Durante la audiencia en donde el juez 53 de control de garantías define si envía o no a prisión a los implicados en el escándalo de los 70.000 millones del Ministerio de Comunicaciones, el funcionario les ordenó a las autoridades judiciales investigar a Adriana Meza, quien era la secretaria general del Ministerio cuando se conoció el escándalo, y a Sandra Orjuela, exsubdirectora de gestión contractual.
El funcionario judicial dijo que es clave saber si las funcionarias fueron inducidas al error como se afirmó inicialmente, por lo cual se hace necesario que se adelante una investigación en contra de las dos exfuncionarias.
En medio de sus reclamos por las presuntas actuaciones irregulares que se habrían dado en este caso, dijo que se volvió costumbre entre quienes se ven implicados en estos casos, decir que todo se hizo a sus espaldas. “Acá se volvió retórica de todos los implicados que todo se hizo a sus espaldas, entonces ¿para qué nombran a las personas en los cargos?, ¿para qué nombran representantes legales?”, dijo el juez.
Es de recordar que por este caso la Fiscalía dijo que “hubo una división de trabajo con el único objetivo de llevar a un error a funcionarios del Ministerio de las TIC y engañar a los responsables de vigilar la documentación que presentaron para participar en la licitación. Mientras Emilio Tapia contactó a un empresario, para integrar la unión temporal, al tiempo ubicó a un corredor de seguros, Juan José Laverde, quien se encargó de encontrar a los intermediarios: Jorge Molina y Jorge Enrique López, y así obtener las supuestas garantías bancarias (…)”.
“Al estar estas personas privadas de la libertad, el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”, agregó.
Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría pidió que fueran enviados a prisión los implicados en este caso. “La imposición de la medida restrictiva de la libertad en centro carcelario sí evitaría la continuación en una actividad delictiva”, dijo el delegado del Ministerio Público. “La Fiscalía estima que con la reclusión en un centro de reclusión se evitaría la actividad delictiva y que se afecte la contratación pública”, añadió.
Añadió que, “en el caso de Emilio Tapia se pueden identificar en el pasado modus operandi similares a este (…) Sin embargo, frente a los señores Laverde y Duque Torres, los argumentos no pueden ser los mismos y realmente este agente del Ministerio Público, la argumentación de la Fiscalía sobre el peligro para la comunidad por los delitos que se imputan, no resulta suficiente, pero en el punto de la obstrucción de la justicia, que es el otro fin que argumenta la Fiscalía, sí se tienen argumentos hasta el momento de la información de la Fiscalía para entender que en el futuro estas dos personas podrán destruir material probatorio o inducir a testigos para que informen falsamente”.
Frente a la petición que hizo la defensa del contratista Emilio Tapia, quien sería el cerebro del presunto caso de corrupción, de que su cliente fuera enviado a un batallón militar, el juez dijo que era partidario de que los batallones no son cárceles.
Sobre Emilio Tapias, quien es recordado por participar en el millonario desfalco que sufrió Bogotá con el carrusel de la contratación, el juez señaló de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía que esta persona sería el presunto cerebro de toda esta operación ilegal.
“Emilio Tapia se encargaba de la parte financiera administrativa y Cáceres de la logística. Tapia era el que conseguía y pagaba la nómina. Tapias manejaba las empresas como quería (…) Todos sabían que las garantías eran falsas (…) Tapia era el señor de atrás, es decir, quien manejaba los hilos”, dijo el juez, al hacer un recuento de los argumentos de la Fiscalía durante la audiencia de medida de aseguramiento.
Sobre medidas privativas de la libertad, el juez se preguntó de qué servía decretar en algunos casos brazaletes para los indiciados, si este sistema es fácilmente burlado por los implicados. “A este despacho llegan casos de reincidentes que tenían el brazalete y lo que hacen es que se lo quitan y se lo ponen al perro”, aseguró.
Sobre la casa por cárcel, mencionó que un caso claro acerca de que esta medida en algunas ocasiones no sirve es la situación de Emilio Tapia, quien se encontraba con detención domiciliaria y actualmente está involucrado de nuevo en otro presunto caso de corrupción a nivel nacional.