Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Esta parece ser la premisa que aplicó la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, quien denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador Gustavo Bolívar por una reciente publicación en su cuenta de Twitter.
El mensaje fue publicado por el congresista en medio de la polémica por las declaraciones que ha hecho la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por lo que fue citada a un debate de control político. “Yo prefiero una ministra honesta que se equivoque 10.000 veces y no una que se robe 70.000 millones. Fin del comunicado”, dijo.
El trino, publicado el 11 de septiembre a las 10:22 de la noche, tuvo casi dos mil comentarios, entre los cuales varios hicieron aseveraciones en contra de la minTIC por el escándalo del contrato de Centros Poblados y el polémico anticipo de 70 mil millones de pesos para los contratistas, dinero que todavía no ha sido recuperado.
Para Abudinen, el senador quiso afectar su buen nombre e integridad, por lo que le pide a la Corte Suprema de Justicia que le abra una investigación por el delito de calumnia agravada. En la denuncia, radicada en las últimas horas por el apoderado de la exministra, el senador del Pacto Histórico quiso afectar su buen nombre y honra.
Igualmente, le recuerda a Bolívar que él tiene varios temas para aclararle a la justicia, entre estos la evasión de deudas y los contratos al actor Bruno Díaz, lo que habría desencadenado una crisis económica y familiar, pues su hijo habría tomado la decisión de quitarse la vida y no le gustaría que nadie le estuviera haciendo mención sobre ese lamentable suceso o lo culpara directamente de lo ocurrido.
La exministra de las TIC señaló que en varias oportunidades el senador ha hecho señalamientos injuriosos y calumniosos en su contra, recordando que en esos momentos tomó la decisión de no emprender acciones legales en su contra.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema deberá definir el caso, citando así a una audiencia de conciliación a Abudinen y Bolívar. En el caso de que el senador decida retractarse, deberá realizar una publicación en su cuenta de Twitter.
El proceso por Centros Poblados
En la actualidad, los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde enfrentan un juicio penal por el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.
Los tres contratistas recibieron y malversaron –según el ente acusador– el anticipo de 70 mil millones de pesos, que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Para el ente investigador, Luis Fernando Duque –representante legal de la unión temporal–, Juan José Laverde –delegado de la empresa Rave Agencia de Seguros– y Emilio Tapia –quien integraba la junta de la unión– falsificaron actas y pólizas de seguros para participar en el proceso licitatorio que se adelantó en julio de 2020, para así recibir el contrato por un valor total de 2,1 billones de pesos.
En el documento se citan chats de WhatsApp, registros de llamadas, documentación y testimonios bajo juramento que ponen en evidencia la forma en que se conformó la “empresa criminal” para resultar beneficiados con la licitación del billonario contrato.
La hipótesis de la Fiscalía General en este caso es clara: Tapia, Laverde y Duque realizaron una serie de acciones que indujeron al error a los funcionarios del MinTIC encargados de la vigilancia del proceso licitatorio y recibir el aval del billonario contrato.
Para destacarse en la licitación presentaron una póliza de seriedad de oferta que les garantizaba responder ante cualquier inconveniente y retraso. Este documento, otorgado por el Banco Itaú, representaba un salvavidas y evitaba la pérdida del dinero que se iba a entregar.
Tras la firma, el MinTIC le entregó los 70 mil millones de pesos del anticipo para la compra de equipos e instalación de los primeros centros virtuales. Sin embargo, se empezaron a presentar constantes incumplimientos y los contratistas nunca presentaron la justificación ante estas demoras.