SEMANA conoció la denuncia que llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal General, Luz Adriana Camargo, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el procedimiento de captura y posterior libertad de los disidentes de las Farc que iban a bordo de una caravana de camionetas blindadas de la UNP, cuando transitaban por el departamento de Antioquia.
La denuncia la instauró un ciudadano identificado como Santiago Suárez Morales, quien en diálogo con esta revista, aseguró que “la acusación es por violación a la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Estaríamos hablando también de una violación del Acuerdo de Paz con las Farc porque se estaría vulnerando a las víctimas y el principio de legalidad penal”.
Y es que después de un control del Ejército en Bello, Antioquia, a la caravana de las disidencias de las Farc, se logró identificar que siete personas que iban a bordo de los vehículos de la Unidad Nacional de Protección, tenían órdenes de captura vigentes. Sin embargo, tres quedaron en libertad, según la Fiscalía, porque eran beneficiados de la suspensión de las órdenes de captura por ser parte de las negociaciones que se adelanta con ese grupo criminal.
“La decisión desconoce la aplicación de la ley penal de manera clara y precisa, lo que el principio de legalidad garantiza es que toda persona tenga certeza sobre qué conductas son punibles y bajo qué condiciones se protegen los derechos individuales”, explicó Santiago Suárez sobre la decisión que radicó en la Comisión de Acusación.
La denuncia relata que la decisión de la fiscal Camargo de liberar a los cabecillas de las Farc, se fue en contra de las capturas en flagrancia que realizaron las autoridades competentes, y explican que esa decisión genera preocupación u controversia, teniendo en cuenta las implicaciones legales y constitucionales que podría traer.
Por esa razón, el documento que ya está en poder de la Cámara de Representantes, solicita “investigar exhaustivamente la conducta de la Fiscal General Luz Adriana Camargo el 23 de julio de 2024, la Resolución 0282 del 04 de julio 2024, y tomar las medidas pertinentes conforme a la ley para garantizar el respeto a la Constitución Colombiana, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Es fundamental para la estabilidad institucional y el Estado de derecho en Colombia que se aclaren las circunstancias de esta solicitud y se asegure que las autoridades judiciales actúen con estricto apego a la legalidad y los principios constitucionales”.
Aunque la Comisión de Acusación ya tiene el documento de 9 páginas en sus manos, todavía no se ha podido expedir un radicado del proceso ante la falta de mesa directiva que permita el reparto de ese caso a uno de los Representantes de la Cámara que la integran.
Hay que recordar que esa Comisión hay actualmente una investigación contra el presidente Petro por las posibles irregularidades que se habrían presentado en la financiación de su campaña en 2022. Así mismo, investigan al magistrado Francisco Farfán, integrante de la Corte Suprema de Justicia, por las supuestas filtraciones que al parecer hizo al clan Gnecco sobre una investigación que venía adelantando por presunta compra de votos.