El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció en este jueves, 29 de marzo, nuevas medidas en el polémico proceso de la licitación de los pasaportes, un tema que sigue levantando espina en el país y ha dejado varios tropiezos en los últimos dos años.
La cartera aseguró que, tras varios análisis jurídicos, se revocaron las resoluciones expedidas por el anterior secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, que fueron emitidas “por fuera de todo marco legal”. Comentaron que la decisión se dio en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales en la función administrativa.
Además de ello, afirmaron que la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investiguen los delitos asociados a la expedición de actos administrativos.
Frente a esto, José Antonio Salazar les salió al paso a las declaraciones de la Cancillería. En sus redes sociales, el ex secretario general de la entidad fue enfático al decir: “La falsa denuncia es un delito”. Además, señaló al canciller encargado de mentir.
“El canciller encargado miente y burla la ley para atender los caprichos de su jefe. Nunca he estructurado o evaluado una licitación pública. Un comité técnico evalúa y recomienda adjudicar. El ministro ignora las normas de la contratación pública”, escribió.
Salazar, al ser contactado por SEMANA este viernes, también fue claro al asegurar que varios funcionarios han salido del Gobierno en medio de este proceso, según él, porque no han estado de acuerdo con la postura del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la licitación de los pasaportes.
“En qué quedan las instituciones”, manifestó el exsecretario de la Cancillería, quien explicó que a Martha Lucía Zamora, que era la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, la sacaron porque recomendó conciliar y adjudicar el contrato.
“El exconsejero de Estado Gustavo Gómez Aranguren fue desnombrado porque dijo que acudiría a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para proceder de conformidad, y ahora un funcionario encargado de menor rango, que colaboró con la posición de Martha Lucía Zamora, emite una opinión contraria”, dijo.
No es la primera vez que Salazar arremete contra el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. El pasado 28 de febrero le respondió al funcionario, luego de que este dijera que no tenía las facultades para tomar la decisión de adjudicar el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons.
“El ministro encargado Luis Gilberto Murillo no es abogado, es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución nacional, el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, indicó.
Y continuó su fuerte señalamiento: “El doctor Luis Gilberto Murillo –nunca he querido acudir a esto– fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial. Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de minas”.
Salazar ratificó que tenía la potestad de adjudicar el contrato de pasaportes. Explicó que desde el principio, Álvaro Leyva le entregó la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El ministro Leyva reasumió parte de esa función que me había delegado. Al reasumirlo, prosiguió a declarar desierta la licitación y declarar la urgencia manifiesta”, explicó Salazar.
Murillo, posteriormente, le otorgó las funciones de representación legal a Salazar, las cuales, según cuenta, le dieron la potestad para adjudicar el contrato: “No solo las restableció, las aumentó”.
Incluso, contrario a lo que dijo el ministro en su declaración, Salazar aseguró que en ningún momento fue notificado sobre su salida.