En la mañana de este martes, el Congreso le entregó al Gobierno la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la Paz. No es otra cosa que el mecanismo de justicia transicional acordado en La Habana con la guerrila de las FARC para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los graves crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano.La reforma que el Gobierno dejó en manos del Senado y La Cámara de Representantes el pasado mes de enero fue aprobada en cuatro debates dos meses después.Faltaba el último trámite, la conciliación en la Cámara de Representantes, y este debate difinitivo fue eso, un sencillo trámite. No más de 20 minutos duró la votación del texto definitivo este miércoles, el cual fue respaldado con los votos de 97 representantes. Sólo seis parlamentarios votaron en contra de la reforma.Al tratarse de un acto legislativo, la JEP podría entrar en vigencia inmediata, pues las reformas constitucionales sólo necesitan ser publicadas en el Diario Oficial para entrar a regir. Sin embargo, el mecanismo ‘fast track‘ estableció que una vez aprobadas las reformas en el Congreso, estas pasarán automáticamente a la Corte Constitucional, para que este alto tribunal determine si se ajusta o no a la carta política.Si alguno de los artículos que hacen parte de la JEP es declarado inexequible, estos no se podrán aplicar, sea cual sea. Si se llegara a declarar inconstitucional todo el entramado de la JEP, esta no podrá entrar al ordenamiento jurídico. Este último escenario sería el más oscuro para el Gobierno.De acuerdo con el representante a la Cámara Hernán Penagos, además ponente de este acto legislativo en la Cámara de Representantes, el Gobierno no tiene plan B si la Corte Constitucional llega a declarar inexequibles algunos artículos de la JEP o todo el texto. “Yo no conozco de ningún plan B. El Gobierno siempre ha pensado que este acto legislativo ha sido creado con los rigores legales y constitucionales, y donde eso ocurra, la verdad no tengo ni idea de lo qué podría hacer el Gobierno y el Congreso”, explicó el legisladorLa JEP: puja entre el Gobierno y la oposiciónEn las cuentas iniciales del Gobierno, la JEP debía ser aprobada en febrero para que empezara a regir en septiembre. Sin embargo, este acto legislativo pasó las duras y las maduras en el Congreso. Surtió los cuatro debates, pero se prolongaron más de la cuenta, a pesar del mecanismo ‘fast track’.Incluso hasta en el último trámite, el de la conciliación, el Gopbierno sufrió. Este miércoles la Jurisdicción Especial de la Paz fue aprobada tras un álgido debate entre la oposición y el Gobierno. “Lo que se ha aprobado en los últimos dos meses es muy grave para el pueblo colombiano. Se ha entregado el país y hay que ponerle un freno a esto y como oposición vamos a promover y apoyar un referendo derogatorio”, dijo la uribista Margarita Restrepo. El Gobierno, por su parte, asegura que esta decisión es un espaldarazo del Congreso para la consolidación de la paz y la implementación del acuerdo. “Esto significa sin lugar a dudas la consolidación del proceso de paz. Acelerar su implementación, acelerar la desmovilización y el desarme de las FARC, y contar con un sistema de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición para las víctimas del conflicto que será un ejemplo a nivel mundial”, explió el ministro Juan Fernando Cristo. La ley que reglamenta la JEP Una vez promulgada la Jurisdicción Especial para la Paz, viene la maratónica creación de las instituciones que pondrán en marcha los puntos esenciales del acuerdo, por medio de la ley estatutaria que reglamentará el acto legislativo y que el Gobierno presentará en los próximos 15 días.Una de ellas es la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para eso primero el presidente de la República deberá expedir en los próximos días los decretos para crear estas instituciones.Otro paso es que los cinco miembros de elección de la JEP podrán empezar la convocatoria para los magistrados que harán parte de la Jurisdicción, que de acuerdo con lo establecido en el acuerdo, ese comité deberá elegir los siguientes magistrados: 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros para el Tribunal para la Paz; 18 magistrados con nacionalidad colombiana y seis magistrados extranjeros para las tres Salas de Justicia; una lista adicional de 19 nacionales y cinco extranjeros para el Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia en caso de que se requiera aumentar el número de magistrados o sustituir a alguno de sus miembros; el presidente o presidenta; y el director o directora de la Unidad de Investigación y Acusación, que tendrá plena autonomía para seleccionar a los profesionales que harán parte de la misma, de acuerdo a lo acordado en la mesa de conversaciones.La JEP es considerada el corazón del acuerdo de paz y de la implementación de los mismos. A este sistema deberán acudir los miembros de las FARC comprometidos en graves crímenes, y voluntariamente podrán hacerlo civiles y miembros del Ejército y las Fuerzas Armadas. Este mecanismo establece penas restaurativas y contempla hasta ocho años de restricción efectiva de la libertad en centros especiales, siempre que los vinculados cumplan los compromisos de verdad y reparación con las víctimas.