Este viernes la Fiscalía General hará un nuevo intento por acusar al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, por su presunta participación y conocimiento en el escándalo conocido como el Cartel de la Toga, que permeó la Rama Judicial.
El exmandatario departamental, quien no pudo finalizar su período por incurrir en actos de corrupción en la celebración de contratos, deberá responder esta vez por presuntamente haberle pagado en 2014 una suma cercana a los 400 millones de pesos al poderoso expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte Gómez, para que lo ayudara a que el proceso que se adelantaba en su contra en el alto tribunal no avanzara.
El exfiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, considerado el testigo clave dentro de esta investigación, manifestó que fue contactado por el propio Abadía par que lo asesorara judicialmente en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.
En esas charlas de abogado y cliente, Moreno Rivera le manifestó que él tenía los contactos dentro del alto tribunal para que el caso se estancara y, si era posible, se archivara definitivamente. Sin embargo, para esto, tenía que pasarle una alta suma de dinero.
Por el momento, se ha podido establecer que el exgobernador del Valle pagó para que las investigaciones que adelantaba la Fiscalía en su contra fueran archivadas o retardadas. Igualmente, buscó por todas las formas que no se le formulara imputación ni se pidiera medida de aseguramiento en una de estas, en la que se acordó con un fiscal delegado ante la Corte que se dilataría el avance de la actuación y, a cambio, se le garantizaría al funcionario la continuidad en el cargo.
En el citado proceso, Abadía Campo también fue representado por el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos, quien en la actualidad tiene una orden de captura por estos hechos de corrupción.
Por estos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer. En la audiencia de imputación de cargos, celebrada el pasado 16 de junio, el exmandatario se declaró inocente.
La condena contra Abadía
El pasado jueves, SEMANA confirmó que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Primera Instancia, condenará al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, por hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñó en el cargo.
La Corte encontró a Abadía culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por las irregularidades en un convenio de cooperación de enero de 2010 para la compra y distribución de textos escolares en 40 bibliotecas de 10 municipios del departamento.
El convenio fue suscrito por 1.076 millones de pesos con la Fundación Calimio, la cual, según la Fiscalía, no tenía experiencia para ejecutarlo. Prueba de ello es que el mismo convenio pasó por otras dos fundaciones. Al final del ejercicio, los investigadores descubrieron que quien dotó las bibliotecas sólo invirtió 182 millones de pesos. Es decir, hubo un presunto detrimento por 890 millones de pesos.
“Cuando en la investigación que hizo la propia Contraloría General, no halló detrimento alguno y consideró viable la celebración del contrato con la Fundación Calimio. Además, todos los libros se compraron a precios oficiales a través del SICE”, aseguró Abadía en 2017 tras la imputación de cargos.
Por estos mismos hechos, ya habían sido condenados Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, secretario de Educación de Abadía y tres particulares.
La audiencia en la que se le iba a dar lectura al fallo condenatorio contra Abadía estaba programada para este miércoles a las 2 de la tarde; sin embargo, SEMANA conoció que la diligencia tuvo que ser aplazada porque el exgobernador manifestó tener afecciones cardiacas y aún se desconoce la fecha en la que será reprogramada.