María Jimena Duzán: Usted ha sido muy crítico con que el tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que se crea podría abrir una ventana a la impunidad y también ha sido crítico de la ley de amnistía. ¿Cuáles son sus perspectivas en torno a la JEP? José Miguel Vivanco: La JEP es un mecanismo supremamente débil y que cuenta con fuertes y serias ambigüedades. Quizás la crítica más fuerte es que los criminales de guerra confesos no van a ser sancionados con privación de la libertad. La JEP está lejos de ser un modelo a seguir; sin embargo, ha sido objeto de un gran debate: en el plebiscito, al interior del Congreso, y gran parte de la estructura de esta instancia ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional. Yo creo que hay que entender que la JEP vino para quedarse, es una realidad nos guste o no; es un hecho de la causa. Lo que hay que hacer, dentro de los márgenes que aún existen, es fortalecerla. La Corte pudo el año pasado pronunciarse sobre el concepto de responsabilidad de mando, pero se lavó las manos. Es un hecho que genera no solo nuestra crítica, sino también del Departamento de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de forma muy sustentada de la Corte Penal Internacional. M.J.D: Cuando se firmó el acuerdo de paz de Cartagena, el Gobierno redactó una definición de responsabilidad de mando tal como está en el artículo 28 del Estatuto de Roma; sin embargo, por un reclamo de los militares se cambió la redacción. Según Yesid Reyes, esa nueva redacción tiene concordancia con lo que dice el Estatuto de Roma. ¿Usted qué piensa? J.M.V: El concepto de responsabilidad de mando tiene como objetivo facilitar a la justicia que aquellos que están en posición jerárquica de decisión, comandantes de las Farc o del Ejército colombiano, puedan responder por los delitos cometidos por sus subalternos. Con la nueva redacción el principio queda modificado y queda un estándar para las Farc y otro para los militares, gracias a las presiones de los militares retirados y los comandantes en ejercicio. Lo que buscan, y logran con éxito, es que sea más fácil que los generales puedan eludir sus responsabilidades por los hechos cometidos por sus subalternos; específicamente en el tema de los ‘falsos positivos’. Esto es una incongruencia con los estándares internacionales en la materia. Incluso, la fiscal de la Corte Penal Internacional critica esta versión criolla. Hay algo curioso en Colombia: hay un número impresionante de oficiales y suboficiales de mediano nivel que han respondido ante la justicia por los ‘falsos positivos’, pero ninguno de los comandantes que han ascendido han sido debidamente sancionados. Esto de los ‘falsos positivos’ no es ningún cuento, es un hecho real de violación de derechos humanos. Puede leer: La respuesta del uribismo a José Miguel Vivanco M.J.D: Cuando se iba a hacer el curso de ascenso de varios militares, ustedes hicieron una carta en la que alertaron sobre cinco de ellos que estaban presuntamente involucrados en ‘falsos positivos’… J.M.V: Es lamentable, porque aquí lo que se trata es de colaborar con las instancias judiciales y para las nuevas generaciones. Hay que purgar a las Fuerzas Militares de aquellos oficiales que tienen investigaciones abiertas y que cumplieron funciones en las brigadas donde se cometieron estos hechos delictivos y que siguen ascendiendo en sus carreras hasta llegar al cuerpo de generales. Es preocupante. Creo que las Fuerzas Militares cuentan con un mando, que están conscientes de este asunto y espero que en las próximas promociones no incluyan oficiales que tienen investigaciones pendientes ante la Fiscalía por estos hechos. "Esto de los ‘falsos positivos’ no es ningún cuento, es un hecho real de violación de derechos humanos". M.J.D: Ya van varios coroneles que están vinculados en investigaciones o condenas por ‘falsos positivos’ que ya están saliendo y se encuentran en cola para la JEP. ¿Cómo van a hacer la veeduría de esos procesos? J.M.V: La veeduría la haremos y no solo frente a los ‘falsos positivos’, sino también a los máximos responsables de las Farc. Lo que habrá que establecer frente a los casos de ‘falsos positivos’ es si están vinculados al conflicto armado o no. Me imagino que se analizará caso a caso; yo creo en la justicia ordinaria porque tiene dientes y las condiciones. La prueba de ello es que hay más de 1.200 soldados y oficiales cumpliendo condena, pero aún falta voluntad política.
M.J.D: Si se mantiene la definición de responsabilidad de mando que usted sostiene que es criolla, ¿qué posibilidad habría de que la CPI pudiera intervenir tiempo después? J.M.V: Indudablemente si esa definición se mantiene y no se aplica un ajuste para aplicar un mismo estándar a las Farc y al Ejército, en concordancia con el Estatuto de Roma, yo sí creo que este procedimiento está expuesto a que sea examinado por el CPI. M.J.D: Frente al ELN ustedes han manifestado que han aumentado las minas antipersonas y que eso también responde a un Estado que se está deteriorando en algunos sectores… J.M.V: Lo que hemos visto es que el ELN sigue actuando en violación flagrante de los principios del derecho internacional humanitario. Con el confinamiento forzado de comunidades afro e indígenas; reclutamiento de menores, abusos sexuales y demás. "Nosotros no estamos en contra de que Colombia entre a ese club, queremos que entre, pero que este ingreso sirva para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades indígenas". M.J.D: En uno de sus últimos informes, le piden a la OCDE revisar la entrada de Colombia porque el Gobierno no ha respondido correctamente en el tema de La Guajira. ¿En qué consiste esa petición? J.M.V: La OCDE es un club de los países más desarrollados del mundo; es muy exclusivo, en América Latina solo son miembros México y Chile. Para eso deben cumplir una serie de estándares, no solo macroeconómico, sino también en el manejo de la inflación y en mostrar unas políticas sustentables para apoyar grupos vulnerables, las familias y los niños. Lo que debe ser objeto de evaluación es si el trato que se le da al grupo más numeroso de indígenas, que son los Wayúu, es el propio de un país que aspira entrar a ese club. Si tu miras hay dificultades que vive esa población, cerca de 300.000 personas, con el acceso a agua, alimentos y a medicinas, y que el promedio de las cifras demuestra que un niño menor de cinco años muere a la semana por falta de estos insumos. Colombia tiene los recursos de sobra para enfrentar esta situación, debe presentar un plan de acción concreto con resultados verificables. Nosotros no estamos en contra de que Colombia entre a ese club, queremos que entre, pero que este ingreso sirva para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades indígenas. Escucha"Entrevista al director para las Américas de la ONG Human Rights Watch Jose Miguél Vivanco" en Spreaker. M.J.D: Otro tema tiene que ver con el drama que vive Venezuela. ¿Qué está pasando con el deterioro en los derechos humanos de Venezuela? J.M.V: En Venezuela hay una dictadura, es un régimen cívico militar que controla el poder. Es un gobierno que establece quien va a prisión y en qué condiciones, dependiendo de las necesidades del régimen; hay censura a los medios; hay un control de las acciones de la oposición y la aspiración del tirano de (Nicolás) Maduro es conseguir reelegirse por otros seis años. La única solución es sancionar a los funcionarios tanto civiles, como militares, como judiciales, como ya lo han hecho la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Le recomendamos: "La Ocde debería pedirle cuentas al Gobierno sobre el drama de La Guajira": Vivanco M.J.D: Usted envió a la Canciller (María Ángela Holguín) una carta sobre la situación de 59 colombianos presos en Caracas, quienes fueron apresados por supuestamente ser paramilitares… J.M.V: En Venezuela no hay justicia, es un apéndice del Ejecutivo. Son unos burócratas que en los fallos de la Corte Suprema no reconocen la división de poderes y que su único objetivo es profundizar el socialismo bolivariano. En esas circunstancias mantienen 59 colombianos presos sin debido proceso y sin ningún respeto a las garantías básicas. Aunque en noviembre un juez se atrevió, algo milagroso, a conceder la libertad a estos ciudadanos, eso no se ha cumplido. Esta situación dramática justifica una campaña de Colombia sobre sus ciudadanos secuestrados sin fórmulas de juicio en Venezuela.
M.J.D: ¿Cuál puede ser el legado de Juan Manuel Santos en materia de derechos humanos? J.M.V: Nosotros hemos sido críticos del récord del Gobierno de Santos, pero también lo fuimos de los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe. Sin embargo, pese a las críticas, en un examen equilibrado y justo podemos decir que el balance es positivo en materia de derechos humanos, a pesar de todos los vacíos de poder en las zonas donde antes se encontraban las Farc, como el pacífico o el Guaviare. El presidente Santos deja un país en materia de derechos humanos en un récord mucho más positivo que el que recibió hace ocho años. Vale simplemente mirar cómo han bajado las cifras gracias al acuerdo de paz. Estamos lejos de tener un récord impecable, pero hemos dado grandes avances en la calidad de los derechos humanos en el país. M.J.D: Uno de los puntos en los que ustedes han sido muy críticos es la dicotomía que se crea en la que las Farc pueden participar en política sin haber pasado con la JEP… J.M.V: ¿En qué parte del mundo las personas que están cumpliendo sentencia por crímenes de guerra pueden ejercer plenamente sus derechos políticos? Con esto se presenta un problema de credibilidad, porque uno debe mirar cómo puede conciliar unas sanciones restaurativas con el cumplimiento de funciones políticas. Es evidente que son tareas incompatibles. En esto falló la Corte Constitucional le sacó el cuerpo a la jeringa; lo que decidió fue que este tema sería determinación del juez del caso. Estas son de las materias que, si no son corregidas a tiempo, afectarán la credibilidad de esta instancia, la única que tenemos. Encuentre todos los capítulos de Semana en Vivo aquí