Un caso inaudito se presentó en los últimos días con la titular del Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, Francy Helena Castaño Barragán, quien habría hecho una serie de movidas irregulares para conseguir un documento público falso con la firma de un funcionario que se encontraba de vacaciones.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que la funcionaria judicial será llamada a juicio disciplinario por presuntamente usar un documento público falso con el que habría intentado obtener un préstamo bancario personal.
El ente de control confirmó en un comunicado que tratan de verificar: “si la funcionaria aportó y usó una certificación laboral de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Militar y Policial, al parecer fechada para septiembre de 2021 y suscrita por el director General, con el objeto de obtener un préstamo en el Banco Caja Social, supuestamente firmado por un funcionario que, para aquel momento, se encontraba de vacaciones”.
Castaño Barragán ahora irá a un juicio formal, por lo que la Procuraduría ha considerado como una presunta falta gravísima, a título de dolo. El caso llegó hasta esta instancia después de que la coordinadora del Grupo de Talento Humano de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial, presentó una queja disciplinaria contra la jueza ante la Procuraduría.
En la queja que llegó a la Procuraduría se detalló que “allegados a esta Unidad Administrativa Especial por el señor Jairo Aníbal Segura Amado, Supervisor Operativo (e) de la Coordinación Gestión Operativa de Crédito del Banco Caja Social, relacionados con presuntas situaciones irregulares en la certificación laboral que se aportó con la solicitud de crédito a la citada entidad bancaria por parte de la servidora pública Grancy Castaño”.
Las pruebas de este proceso tienen relación con los documentos que llegaron a la solicitud de crédito, tenían dos certificaciones que no se parecían a los formatos que actualmente está utilizando la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial para la expedición de ese tipo de documentos.
Frente a esos hechos, la Procuraduría le envió un oficio al Ministerio de Defensa, solicitando la autorización del crédito de libranza que se le habría otorgado a Castaño Barragán, teniendo en cuenta que ese dinero se le iba a descontar de su nómina.