El Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá acaba de anular el artículo 91 del Plan de Desarrollo de la alcaldesa mayor Claudia López, el cual establecía la creación de un operador público de transporte para la capital del país.

Uno de los argumentos del juzgado para declarar nulo este artículo es la falta de un estudio técnico que respaldara la decisión del Distrito de adelantar este operador público. El artículo 91 del Plan de Desarrollo Distrital había sido demandado por los abogados Germán Calderón España y Felipe Bastidas.

El Juzgado señaló que “la autorización para crear una sociedad por acciones, encargada de operar el servicio de transporte público masivo de Bogotá y su área de influencia, contenida en el artículo 91 del acuerdo, incumplió con el presupuesto de haberse allegado el estudio demostrativo que justificara la iniciativa presentada por la alcaldesa.

Específicamente, el artículo 91 del Plan de Desarrollo Distrital establecía lo siguiente: “Autorización para constituir operador público. Se autoriza a la Alcaldesa Mayor en representación del Distrito Capital o TransMilenio S.A., para participar en la creación de una sociedad por acciones - Operadora Distrital de Transporte-, con la participación de entidades públicas de acuerdo con los resultados de estudios técnicos y financieros, con personería jurídica, adscrita al sector movilidad, con autonomía administrativa, contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio, para lo cual se podrán realizar los aportes a que haya lugar”.

De acuerdo con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá y hoy aspirante al Senado de la República Miguel Uribe Turbay, la decisión del juzgado se veía venir.

“Tal como lo advertimos, este artículo es ilegal porque la ley 489 de 1998 establece que para crear un operador y tomar una decisión de tal envergadura era necesario tener un estudio técnico y previo. Como es evidente en esta Administración, improvisa, pasa por encima de la ley y es completamente arbitrario”, aseguró Uribe.

De esta manera, de confirmarse la decisión del juzgado en una segunda instancia, Claudia López podría incurrir en detrimento patrimonial teniendo en cuenta que la administración distrital ya compró diferentes buses para que el operador público entrara en operación.

“Claudia López, entiendo, compró 1.050 buses para este operador, falta la segunda instancia en el tribunal administrativo si las partes apelan, pero esto podría configurar un detrimento patrimonial y Claudia López estaría poniendo en graves aprietos a Bogotá”, indicó Uribe Turbay.

En una entrevista con SEMANA, el ahora exsecretario de Movilidad Nicolás Estupiñán había asegurado que efectivamente la administración distrital ya había avanzado con la implementación de un nuevo operador público y, aunque dio una cifra diferente de los buses que entrarían a circulación, confirmó que este operador entraría en funcionamiento a mediados del año.

“Finalmente, Bogotá logró consolidar su operador público y Felipe Ramírez va a tener la oportunidad de ponerlo en marcha. Vamos a iniciar con 195 buses, todos eléctricos, en la unidad funcional número ocho de Perdomo, así que vamos a tener finalmente una opción pública para operar nuestro sistema de transporte público”, dijo Estupiñán.

Añadió que ese operador público “lo creamos el año pasado, ya tiene su registro de Cámara y Comercio, ya se estructuró junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y entraría en funcionamiento aproximadamente entre junio y julio”.

Para el abogado Germán Calderón España, la decisión del juzgado es un triunfo judicial por la legalidad y las finanzas del Distrito Capital.

“El artículo 91 aludido, creaba la empresa Operadora Distrital de Transporte, que, en mi concepto, revivía la otrora empresa distrital de buses que tantos episodios de corrupción y detrimento patrimonial le causó a la capital”, explicó Calderón.

Por su parte, para la concejal del partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, la creación de este operador público se trataba de un esperpento metido en el Plan de Desarrollo. “Voté negativo este esperpento en el Plan de Desarrollo Distrital y me alegra que la justicia actúe”, indicó Bastidas.

“El tiempo me da la razón. Desde discusión del Plan de Desarrollo Distrital dijimos no al operador público de transporte por inconveniente y porque debió ir en un solo proyecto al Concejo de Bogotá”, añadió la cabildante.

Hasta el momento ni la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ni el nuevo secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, se han referido a la decisión del juzgado.