Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento preventiva en contra del alcalde de Riosucio, Chocó, Conrad Valoyes Mendoza; el exsecretario de Gobierno del mismo municipio Jazmir Blandón Palacios y al almacenista de la alcaldía, Halmar Yamith Lemos, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2020 para brindar ayudas alimenticias a familias de escasos recursos durante el confinamiento decretado en el marco de la pandemia generada por el coronavirus.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, señaló que identificó varias de esas presuntas irregularidades en el contrato que fue firmado entre la Alcaldía y un particular el 24 marzo de 2020, el cual tuvo un valor inicial de $270.000.000 y contempló el suministro de 1.500 mercados en 30 días. Sin embargo, de acuerdo con el ente investigador, una semana después de la firma se autorizó una adición por $135.000.000 para entregar 750 mercados más.
“En el curso de la investigación se constataron posibles anomalías en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación. Por ejemplo, se realizó una contratación directa sin la participación de otros oferentes que permitieran un análisis de precios, calidad y utilidad. Asimismo, quedó en evidencia que la empresa seleccionada estaba dedicada a la comercialización de maderas y no tenía experiencia en el manejo de alimentos”, indicó la Fiscalía.
Según la entidad, hay elementos de prueba que dan cuenta que el contrato se asignó “sin tener claro el número de familias o personas que serían beneficiadas”. “También se evidenció que en las actas figura la compra de 36.000 libras de arroz, pero en realidad solo adquirieron 3.600. De igual manera, se registró el ingreso del total de los productos al almacén de la alcaldía, cuando esto no ocurrió”.
Para la Fiscalía, a pesar de las presuntas inconsistencias, se ejecutaron los pagos correspondientes sin que la totalidad de los mercados fuera entregada. De esta manera, “se generó un posible detrimento patrimonial por $233.596.998″.
En ese sentido, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a los tres funcionarios, los cuales fueron imputados, según el nivel de posible participación, por delitos como: contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y usurpación de funciones públicas.
Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad, en centro carcelario para el exsecretario de Gobierno y el almacenista; y en el lugar de residencia para el alcalde.