En medio de la tormenta política que desató la decisión de la procuradora Margarita Cabello sobre la suspensión temporal del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el exsenador Juan Manuel Galán propuso eliminar la Procuraduría y asignar sus funciones a otras entidades de control.

“¿Por qué la Procuraduría debe acabarse? Primero porque es una institución históricamente propia de las monarquías y no de las democracias”, comentó Galán.

Otra de las razones por la que considera que debería dejar de existir esa institución es que, según el líder del Nuevo Liberalismo, se ha convertido en un “fortín clientelista de senadores y magistrados”.

Asegura que su papel podría quedar en manos de la Fiscalía o de la Defensoría. “Sus funciones pueden ser reasignadas a la Defensoría y a la Fiscalía”, dice.

Galán expone otros de sus argumentos al mencionar que hay una profunda cercanía con el Ejecutivo y eso puede afectar el equilibrio de poderes en el Estado. “Hoy en medio de la más profunda crisis de confianza institucional, es un organismo de bolsillo del presidente que la convirtió en instrumento político de persecución”, comentó.

Asimismo, señala que se puede presentar que en algunos casos se imparta justicia a contradictores políticos y no se tenga la misma objetividad en todas las investigaciones. “Aplica un doble rasero persiguiendo opositores por participar en política mientras en el Gobierno hacen impunemente política con los recursos públicos”, señaló el excandidato presidencial.

Además, resalta el alto gasto que tiene la entidad, ya que costaría alrededor de los dos billones de pesos. “Si a eso le sumamos lo que nos cuestan las contralorías regionales (500.000 millones) son 2,5 billones que pueden invertirse en una fiscalía especial anticorrupción con equipos de fiscales especializados (grupos de 15 fiscales), policía judicial, tecnología y jueces dedicados”, puntualizó.

El exsenador menciona que estos funcionarios se podrían dedicar exclusivamente a judicializar grandes redes de corrupción, como lo que sucedió con el caso de Centros Poblados, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) o algunos clanes políticos regionales.

“Es apenas justo reconocer que muchos funcionarios en la Procuraduría son idóneos e íntegros y pueden ser reasignados a la Defensoría y Fiscalía”, afirmó Galán.

Aprovechó para lanzar una cuña a su candidato en medio de la campaña. “La transformación institucional de los organismos de control es apenas un componente de la impostergable reforma a la justicia en el marco de un gran acuerdo nacional, asumido como propósito de país. ¿Y adivinen quién es el presidente capaz de lograr ese acuerdo? Sergio Fajardo”, comentó Galán.

A pesar de que Galán resalta al candidato de la Centro Esperanza, Gustavo Petro también había hablado de esa propuesta en abril, hace apenas un mes. El líder del Pacto Histórico, que ha tenido profundas diferencias con la Procuraduría desde hace tiempo, propuso integrar esta institución a la Fiscalía, algo parecido a lo que plantea Galán.

“Propongo que la Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran fiscalía anticorrupción”, aseguró Petro el 10 de abril.

En su plan de gobierno, Petro detalla que haría una gran reforma a los entes de control, la cual pasaría por ajustar la Procuraduría y la Contraloría, buscando que se respete el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, contemplado en la Constitución. “Deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”, dice Petro en su programa.

La propuesta surge luego de la decisión del Ministerio Público de suspender provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política, precisamente por favorecer a Petro.

Uno de los grandes críticos de la decisión y defensores del mandatario paisa fue el líder del Pacto Histórico, quien no ahorró calificativos contra la procuradora Cabello tras la notificación.

Petro alega que se estaría incumpliendo el fallo de la Corte IDH en su caso contra la nación, en el que resultó favorecido tras haber sido destituido e inhabilitado por la Procuraduría cuando era alcalde de Bogotá en 2013.