Un importante avance se dio en el caso que conmocionó a San Vicente del Caguán, Caquetá, donde una menor de edad perdió la vida y un reincorporado resultó herido en un hecho que ha generado confusión. La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) llevó a la judicialización de dos individuos involucrados en los hechos: Jhon Alejandro Quintero Artunduaga, miembro de la Sijín de la Policía, y el cabo del Ejército Nacional, Alejandro Restrepo Sepúlveda.
De acuerdo con la investigación, el 12 de febrero de 2022 en San Vicente del Caguán, el cabo Restrepo Sepúlveda habría observado una actitud sospechosa en el reincorporado Jhon Sebastián Rivas Narváez, quien se encontraba en compañía de un compañero de trabajo caminando por una vía pública, después de finalizar sus labores como escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El material probatorio recopilado reveló que, ante sus sospechas, el cabo alertó a varios integrantes de la Policía, incluyendo al patrullero Quintero Artunduaga, sobre sus dudas respecto a las personas con las que se habían cruzado. Como consecuencia, un grupo de uniformados se dirigió al lugar donde se encontraban las víctimas.
Las cámaras de seguridad del municipio capturaron el momento en que, presuntamente, el suboficial del Ejército habría atacado a Rivas Narváez por la espalda, sin mediar palabra. Ante la agresión, la víctima intentó escapar y, en ese momento, el patrullero Quintero Artunduaga habría disparado múltiples veces, hiriendo a Rivas Narváez en una pierna.
Trágicamente, durante el ataque, una menor de 14 años que se encontraba en un establecimiento comercial recibió un disparo que, según la evidencia presentada, provino del arma del patrullero. A pesar de ser trasladada a un centro médico, la joven falleció debido a las heridas sufridas.
El material probatorio ha permitido determinar que, aparentemente, los acusados no llevaban puesto su uniforme de dotación y, en medio de un posible procedimiento ilegal, no solicitaron documentación para identificar a los escoltas.
Como resultado de esta investigación, la Fiscalía imputó cargos al integrante de la Sijín de la Policía Nacional por homicidio en calidad de dolo eventual y tentativa de homicidio. Por su parte, el cabo enfrentará posibles cargos por abuso de autoridad, por acto arbitrario e injusto.
Cárcel para tres policías y un intendente (r)
De otro lado, la Fiscalía General presentó cargos contra cuatro miembros de la Policía Nacional, señalados como los posibles responsables de la desaparición de un hombre en el municipio de Bolívar, Cauca. Los acusados son el intendente en retiro Álvaro Paredes Segura y los patrulleros John Janner Lasso Zapata, Nasly Carabali Caracas y Jessica Johana Meza Angulo.
Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2017, cuando la víctima fue detenida por los procesados bajo el pretexto de alterar el orden público en un establecimiento de comercio en Bolívar. Sin embargo, lo que sucedió después sigue siendo desconcertante.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el ente acusador, la víctima habría sido obligada a subir a un vehículo oficial y llevada a la estación de Policía municipal. Tres días más tarde, su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado a las afueras del municipio, lo que ha generado un sinnúmero de preguntas.
Lo que agrava aún más la situación es la presunta manipulación de pruebas por parte de los acusados. Según las autoridades, los investigados habrían tratado de alterar el libro de registro de la estación policial en un intento de ocultar evidencias comprometedoras.
La Fiscalía imputó cargos de desaparición forzada agravada y falsedad material en documento público contra los cuatro policías. No obstante, los acusados han negado las acusaciones, dejando el caso en un estado de tensión y expectativa.