La representante a la Cámara Katherine Miranda, quien está aspirando a la presidencia de esa corporación para la primera legislatura que inicia el 20 de julio, incumplirá una promesa que les hizo a sus electores.

Antes de las elecciones legislativas del 13 de marzo, Miranda aseguró que una de las razones por las que se quería reelegir, era para acabar con el impuesto del 4x1.000, por lo que presentó un proyecto de ley que está en trámite. De hecho, en ese momento argumentó a sus electores que sus ideas no eran “promesas ni tiros al aire” y que cumpliría con sus propuestas.

Sin embargo, con la próxima llegada del presidente electo Gustavo Petro a la Casa de Nariño, está claro que Miranda no podrá cumplir con la eliminación de ese impuesto, porque el designado ministro de Hacienda de Petro, José Antonio Ocampo, afirmó que ese tributo continuará y no es viable su eliminación.

Siempre se ha dicho que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, y eso le pasaría a Miranda, quien tenía la firme intención de acabar con el 4x1.000, pero el mandatario electo no lo hará. La congresista apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue su jefe de debate en Bogotá.

“Que se elimine de manera gradual el 4 por mil, un punto por mil al año, de tal manera que al 2026 ya este impuesto no exista”, decía Miranda al explicar su proyecto de ley.

Seguramente la iniciativa seguirá su trámite en el Congreso de la República, pero se desconoce qué hará Miranda, ya que el presidente electo, que ella apoyó, no está de acuerdo con esa medida.

De hecho, el ministro designado, José Antonio Ocampo, le ratificó a SEMANA que el impuesto se mantendrá y que no hay manera de reemplazar esos recursos.

Ese impuesto es uno de los más rechazados por los ciudadanos colombianos y por los congresistas que ahora pertenecen al Pacto Histórico. Por ejemplo, David Racero indicó en su momento que la eliminación de ese tributo era una deuda histórica en Colombia. “Sobre todo para los empresarios, es algo que debemos para generar empleo. La idea es eliminarlo y que esa plata pueda recaudarse con una modificación tributaria”.

La representa electa del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, fue una de las más duras críticas de este impuesto y, de hecho, lanzó dardos a quienes se opusieron a la eliminación en el Congreso. “Es apenas obvio que cuiden los intereses de los banqueros que les financian sus campañas políticas”, dijo Carrascal en su momento, pero no se ha pronunciado sobre la decisión de mantener el tributo en el gobierno de Gustavo Petro.

La política es tan dinámica que ahora quienes criticaron duramente el impuesto del 4x1.000 tendrán que apoyar las decisiones del presidente electo Gustavo Petro, a quien respaldaron durante toda la campaña presidencial. Por ahora, Miranda no se ha pronunciado sobre este tema.

¿Qué está pasando con el 4x1.000 en el Congreso?

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en noviembre de 2021 y por unanimidad un proyecto de ley que busca eliminar gradualmente el impuesto 4x1.000. La iniciativa fue presentada por la representante Katherine Miranda. La eliminación del 4x1.000 se dará de manera gradual a partir de 2023, año en el que pasará al 3x1.000, luego en 2024 llegará al 2x1.000, en 2025 se ubicará en 1x1.000, y desde 2026 ya no estaría vigente.

A pesar de que el impuesto del 4x1.000 recauda alrededor de ocho billones de pesos por año, la iniciativa ha sido definida como “regresiva” por distintas entidades, entre ellas Asobancaria, gremio que reúne a los bancos e instituciones financieras del país.

“Durante la última década, entre 2011 y 2020, el recaudo tributario por concepto del GMF ha mostrado una tendencia creciente hasta alcanzar los 8,7 billones de pesos en 2019, para luego caer hasta los 8,1 billones de pesos en 2020 como consecuencia de la pandemia”, explica la exposición de motivos del proyecto de ley.

Para compensar los recursos que se perderían por el desmonte del 4x1.000, el proyecto también incluye un artículo que estipula que el Gobierno nacional deberá crear una Comisión de Expertos que tendrá como objeto el estudio de la reducción del tamaño del Estado con el fin de maximizar y aumentar la eficiencia del uso de recursos públicos en materia de funcionamiento bajo criterio de minimización del gasto público.

Mientras avanza el proyecto de ley, el gobierno de Gustavo Petro no tiene en sus planes acabar con el antipático impuesto que se acerca a cumplir 25 años.