La red criminal estaba integrada por al menos ocho personas y logró defraudar de forma millonaria a empresas de aceites y productos grasos mediante la suplantación de proveedores. Los ciberdelincuentes lograron que esas empresas pagaran al menos 272 facturas por servicios prestados, más de mil millones de pesos terminaron en cuentas que abrieron los integrantes de esta organización criminal.
La Fiscalía y la Policía adelantaron una investigación rigurosa que después de meses permitió la captura de todos los integrantes de esta organización criminal, el problema es que cuando los presentaron ante un juez de control de garantías en Ibagué, el funcionario judicial los dejó en libertad.
“En su momento, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó delitos como: suplantación de sitios web para capturar datos personales, hurto por medios informáticos y semejantes agravado, y uso de documento falso”, explicó la Fiscalía.
Fue necesario que la Fiscalía apelara la decisión de este juez, tras considerar que no se tuvieron en cuenta los elementos materiales de prueba, ni la peligrosidad que representa está organización criminal para la sociedad, principalmente para las empresas afectadas con el millonario descalabro.
“El material de prueba da cuenta de que, tras recibir el dinero, el señalado cabecilla de la organización dirigió distintas cantidades de dinero a siete de sus presuntos cómplices, residentes en Bogotá, y Medellín, Girardota y Bello (Antioquia)”, señaló el fiscal a cargo del proceso.
Los delincuentes lograron infiltrar las bases de datos de las empresas para convertirse en uno de sus proveedores del servicio de transporte, se metieron en los correos electrónicos y presentaron la documentación necesaria para constituirse como las supuestas empresas que ofrecían los servicios a las compañías.
A través de la infiltración en los sistemas de registro, las empresas y víctimas de este descalabro, fueron llevadas a una estafa que se concretó con la consignación de cheques por más de 1.100 millones de pesos, en las cuentas que abrió el líder de la red criminal.
“En el curso de la investigación se constató que varias de estas personas habrían retirado las sumas recibidas para cubrir gastos personales y, algunas, crearon empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos”, aseguró un investigador.
Como la Fiscalía apeló la decisión de primera instancia, un juez del circuito en la misma ciudad revocó la libertad de la que gozaban los presuntos integrantes de esta organización criminal y ordenó de manera inmediata su captura, que en las últimas horas se hizo efectiva por los mismos investigadores que adelantaron el proceso.
“La Fiscalía General de la Nación demostró la peligrosidad de una red delictiva que, por medios informáticos, habría hurtado una millonaria suma de dinero. En ese sentido, en segunda instancia, un juez penal del circuito de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los señalados cibercriminales”, señaló el ente acusador.
La Fiscalía continúa la investigación y les pide a las empresas que consideren fueron víctimas de una defraudación similar se acerquen a la entidad para que entreguen información y se pueda sumar a todo el proceso, al eventual juicio en el que esperan obtener una condena ejemplar contra estos ciberdelincuentes.