No cayeron en gracia los comentarios que hizo recientemente el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez en una entrevista en la que se le permitió realizar todo tipo de acusaciones en contra de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que le han negado la libertad en varias etapas.
El Consejo Superior de la Judicatura rechazó todas las aseveraciones hechas por Mancuso en contra de los magistrados. En la entrevista mencionada, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señaló a un magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla de ser “un actor político que ha atropellado la Constitución”.
Por la gravedad de los señalamientos del excomandante paramilitar, quien se encuentra actualmente en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Picota, de Bogotá, la Judicatura pide que se refuercen las medidas de protección para los jueces y magistrados.
“Solicita a las autoridades competentes reforzar las medidas de seguridad pertinentes, en el firme propósito de proteger a los jueces de la República y a todos los funcionarios judiciales que, con su trabajo y apego a la Ley y a la Constitución colombiana, se exponen por su labor que desarrollan en la administración”.
En este sentido, se cuestionó directa y severamente las decisiones que ha tomado recientemente, en las que ha rechazado las solicitudes de libertad presentadas por su defensa. Para la Judicatura, este tipo de comentarios son intimidantes y afectan la administración de justicia.
“La tarea judicial ceñida al debido proceso tiene sus propias instancias internas de debate, pero no debe ser expuesto al riesgo, al ataque personal y al escarnio público por parte de los procesados”, señaló la Judicatura por medio de un comunicado en el que hace un llamado a proteger la administración de justicia.
Igualmente, el alto tribunal consideró que se debe velar por la división de poderes que está establecido en la Constitución, así como la protección de todos los funcionarios y trabajadores de la Rama Judicial.
“La justicia debe prevalecer sobre la intimidación. El Consejo Superior de la Judicatura propende por la garantía de un entorno seguro y respetuoso para quienes defienden la correcta aplicación de la ley”, advierte la comunicación.
Mancuso fue deportado el pasado 27 de febrero tras cumplir una condena de 17 años de prisión en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
En tres oportunidades ha solicitado que sea dejado en libertad, pero por un limbo jurídico que existe en su contra los magistrados rechazaron la solicitud.
Igualmente, tocaron las puertas con el documento firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que lo designó como “gestor de paz” para el proyecto de la paz total.
Sin embargo, un magistrado de Justicia y Paz consideró que su rol dentro de este proyecto no estaba claro. Hecho por el cual le dijo “no” a la solicitud de libertad.
Después de estas decisiones, el excomandante del Bloque Norte y Montes de María, entre otros, ha cuestionado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a Justicia y Paz.