El 16 de abril de 2017, César Tulio Gil Arroyo fue judicializado por el juzgado promiscuo municipal de Palmitos, Sucre. En aquel entonces, el joven fue imputado por el delito de hurto calificado y agravado luego de participar en el robo de un bolso y un celular, que se cometió en Sincelejo. En efecto, se declaró culpable y la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento preventivo en su lugar de residencia, es decir, casa por cárcel porque no tenía antecedentes judiciales.

Sin embargo, siete meses después, una juez de segunda instancia ordenó su libertad inmediata alegando, entre otras cosas, su buen comportamiento ante la medida preventiva. No obstante, la decisión no se le fue notificada y el detenido siguió preso en su propia casa.

En conversación con SEMANA, el abogado del joven, Aníbal Garay, explicó que se enteraron de lo sucedido porque recientemente inició un proceso para pedir su liberación y se llevaron una sorpresa.

“Se solicitó ante el Centro de Servicios Judicial la audiencia de liberad por vencimiento de términos porque pensábamos, en nuestro creer, que aún estaba privado de la libertad. Pero nos enteramos de que existía un acta en donde hubo una apelación por parte del ministerio público y en segunda instancia revocaron la decisión y ordenaron la libertad inmediata”, dijo Garay.

Ese oficio, que referencia el apoderado, fue proferido en el 2017, pero ningún funcionario procedió a efectuarlo. El joven, de 24 años, aseguró que todo el tiempo que estuvo detenido le ha ocasionado afectaciones en su integridad.

“Voy a denunciar al Inpec, ya que no podía salir ni trabajar. Se dañó mi vida. Señor director, revise los procedimientos”, manifestó César Tulio Gil. Incluso, hace cinco días aún aparecía en el sistema de la población carcelaria.

El abogado le dijo a SEMANA que este miércoles, 16 de noviembre, dará inicio con los respectivos protocolos para instaurar la demanda de reparación directa por falla en el servicio. Puntualizó que específicamente responsabilizará al guardia del Inpec, Jhonny Shadith, por lo acontecido.

Ana del Castillo

SEMANA tuvo acceso al reporte de ingresos y salidas de visitantes ocasionales que estuvieron en la cárcel La Picota el pasado 21 de septiembre cuando se llevó a cabo, en el pabellón de extraditables, una parranda que se desbordó en ríos de licor y droga.

En el registro obtenido por SEMANA del Complejo Carcelario y Penitenciario Bogotá (Regional Central) se observa que Ana Castillo Jiménez, más conocida como Ana del Castillo, ingresó autorizada por la dirección de la cárcel el 21 de septiembre a las 9:13 a. m. y salió el 26 de septiembre a las 7:20.

Es decir que la cantante habría permanecido durante cinco días al interior del establecimiento carcelario. La pregunta es: ¿en dónde estuvo?

Lo que más llama la atención de los investigadores es que el Mono Zabaleta, el acordeonero Daniel Maestre, el manager Fabio Quiroz y el cantante Churo Díaz salieron el mismo 21 de septiembre luego de la fiesta y así aparece en los registros.

Cuando los investigadores le preguntaron a Ana del Castillo por qué en el registro de visitas aparecía su salida cinco días después de la fiesta, la artista dijo que seguramente hubo una falla en el sistema.

Sin embargo, fuentes consultadas por SEMANA descartan esa afirmación, pues el sistema de registro computarizado utilizado en La Picota llamado Visitor es infalible.

“Visitor es el sistema que registra todas las entradas y salidas de las personas ajenas a la cárcel. Pueden ser familiares, abogados, notificadores. Todos tienen que pasar por ese sistema, en el cual quedan registrados sus datos personales y además hay un registro biométrico y fotográfico en el que indica la hora de entrada y salida de la cárcel. Es imposible que falle”, le dijo una fuente a Semana.

Gadir Gómez, manager de la artista, le dijo a SEMANA que Ana del Castillo salió como todos los otros músicos y cantantes el 21 de septiembre y que incluso realizó algunas presentaciones públicas en tarima los días posteriores.