José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), fue uno de los blancos del Ejército a la hora de ejecutar el programa de seguimiento informático que SEMANA denunció este viernes.“La organización defensora de derechos humanos criticó en febrero el nombramiento del señor M. G. Martínez. Señalando que era el segundo al mando de la décima brigada y durante estos años hubo investigaciones por 23 asesinatos ilegales”, dice uno de los apartes del documento. El fragmento reposa en las carpetas que miembros de la institución castrense armaron sobre sus 130 víctimas. Entre ellos, periodistas, políticos, generales, oenegés y sindicalistas.De acuerdo con el informe, por medio de herramientas informáticas y de software, se realizaron búsquedas y se recolectó masiva e indiscriminadamente información posible de los objetivos señalados para elaborar informes de inteligencia militar.
“Las graves denuncias de que el Ejército realiza interceptaciones ilegales y produce inteligencia sobre periodistas, jueces y abogados de derechos humanos se repiten año tras año en Colombia. La pregunta es cuándo las autoridades van a tomar medidas serias para frenar estos abusos y someter a los responsables a la justicia. Hay enormes riesgos de que estas prácticas que violan el derecho a la privacidad y atentan contra el sistema democrático terminen por normalizarse en el país”, dijo Vivanco a SEMANA.
Hace tres meses, el director de HRW estuvo en el país indagando sobre las nuevas ‘chuzadas‘ a magistrados, opositores y periodistas que hizo el SEMANA. Se reunió con la Comisión de Paz, donde recogió denuncias sobre las nuevas interceptaciones ilegales, consideró este escándalo como "de la mayor gravedad" y abogó por una investigación efectiva sobre este asunto. "No es posible que funcionarios públicos estén mal utilizando recursos que están destinados contra la delincuencia y los usen para recoger información privada de la oposición, periodistas y personas que tienen gravitación en el debate público", manifestó en ese momento.
José Miguel Vivanco se ha convertido en uno de los protagonistas del país en los últimos años. Su trabajo como líder de esta organización ha generado enormes controversias y lo ha puesto en el centro de los principales debates del conflicto, la paz y los derechos humanos en Colombia. En parte, porque se trata del principal veedor de los programas de ascenso de militares. Especialmente, de los que tienen procesos abiertos o han sido denunciados en el marco de los mal llamados falsos positivos. De ahí que en la documentación recolectada por inteligencia se hayan recuperado las críticas que hizo durante el grado de ascenso a general de Nicacio Martínez. Y es que antes de que se llevara a cabo el evento en el Congreso, HRW hizo público un informe en el que 9 generales que hacen parte de la cúpula militar nombrada por el presidente Duque aparecieron vinculados a varios de estos procesos. En cuanto a Martínez, como destaca el fragmento, la organización de derechos humanos puso la lupa en 23 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2006, cuando él era el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en el Caribe, tal como se menciona en los dossier creados por los uniformados que venían haciendo los seguimientos. Especialmente, HRW mencionó un documento firmado por Martínez en el que se aprobaba el pago de un millón de pesos a supuestos informantes que aportaron para desarrollar dos operativos. En uno de esos, murieron dos personas que fueron reportadas como NN. Años después, la justicia colombiana sentenció que esos hechos correspondieron a falsos positivos. Que los muertos eran dos indígenas, una de ellas una niña de 13 años, que fueron reportados como guerrilleros.Pero eso no es todo. No hace más de un año que Vivanco cuestionó a la comisión que delegó el presidente Iván Duque para que se encargara de investigar las denuncias sobre el regreso de los falsos positivos en Colombia: "El informe SÓLO evalúa 2 de los muchos documentos que se han dado a conocer públicamente sobre las nuevas políticas militares. No da a conocer NINGÚN documento nuevo", dijo.Pese a las ampollas que ha levantado en ese sector, sus investigaciones cobijan todo el espectro. Hace cuatro meses precisamente, cuando se conocieron los nuevos casos de espionaje, divulgó un informe en el que relata cómo “Los guerrilleros son la policía” en la frontera de Arauca con Venezuela.
Estas pruebas que evidencian cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático, sin duda desatarán una gran polémica dentro y fuera de Colombia, entre otras razones porque algunas de las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera. Parte de esos recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses. Eso fue lo que ocurrió con Nick Casey, corresponsal del diario The New York Times, que publicó un artículo en el que contó la existencia de unos formatos que los comandantes militares debían llenar para proyectar el número de bajas, entre otras variables. Esos documentos generaron gran polémica porque se prestaban para que los interpretaran como el regreso de los llamados falsos positivos.“A los norteamericanos no les va a gustar que parte de su propia plata -de los contribuyentes, como dicen ellos- se haya desviado de los fines legítimos para la que la entregaron, la lucha contra terrorismo y narcotráfico, y terminara usada para escarbar la vida de periodistas de importantes medios de su propio país. Eso va a ser un lío”, le dijo a SEMANA uno de los uniformados que realizó estos trabajos y que pidió proteger su identidad. Y no está equivocado.
“Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia. El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos nunca debe servir para actividades ilegales, mucho menos para violar derechos de ciudadanos norteamericanos. Si estas denuncias son correctas, sería una grave violación a la confianza (de Estados Unidos), y aquellos involucrados deben ser castigados”, aseguró a SEMANA el senador demócrata Patrick Leahy, uno de los más influyentes y vicepresidente del comité de apropiaciones del Senado de Estados Unidos.Frente a este tema, precisamente Vivanco aseguró hace unos meses que adelantaría "todas las investigaciones en Washington para determinar si esos equipos pertenecen o no a donaciones de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico". Horas después, en entrevista con María Jimena Duzán, reiteró que "desde el punto de vista Washington lo que importa determinar es si se han violado los acuerdos en función de los cuales estos equipos han sido facilitados por Estados Unidos con control del Congreso". Y agregó: "Ojo. Estos equipos no se prestan así no más. No son las agencias de inteligencia que arriendan. No. Aquí hay todo un régimen jurídico donde el Congreso de los Estados Unidos, y vamos a recurrir a él, tiene la obligación de ser informados los términos y condiciones. Si estos equipos se han facilitado y el Ejército los está utilizando para amedrentar y conseguir información privada de políticos, periodistas o defensores de las sociedad civil, es un hecho de la mayor gravedad. Vamos a impulsar esto allá, para intentar arrojar luces respecto a este escándalo. Ahora, no me sorprende. Esto es corriente en Colombia. En parte, el problema es la falta de justicia".
No es la primera vez que en la historia reciente del país se denuncia este tipo de hechos. En enero SEMANA publicó, con el título ‘Chuzadas sin cuartel’, parte de las irregularidades que ocurrieron en algunos batallones de ciberinteligencia (Bacib), que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). El excomandante del Ejército Nicacio Martínez le salió el paso a la situación y se refirió a la investigación en la cual estaría involucrado. Aseguró que su salida de la institución obedeció “a una decisión personal, por razones netamente familiares” y no por estas polémicas actuaciones. Ahora, sin embargo, el país conoce más evidencia de las movidas de los hombres que tuvo a su mando.