“¿En qué no vamos bien? En hurto de celulares. ¿Por qué?, porque los jueces dejan sistemáticamente libre a los ladrones, ocho de cada diez quedan libres. Entonces esa rueda suelta y ese eslabón perdido que es la injusticia y la impunidad tienen que corregirlo los que tienen la oportunidad de hacerlo”, estas fueron las declaraciones entregadas en el transcurso de la presente semana por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y generaron una gran polémica en la Rama Judicial.

El Consejo Superior de la Judicatura, por medio de un comunicado de tres párrafos, aseguró que se debe respetar la división de poderes como lo establece la Constitución Política de 1991. “Los servidores judiciales tienen, en su funcionalidad, el propósito de fortalecer el Estado Social de Derecho, bajo los principios democráticos”.

En este sentido asegura que las decisiones judiciales se deben respetar. “La Corporación exalta la labor de administrar justicia de los jueces de la República en todas sus instancias y hace un llamado para que se respete su autonomía e independencia en las decisiones que profieren, las cuales se ajustan al orden establecido por la Constitución Política y a la ley sustancia y procesal que rige en Colombia”.

En este sentido señala que los tratados internacionales firmados por Colombia van encaminados a la protección de las decisiones de los jueces y magistrados de la República. Estos mismos tratados “no se apartan de los propósitos sociales de primacía de la seguridad ciudadana”.

Este pronunciamiento se suma al hecho el pasado jueves por la Federación Nacional de Jueces y Fiscales que calificó como una intromisión “ligera e irrespetuosa”, puesto que se desconoce la independencia de poderes. “Precisamos que los jueces no somos quienes construimos la Ley y, por tanto, no determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena. Colombia, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se integran a la Constitución Colombiana, a la cual todos estamos sometidos, incluyendo los alcaldes”.

Para los representantes de la justicia, las declaraciones de la alcaldesa López no solo constituyen una afrenta a los jueces, sino que advierten un desconocimiento del sistema y la propia organización del Estado. En el comunicado se anticipa que la mandataria ignora que los jueces no son los responsables de redactar la ley, solo la imparten.

“La Federación Nacional de Jueces y Fiscales del país rechaza ligeras afirmaciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a causa de las decisiones los jueces de Control de Garantías en casos de delitos de hurto que la Fiscalía lleva a los despachos judiciales”, señalaron los jueces en un comunicado de dos páginas y que ha sido compartido por varios abogados.

Para los jueces, las autoridades públicas deben remitirse al debate individual de cada proceso, antes de lanzar críticas sin fundamento, como en los tiempos de la “autocracia”; por eso es fundamental que, en el caso de la alcaldesa, primero acuda al conocimiento del sistema y discutir en los escenarios correspondientes, sobre las debilidades de la rama judicial.

“Finalmente, es importante recordar a la Dra. López, que la política criminal del Estado la determinan los otros poderes públicos, y los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior”, finaliza el comunicado de los jueces.