Un Juez de Zipaquirá dio la orden al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTic, suspender el proceso judicial que adelanta por un contrato que tendría falsas garantías, adjudicado en diciembre de 2020 por 1,07 billones de pesos, según informó la Unidad Investigativa de El Tiempo.

De acuerdo con el medio, la audiencia de descargos del Consorcio PE2020 Digitales, interventor del contrato que fue entregado a la Unión Temporal Centros Poblados tuvo que ser suspendida luego de que el juez laboral Dominick Cybulkiewicz admitiera la tutela interpuesta por el apoderado de la interventoría.

El juez aseguró que “esta decisión se mantendrá mientras se profiera la sentencia”.

La tutela, admitida por el juez de Zipaquirá, fue interpuesta por el consorcio y, según lo dicho por ellos a El Tiempo, se les está violando el debido proceso para poder organizar y ejercer su defensa.

Según explicó el vocero de la interventora, para defenderse del primer cargo imputado les dieron solo 15 días, sin embargo, se agregaron cuatro cargos más y se les pedía que dieran una respuesta en 24 horas.

“Solo estamos pidiendo plazo para demostrar que hemos cumplido a cabalidad con nuestras obligaciones”, explicó el vocero a El Tiempo.

El diario también preguntó al consorcio si podían asegurar que el contratista Centros Poblados había entregado 70.000 millones de pesos del anticipo del contrato y dijeron que es una información que está en proceso de verificación pero que es algo que no se ha programado porque el contratista aún no ha cumplido con unas metas previamente establecidas.

Por otra parte, el diario también dio a conocer un documento mediante el cual se habría vinculado a un asesor de la dirección de infraestructura del MinTic con la empresa CM Construcciones y Mantenimiento S.A.S., propiedad de Jorge Molina, que la Fiscalía denuncia como la que sirvió de puente para obtener las supuestas garantías presuntamente falsas.

La firma, según El Tiempo, aparece en el tribunal de arbitramento de 2017 donde el abogado Felipe de Vivero, asesor del MinTic, actuó como apoderado de una de las partes de la interventora y la contratista.

De Vivero, según el portal, es un experto en derecho administrativo que creó la estructura jurídica del proceso de licitación que se adjudicó a Centros Poblados y le ha hecho acompañamiento legal al MinTic en el proceso de caducidad del contrato al que Centros Poblados se opone.

Sin embargo, el abogado de De Vivero aseguró que su defendido no conoce a Jorge Molina, propietario de CM Construcciones y que solo participó en el tribunal de arbitramento siendo apoderado de la empresa Disico, que era parte de un consorcio donde aparecía la firma de Molina.

“Esa empresa nunca se presentó al proceso. Por eso, el tribunal me nombró curador ad litem, una especie de asistente judicial, de designación forzosa. Pero nunca lo vi, conocí o apoderé”, dijo el abogado de De Vivero a El Tiempo.

Incluso, el abogado del asesor aseguró que su cliente había denunciado penalmente a Molina y por eso no descartó la posibilidad de asesorar al MinTic en el caso de garantías falsas por el cual está siendo investigado Molina.

El Tiempo también aseguró que se logró comunicar con el empresario Jorge Molina para conocer su opinión sobre el caso por el que está siendo juzgado. Sin embargo, el empresario respondió desde su cuenta de WhatsApp y afirmó que está interesado en aclarar el asunto en el cual se encuentra implicado y que lo que ha salido en los medios de comunicación no es la verdad de los hechos.