El exsenador Julián Bedoya Pulgarín ganó por punta y punta en la Corte Constitucional. El alto tribunal determinó que se le había vulnerado su derecho al debido proceso en el expediente que le anuló su título de abogado otorgado por la Universidad de Medellín y de paso se ordenó dejar sin efecto la investigación que le adelantaba su alma máter.
Tras revisar una acción de tutela presentado por el excongresista liberal, la Corte Constitucional amparó el derecho al debido proceso y por eso anuló el fallo emitido el 15 de junio de 2021 que le había quitado su título de abogado. Frente a esto se le ordenó a la Universidad archivar el expediente.
En la decisión se comprobó que nunca se le había permitido a Bedoya presentar sus alegatos de defensa en este caso ni explicar la forma en cómo obtuvo su título profesional en el año 2019.
En abril de 2021, tras la denuncia hecha en un reportaje periodístico, las directivas de la Universidad determinaron que el título de abogado había sido gestionado de manera irregular por parte de Bedoya Pulgarín. En la resolución 008 se anularon los exámenes y convalidaciones que realizó el entonces estudiante de Derecho para obtener su título profesional.
En la resolución se advertía que de manera insólita y sin ningún tipo de antecedente el estudiante había regresado a cursar sus estudios para obtener su título casi que de manera exprés. Para lograrlo, presentó 16 exámenes en tan solo cuatro jornadas y aprobó varias materias en tiempo récord pese a que varias de ellas tenían correquisitos, es decir, no podía ver una sin haber aprobado otra.
La Consiliatura de la Universidad encontró que en un solo día Bedoya presentó y aprobó siete exámenes, algo que no tenía lógica. Debido a esto se pidió además investigar a seis funcionarios de la institución educativa al considerar que avalaron falazmente las evaluaciones del estudiante.
Debido a estas irregularidades, el pasado 30 de junio el Ministerio de Educación le impuso al exrector de la Universidad de Medellín, Néstor de Jesús Hincapié, y a otros dos exfuncionarios de la misma institución (Juan Felipe Hernández, quien laboró como subsecretario general entre el 13 de junio de 2012 y el 23 de febrero de 2020, y Esperanza Restrepo Buriticá, exsecretaria general que avaló el primero de marzo de 2019 el cuestionado diploma) una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos o contratar con algún centro de formación del país por haber participado, presuntamente, en la supuesta asignación irregular del título de abogado al congresista Julián Bedoya.
Sin embargo, Bedoya justificó su cronograma de estudios y exámenes finales. Por esto, en septiembre de 2021 presentó una acción de tutela reclamando que la protección de su derecho pues, a su juicio, jamás le notificaron la existencia del proceso interno ni le permitieron presentar evidencia.
Por estos mismos hechos, se le adelanta una investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de falsedad ideológica en documento privado y falsedad ideológica en documento público. El alto tribunal ya lo escuchó en indagatoria y tomará una decisión prontamente, es decir, si le archiva el caso o lo llama a juicio.