Este año el hacinamiento en Colombia alcanzó el 24,5 por ciento, con 101.774 personas ocupando 81.736 cupos carcelarios, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec. En los centros de detención transitoria el panorama es peor; de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y estaciones de Policía el hacinamiento supera el 151 % en todo el país, con cerca de 24.000 personas detenidas.
En Risaralda el hacinamiento es del 19,3 % con una población carcelaria de 1.351 personas para 1.132 cupos en las cárceles del departamento. Sin embargo, pese a la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria de la región, el proyecto más importante para estos fines se encuentra en un limbo.
Se trata de la construcción de una cárcel de mediana seguridad ubicada en la vereda La Honda, el Pílamo corregimiento de Combia Baja del municipio de Pereira. El terreno fue donado por la asamblea departamental de Risaralda al Inpec y la nueva cárcel generaría 1.500 nuevos cupos carcelarios.
La Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, contrató una consultoría y le hizo entrega a Fonade, hoy ENTerritorio, de los detalles del proyecto, en el 2018 el contrato para la construcción de la cárcel le fue adjudicado al Consorcio Pílamo, conformado por las empresas Varela Fiholl S.A.S y Arquitecturas y Concreto S.A.S. Dicho contrato comprendía una primera etapa de Pre-construcción y la una segunda etapa de Ejecución y Entrega de Obras.
El proyecto tenía un valor inicial de $131.524 millones y un plazo de ejecución de dos años y 4 meses. Sin embargo, hoy, cinco años y medio después de adjudicado, el proyecto solo registra un avance del 35 por ciento y un aumento de costos que aún no es posible calcular.
Cuatro suspensiones y ocho prórrogas
Tanto el contrato de interventoría como el de la obra ha tenido retrasos y adiciones presupuestales. En total, se registran cuatro suspensiones y ocho prórrogas hasta la fecha.
Además, en agosto del 2019, en medio de las suspensiones y prórrogas, se tramitó adición al contrato de obra por 725 millones de pesos y una adición para el contrato de interventoría 244 millones de pesos.
En mayo de 2020 las obras aún no se iniciaban y la pandemia de covid-19 llevó a nuevas prórrogas debido al retraso generado en la aprobación de permisos. Solo hasta junio de 2021 se suscribió el acta de inicio de construcción.
Ante las dificultades en la ejecución del contrato, en el 2021 la Uspec tomó la decisión de dividir el proyecto en dos fases; la primera para ser ejecutada con los recursos disponibles y posteriormente buscar recursos adicionales para la ejecución de la etapa dos, de manera que se pudiera dar inicio al proyecto sin más retrasos. La fecha de finalización del contrato era junio de este año.
La Contraloría general le puso la lupa al proyecto y alertó sobre el hecho de que no existe disponibilidad total de los recursos necesarios para la finalización del proyecto.
La Uspec y ENTerritorio afirman que la operación del establecimiento solo será posible con la finalización de la etapa dos; que aún no se encuentra contratada.
De acuerdo con el ente de control, la ejecución actual, con los valores contratados, corresponde únicamente a la primera etapa, la cual comprende: 13 edificaciones, pozo de succión, vías internas, cerramiento, tanques, Ptar, garitas, red de acueducto, red eléctrica, portal 3 y cimentaciones profundas de las edificaciones de la segunda etapa.
De acuerdo con la Contraloría, la segunda etapa del proyecto tendrá un costo estimado de 63.376 millones de pesos. Esta fase es indispensable para la entrada en funcionamiento del establecimiento, debido a que en esta se encuentran las áreas administrativas, alojamientos de guardias y cerramientos.
Alerta de la Contraloría
La Contraloría Delegada para el Sector Justicia decidió iniciar Seguimiento Permanente a los contratos realizados en virtud de dicho proyecto. Fuentes de entidad le dijeron a SEMANA que son varias las preocupaciones que se tienen, en primer lugar, el retraso en la ejecución y entrega de las obras, el incumplimiento de cronogramas con la necesidad de incremento de recursos; el incremento en valor total del proyecto, así como la falta de control en el desarrollo del proyecto por parte de la USPEC y la demora en la toma de decisiones para la solución de problemas.
Adicionalmente, el Inpec ha manifestado la necesidad de la consecución de un terreno adicional en el margen derecho del proyecto que permita garantizar la franja de seguridad del establecimiento, la cual debe ser de 15 metros de ancho y que implica la negociación de un terreno de 10.700 metros cuadrados. La propiedad del terreno corresponde a la Universidad Tecnológica de Pereira, que le ha expresado al Consorcio Contratista la intención de hacer un canje con un terreno del proyecto que no tiene destinación específica.
De acuerdo con la Contraloría, hasta el momento se le han pagado al consorcio 12.166 millones de pesos, que representan solo 9,2 % del total del contrato de obra, sumado a 2.415 millones de pesos pagados por concepto de interventoría, que representan 52 % del total del contrato.
SEMANA consultó a la Uspec por los retrasos de las obras y explican que no se trata de un manejo contractual directo, pues quien lo adjudicó fue Fonade, hoy ENTerrotorio. Sin embargo, la entidad asegura que ha hecho el seguimiento correspondiente.
La Uspec señalan que más que incumplimientos se ha tratado de dificultades por las condiciones del terreno, permisos ambientales y una topografía compleja.
Finalmete, la Uspec le dijo a SEMANA que la segunda fase del proyecto la contratara directamente, para lo cual actualmente se está reformulando el proyecto de inversión con la intención de asegurar los recursos necesarios y llevar a cabo el proceso licitatorio en el último trimestre de este año. La entidad asegura que la totalidad de las obras estará lista en el segundo semestre del 2025.