La Ley Estatutaria 1621 de 2013, mejor conocida como Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, permitió que se expidieran normas para que los organismos que realizan estas actividades se rijan bajo los principios del derecho, la Constitución y los derechos humanos. El entonces senador Juan Manuel Galán fue el ponente del proyecto que buscaba que en el pasado quedaron episodios como las chuzadas del DAS, pero que vio todo tipo de trabas en los debates, pues muchos de sus compañeros no querían poner en cintura a los organismos con la capacidad de hacer espionaje. SEMANA habló con él sobre los episodios de seguimientos, perfiles y escuchas realizadas a más de 130 personas, entre las que se cuentan periodistas, políticos, militares y líderes sociales.

SEMANA: ¿Por qué fue tan difícil sacar adelante la Ley Estatutaria? Juan Manuel Galán: “Porque muchos sectores no estaban interesados en que existiera una legislación en la materia. Querían que continuara el desorden, que continuara la idea de que los organismos de inteligencia siguieran actuando sin Dios ni ley, sin un marco legal, sin responsabilidad, porque siempre han argumentado que la inteligencia es una cosa secreta, una cosa que no se puede revelar; tanto es así que los gastos reservados no los dejaban mirar, auditar, analizar. En la inteligencia había un poder muy grande concentrado en el DAS, y el DAS era una organización muy poderosa que no tenía lugar en una democracia. Esos organizmos que concentran funciones de inteligencia, funciones de policía judicial, de migración y protección de altos dignatarios solo los ve uno en la KGB, cuando existía la Unión Soviética, o en ese tipo de dictaduras. Me parece increíble que el país se demorara tanto tiempo en entender que había que corregirlo. La liquidación que hizo Juan Manuel Santos del DAS se debió hacer mucho tiempo antes”.

SEMANA: ¿Por qué la tramitaron como Ley Estatutaria? J.M.G.: “Porque la inteligencia toca los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando uno invade la privacidad a través de las comunicaciones personales, de seguimiento, está tocando derechos fundamentales de la ciudadanía y por eso se tramitó una ley estatutaria. Nosotros trabajamos para hacer una serie de definiciones, una de ellas fue que la inteligencia debe proteger los derechos de la ciudadanía cuando estos pueden ser violados por criminales o eventualmente por un gobierno que quiere politizar la inteligencia para usarla para su beneficio. Otro avance fue establecer garantías y protocolos como la autorización de un juez, que no podía ser decidido por el Ejecutivo solamente. El Congreso de la República también entro a jugar un papel porque creamos la comisión parlamentaria de inteligencia y contrainteligencia que quedó adscrita a las comisiones segunda de Senado y Cámara; todos los países que hicieron transición de dictaduras a democracia establecieron el control político desde el Parlamento”.

SEMANA: ¿Qué se puede decir de escuchas a personas de la oposición? J.M.G.: “Justo en la Ley se estableció que nadie por ser periodista, defensor de Derechos Humanos, magistrado, político de oposición puede ser sujeto de intervenciones o seguimientos ilegales. Por otro lado, se buscó que se conociera a los responsables de estos comportamientos, porque cuando hay unas órdenes de inteligencia tiene que haber un responsable, un interesado; ahora todo trabajo de inteligencia debe llevar un soporte, un registro. Si la Ley de Inteligencia se aplica a cabalidad, es posible determinar quién es el responsable de esos seguimientos y quién dio la orden. Para este fin, se creó la junta de inteligencia conjunta para crear un plan anual de trabajo”. SEMANA: Pero todo esto parece un mundo distinto a lo que revelan las carpetas secretas que reveló SEMANA… J.M.G: “Sí, parece que trabajaban por oferta. Es decir, antes de la Ley, los organismo respondían a una lógica de oferta y no de demanda, ellos mismos se fijaban sus prioridades y sus blancos, a quién debían seguir e intervenir sin darle cuentas a nadie, después de la Ley se estableció una lógica de demanda en la que los responsables políticos autorizados hacen la solicitud pasando por los diferentes requisitos de la ley. Lo que vemos en lo que SEMANA reveló es que estos militares actuaron siguiendo una lógica de oferta, cosa que no pueden hacer, que es un delito”. SEMANA: Además, para esto se usó dinero de la cooperación de Estados Unidos para la lucha contra las drogas… J.M.G.: “Los Estados Unidos deben estar muy molestos porque se desvió esa cooperación a esos equipos y esas actividades que tenían otro fin, que era la lucha antinarcóticos. Pero lo que es más grave: con esa plata se persiguió a ciudadanos estadounidenses y a miembros de la prensa, lo que allá es un delito gravísimo. Seguro habrá investigaciones para ver quiénes responden por la desviación de esas ayudas”.

SEMANA: ¿Este es un caso parecido al de las chuzadas del DAS? J.M.G.: “Sí, hay muchas coincidencias con el gobierno de Álvaro Uribe. Estos escándalos de inteligencia se vivieron en esa época. El hecho de que se filtraba información que terminaba en manos de él y que todo pasaba de agache. El país no conoció la conclusión de esos casos y de esas investigaciones. Ahora no sabemos si los organismos de control van a dejar pasar este escándalo, porque hay que aclarar que este no es un caso para la Justicia Penal Militar porque estamos hablando de persecuciones a civiles por razones ajenas al conflicto. Necesitamos respuestas concluyentes y sanciones concluyentes que establezcan quién incitó a esos militares a orientar la inteligencia a esos blancos y quien se benefició de esa información. Que el país sepa quién fue el destinatario”.