba perfectamente ilegal y nula en pleno derecho”, dijo Pacheco. Dijo que tras esa conversación concretó una cita con el magistrado Mauricio González en Cartagena, a quien también le narró la historia de lo sucedido con Pretelt. A él también -según dijo- le ratificó que no tenía pruebas. “González me dijo: ‘¿Tú estarías en condición de decir esto, lo que me acabas de decir, de frente a Pretelt de manera informal?’ Le respondí que sí pero que no tenía pruebas. Él me dijo ‘tranquilo, yo me encargo de amainar los ímpetus de Jorge Pretelt’”. Pacheco aseguró en este testimonio que él no actuaba como denunciante y que no podría hacerlo por la “sencilla razón” de no tener elementos contundentes para hacerlo, con lo que podría caer en una denuncia temeraria. (Vea la declaración completa) Aun así, Pretelt deberá exigirse a fondo para demostrar su inocencia en un caso que lo ha puesto en la picota y que llevó a que el alto gobierno y sus compañeros de la Corte le pidieran la renuncia. Él sacó las espuelas y comenzó a encender un ventilador cuyos aires tocaron a algunos magistrados que han tenido conductas, según él, poco transparentes. Eso lo blindó por ahora, a tal punto que sus compañeros ya no lo atacan como en un principio. Al mismo tiempo, Pretelt presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas de protección y una vigilancia especial al debido proceso.