El general (r) Humberto Guatibonza fue capturado en medio de un gran operativo en contra de una organización de chuzadas, de la que eran socias por lo menos seis empresas, entre ellas la firma HGC Consultoría de propiedad del exoficial. A pesar de los riesgos que, según en la Fiscalía, persisten para levantar las evidencias electrónicas, necesarias para soportar por lo menos 175 carpetas de chuzadas ilegales, el juez noveno de control de Garantías tomó la decisión de enviarlo a casa por cárcel. La decisión fue controvertida de inmediato por la Fiscalía y la Procuraduría, que interpusieron sendos recursos ante el funcionario judicial. Lo cierto, sin embargo, es que por ahora Guatibonza; su exasesor de prensa Carlos Eduardo Arenas, hoy subgerente de la empresa HGC Consultoría, y Julián Villarraga, esperarán su llamado a juicio por seis delitos desde su casa. Para el juez, los implicados eran los encargados supuestamente de atraer clientes a la organización y no eran los hackers encargados materialmente de las chuzadas, por lo que no tienen capacidad para seguir adelantando este tipo de actividades ilegales. Aunque el funcionario reconoce que aún existe riesgo de perder evidencia electrónica valiosa para la Fiscalía, subraya que en otros casos, como el de la señalada hacker María Alicia Pinzón, sí fue enviada a su casa con la bendición de la Fiscalía. Para el juzgado, ella era la que levantaba la información y operaba un software malicioso, y aún así le concedieron detención domiciliaria en la misma vivienda desde donde organizaba supuestamente toda la operación ilegal. Al respecto afirma que una decisión en contra de los tres implicados debe ser tomada de manera proporcional. Actualmente, permanecen detenidos con medida intramural otros dos protagonistas de este escándalo: el coronel (r) Jorge Salinas y el mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos. Al respecto el juez señala que ellos eran quienes controlaban los sistemas informáticos a través de los cuales realizaban las actividades ilegales, y no eran simples clientes de la organización. Lo cual hace que sus casos sean diferentes a los de Guatibonza, Arenas y Villarraga. La Fiscalía controvirtió la decisión con el argumento de que no se puede equiparar la situación jurídica de la hacker -quien adelanta una negociación con la justicia- y los tres nuevos implicados. Al respecto precisa, que parte de esta negociación llevó a que desde un comienzo se pactara el envío a su casa y desde allí reconstruiría las pruebas técnicas alrededor de las 175 carpetas que contienen los casos manejados por esta organización. Actualmente, la negociación con la justicia que adelanta Pinzón está congelada por cuenta de su negativa a dar el nombre de una persona que le ayudaba a realizar las interceptaciones ilegales. Por ello, la delegada de la Procuraduría aseguró que la respuesta a este evento no es concederles el beneficio de casa por cárcel a los tres imputados, sino revocarle la detención domiciliaria a la hacker.