Por medio de un comunicado de tres párrafos, el Consejo Superior de la Judicatura ratificó su apoyo a la independencia a la Corte Suprema de Justicia, en medio del proceso de elección de la nueva fiscal general de la nación. Esto, frente a los graves hechos registrados en inmediaciones del Palacio de Justicia el pasado jueves.
Sin embargo, tras la denuncia presentada en las últimas horas sobre la supuesta agresión física y verbal a un magistrado de la Judicatura por parte de un pequeño grupo de manifestantes que lo increpó cuando salía del Palacio después del mediodía, el alto tribunal sostuvo:
“Cualquier otra información o declaración por parte de algún otro funcionario o servidor de la Corporación, esta no compromete las posturas y/o comunicados oficiales del Consejo Superior de la Judicatura emitidos a la opinión pública”, advierte uno de los apartes del comunicado.
En este sentido, se sentó una posición clara frente a lo narrado este lunes por una asistente del magistrado Aurelio Rodríguez, quien detalló en una entrevista radial la forma como fueron agredidos por los manifestantes.
“La vocería ante los medios de comunicación por parte del Consejo Superior de la Judicatura es de la Presidencia de la Corporación, a cargo, desde el pasado 31 de enero, de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, o a quien la magistrada delegue”, indica la comunicación oficial.
Igualmente, en varias entrevistas a medios de comunicación, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, no hizo mención alguna sobre la presunta agresión al magistrado.
La presidenta de la Judicatura sí manifestó que existe un respaldo a la Corte Suprema de Justicia “en sus deliberaciones y decisiones, y convoca a toda la sociedad a respetar la institucionalidad judicial en todas sus actuaciones”.
Mientras tanto, el director de la Policía, general William Salamanca, aseguró que la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema nunca estuvo en riesgo y que, por petición del presidente del alto tribunal, la Policía no intervino en dos ocasiones para dispersar a los manifestantes que bloqueaban las salidas de la corporación judicial.