Golpeados, insultados y hasta desnudos. Así han terminado algunos delincuentes en distintas partes del país a manos de ciudadanos que, según aseguran, buscan darles una lección a los amigos de lo ajeno.

Los casos de justicia por mano propia no se ajustan al marco legal. Sin embargo, el cansancio de los colombianos con la inseguridad en el país y la desconfianza en las autoridades han hecho que este tipo de reacciones se hayan multiplicado: muchos afirman que de nada sirve acudir a la justicia porque en cuestión de días, o de horas, los delincuentes vuelven a la libertad.

¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué los ciudadanos han optado por esta medida? ¿Por qué no están confiando en la justicia? Aquí hay un punto que se debe tener en cuenta y es que la justicia por mano propia resulta perjudicial en un estado social de derecho y también pone en problemas a los agresores, ya que los victimarios resultan siendo las víctimas.

SEMANA habló con expertos en derecho sobre este caso.

Para Alejandro Sánchez, abogado penalista estos hechos son la muestra evidente del cansancio de los ciudadanos frente a la inseguridad y a las pocas soluciones institucionales: “La solución de los políticos es aumentar las penas. [Dicen]: ‘Hicimos este delito imprescriptible’, ‘creamos la prisión perpetua para este delito’, pero está sociedad ya se cansó de esa dosis, ya se cansó de esa receta, pero no encuentra satisfacción: es decir, sigue viendo que en las calles hay violencia, sigue viendo que en las calles hay delincuencia, sigue viendo que en las calles no hay solución a sus problemas y está diciendo: si la institucionalidad me está diciendo que crearon más penas y que las endurecieron, ¿qué me está ofreciendo la institucionalidad?”.

Además, agrega: “Como la institucionalidad no ofrece nada empieza a primar la ley del monte: me defiendo yo mismo, reemplazo la institucionalidad de tal manera que sea yo quien asuma su rol y haga cumplir las leyes y las normas. Es un placebo de satisfacción, un placebo social. Le decimos a la sociedad ‘habrá más penas, seremos más contundentes’, pero después la sociedad no encuentra una respuesta institucional”.

Sánchez dice que esto es una respuesta social muy fuerte ya que cuando la gente no ha encontrado satisfacción en el accionar de las instituciones políticas y jurídicas, decide tomar la justicia por su propia mano como una manera de satisfacer la sed de justicia.

Por su parte Camilo Burbano, también penalista, destaca la importancia de que los ciudadanos conozcan que tomar justicia por mano propia puede traer consecuencias legales: “la persona que agrede, que golpea, que lesiona, puede entrar a responder también penalmente por las lesiones e inclusive, por la muerte, en [caso de] una tentativa de homicidio a esta persona que presuntamente ha cometido un delito”.

Incluso señala: “Es la paradoja de la insatisfacción social, de esa crisis de estado de derecho, de la legitimidad de la justicia que hace que las mismas víctimas se vuelvan victimarios. Hay que ser muy claro: si usted entra a hacer justicia por propia mano se está volviendo también un delincuente y si usted también se vuelve un delincuente va a tener que soportar también las penas del Estado. Puede ser que la persona responda, que el presunto delincuente responda por el delito que cometió, pero al que lo golpeó le toca responder por tentativa de homicidio”.

Así mismo el penalista enfatiza que desde el punto de vista procesal también hay un punto muy importante: “Esas mismas agresiones que causan los ciudadanos pueden hacer que la persona salga libre porque estamos frente a una captura que ha excedido el uso de la fuerza mínima que se requiere para que la captura sea legal. El juez, al ver esto, puede decir: ‘Aquí hubo un exceso de fuerza, aquí hubo una flagrancia pero una captura ilegal en flagrancia’, y puede dejar libre a la persona que fue capturada y fue golpeada con posterioridad”.

Los juristas destacan que no se puede combatir un delito con otro, ya que esto sería un golpe para el Estado de derecho y puede generar una crisis de institucionalidad mayor. Aseguran que hay muchas razones y el cansancio de los ciudadanos es evidente pero no se puede permitir que las víctimas terminen pagando por el delito que debe pagar el victimario. Así mismo, destacan que todos tenemos derecho a la legitima defensa, pero esta defensa tiene un límite y es ahí donde viene el riesgo de lesiones a otra persona, que pueden terminar en un homicidio y que harán que sean los ciudadanos cansados por la inseguridad quienes terminen afrontando procesos penales ante la justicia.