“Le pido a la Procuraduría que pueda liderar un proceso en este país para que más nunca empresas que engañan al Estado puedan volver a contratar con el Estado”. De esta forma finalizó la exministra de las TIC, Karen Abudinen su declaración como testigo dentro del proceso que se adelanta en contra de cuatro de sus exfuncionarios por el polémico contrato firmado en 2020 entre el Ministerio y la Unión Temporal Centros Poblados.

Para la exministra es preocupante que empresas encargadas de estafar, robar los recursos públicos y que tienen antecedentes de corrupción sigan contratando con el Estado sin problemas. “No es posible que la Ley 80 permita que las empresas que hayan tenido problemas en el pasado se puedan seguir presentando porque solo les dan una inhabilidad por cinco años. Esas empresas deberían salir por siempre de la contratación pública”.

Cuestionó el hecho que no exista un impedimento para que contratistas y empresas puedan presentarse nuevamente a las contrataciones con el Estado. En su intervención indicó que solamente cambian el nombre de la empresa o se asocian con otras personas y siguen recibiendo contratos de manera fraudulenta.

Abudinen, quien declaró por una hora y 24 minutos ante el organismo de control disciplinario, detalló la forma en cómo se adelantó todo el proceso licitatorio para este contrato que tenía como objetivo la construcción de 10 mil centros digitales para brindarle conectividad gratuita a 14.745 colegios de zonas apartadas del país.

El contrato ‘Proyecto 10K’, que tenía un valor total de 4 billones de pesos, le fue adjudicado el 10 de diciembre a la Unión Temporal Centros Poblados —conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S—.

Para el inicio del mismo se les entregó como anticipo 70 mil millones de pesos para la compra de equipos. Sin embargo, los meses pasaron y el contrato nunca se puso en marcha como lo indicaba el cronograma. No obstante, ante los constantes incumplimientos y la falta de una respuesta clara se ordenó la caducidad del contrato y se radicaron las denuncias ante las autoridades competentes, como al Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General.

Ante las preguntas del procurador delegado, Abudinen calificó a esa Unión Temporal como “empresa criminal de corrupción” que tuvo la capacidad de engañar a todos los funcionarios encargados de supervisar y vigilar el proceso de licitación. Fue de esta forma como pudieron radicar los documentos exigidos y cumplir con los pliegos de condiciones. “Todo era una fachada, todo era mentira tras mentira y me siento engañada. A nosotros nos engañaron, acá hay una fábrica de corrupción”.

La exministra aseguró que seguirá atendiendo las citaciones de las autoridades judiciales para “ponerle la cara a un proceso que ha sido tan delicado e importante para el país”. Abudinen detalló que este episodio ha sido uno de los más duros en su vida personal, puesto que ha sido acusada falsamente y señalada sin pruebas.

¿Cómo fue el engaño?

El 19 de julio de 2021, el Ministerio de las TIC declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020. Esto debido a los incumplimientos en la compra de los equipos y las demoras injustificables para la instalación de los centros digitales para conectar a 7.277 centros educativos en los departamentos de de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Fue durante esa audiencia que el Banco Itaú informó que la póliza a la que hacía mención el contratista nunca había sido entregada por ellos, es decir, que era falsa. Con diferentes maniobras, la Unión Temporal logró evadir el control de los funcionarios y se beneficiaron con el billonario contrato. “(…) eran tan expertos que era imposible que los funcionarios públicos, que hemos actuado de buena fe y realizábamos un seguimiento semanal nos diéramos cuenta”.

“Nunca se tomaron decisiones a la ligera, nunca recibimos una alerta (…). La licitación no tuvo ningún problema cuando sacamos los pliegos definitivos, ni cuando se realizó la licitación. No recibimos ninguna alerta”, explicó. Fue un informe de la interventoría el que marcó la hoja de ruta para el proceso de incumplimiento del billonario contrato.

Por las presuntas irregularidades en la celebración de este contrato la Procuraduría General le abrió una investigación preliminar a la exministra en septiembre de 2021.