La situación judicial de Emilio Tapia, el contratista condenado por el llamado Carrusel de Contratos de Bogotá y ahora judicializado por el escándalo del millonario contrato del MinTIC está por definirse en las próximas horas. Mientras esto ocurre, redactó un documento que firmó, de su puño y letra, para insistirle a la Fiscalía que tiene la intención de colaborar en este nuevo hecho de corrupción.

La carta fue radicada en la Dirección Anticorrupción para que la fiscal que adelanta el proceso por las irregularidades en la adjudicación del millonario contrato de conectividad entregado a la unión temporal Centros Poblados por más de un billón de pesos evalúe la posibilidad de escucharlo en diligencia de interrogatorio y conocer los detalles que, aseguró el mismo Emilio Tapia, tiene por revelar.

El abogado Alejandro Sánchez, representante legal del contratista, aseguró que enviaron el documento a la Fiscalía con el objetivo de aspirar a algún proceso de colaboración con la justicia a través de un preacuerdo o principio de oportunidad. La carta firmada incluye la “disposición” que tiene Tapia, aun después de la exposición mediática a que ha “sido expuesto”, de entregar la información que necesite la Fiscalía con relación al caso MinTIC.

Justamente en la audiencia que usó su defensa para solicitar a un juez que deje a Emilio Tapia en la ciudad de Barranquilla, por razones de seguridad, y así evitar su traslado a la cárcel Modelo de Bogotá, el abogado anticipó que Tapia estaba citado a una diligencia de interrogatorio, pero se suspendió mientras definen su sitio de reclusión.

Advirtió el abogado Sánchez que esas condiciones de seguridad siguen vigentes y se incrementaron cuando Tapia estuvo en la ciudad de Bogotá, donde fue víctima de atentados y amenazas; de ahí la necesidad de que se mantenga la ciudad de Barranquilla como sitio de reclusión.

La Fiscalía, por su parte, aseguró que no se opone a que Tapia se quede en la ciudad de Barranquilla, desde que se garantice que estará en un sitio de reclusión que cumpla con las condiciones que exigió el juez de control de garantías que impuso la medida de aseguramiento en contra del polémico contratista.

En algún momento se habló de que Emilio Tapia aceptaría su responsabilidad sin ninguna clase de acuerdo con la Fiscalía, pero a la luz de los nuevos hechos, el cuestionado contratista, que en algún momento fue testigo estrella del “carrusel de contratos”, anticipa que quiere hacer lo mismo en esta nueva investigación.

Tapia, un corrupto condenado, y al parecer reincidente, ya tuvo beneficios ante la justicia por salpicar a sus socios en los negocios corruptos que hizo en medio del Cartel de la Contratación en Bogotá. Ahí prendió el ventilador y fue condenado, pero aun teniendo casa por cárcel, según se ha conocido, confeccionó todo el aparato corrupto que se montó para que le fuera asignada a Centros Poblados la millonaria licitación y estuvo viajando a Medellín y Bogotá, desde donde articulaba la red. Ahora, al haber recibido beneficios por colaboración con la justicia, no es fácil que pueda volver a tener beneficios.

Emilio Tapia se encuentra capturado y en la Unidad de Reacción Inmediata de la ciudad de Barranquilla, luego de ser cobijado con una medida de aseguramiento por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Junto al contratista también fueron capturados Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de la corredora de seguros Rave.

En contra de las tres personas judicializadas por la falsedad en las garantías bancarias, que fueron presentadas en el proceso de licitación en el contrato del MinTIC, hay declaraciones de otras personas que participaron de la unión temporal y que ahora se convirtieron en testigos de cargo de este proceso. Los testimonios dejan a Emilio Tapia y a los otros capturados como los responsables de llevar a un engaño a funcionarios del ministerio.