El excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), temido grupo paramilitar, se dirigió al presidente Iván Duque a través de una misiva conocida por Semana Noticias. Alias Jorge 40 le solicitó que el Estado le brinde protección, pues asegura tener certeza de que “una vez pise una cárcel ordinaria colombiana” lo van a asesinar. Este miércoles fue trasladado a la cárcel La Picaleña en Ibagué.
Después de pagar “doce años, cuatro meses y quince días de prisión en los Estados Unidos de Norteamérica”, donde fue condenado por cobrar “a nombre de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” el llamado impuesto de guerra, Rodrigo Tovar Pupo arribó a Colombia el pasado 28 de septiembre.
“Pese a contar con posibilidades jurídicas para haber solicitado quedarme en los Estados Unidos, afirmando serios problemas de seguridad que afrontan tanto mi familia como el suscrito con sólo pisar territorio colombiano, desistí de ese camino”, dice Tovar Pupo.
Según él, es por eso que el país puede tener seguridad de que sus convicciones, carácter y talante le “habrían impedido intentar llegar a otro país distinto (...) de donde nunca debí ser desterrado y donde tengo mis responsabilidades como actor principal del conflicto armado en nuestro país".
El excomandante, quien fuera uno de los hombres más temidos de la historia de Colombia, asegura en ese documento que el Estado es el único y exclusivo responsable de la seguridad de su familia y la suya. Por esa razón, Tovar Pupo solicitó que “cuando cumpla la cuarentena propia de quienes ingresan a territorio colombiano, con ocasión de la pandemia del covid-19”, que lo trasladaran a un centro de reclusión que brinde las garantías plenas para su seguridad.
Considerando que la carta tiene fecha del 1 de octubre, los días de cuarentena se cumplieron y por eso es que ya fue trasladado a la cárcel La Picaleña, en Ibagué.
“Mi regreso puede generar represalias desde distintos frentes, sin poderse perder de vista que mi hermano fue asesinado en la ciudad de Valledupar, cuando ya había sido extraditado sin que, hasta la fecha, nuestra llamada justicia colombiana, haya mostrado ningún resultado sobre el esclarecimiento de este hecho”, lo que para él dificulta su llegada en lo que tiene que ver con su seguridad.
Para alias Jorge 40, es claro que apenas pise una cárcel de Colombia lo van a asesinar. En esa misiva le pidió al presidente Duque que se lo “recluya en un lugar que cuente con las medidas de seguridad necesarias, no solamente por tutelarme el derecho a la vida”, sino también, dice él, por las víctimas de Colombia que “necesitan conocer la verdad de esta parte de la historia del conflicto” que le corresponde a él.
Rodrigo Tovar Pupo también dice en el texto que cuando partió hacia los Estados Unidos, “país foráneo y sin competencia para juzgar mis actos inherentes a las acciones propias que han caracterizado el conflicto político-civil armado colombiano”, se fue con la preocupación “del país que dejaba atrás”. El exparamilitar asegura que en los días que lleva detenido pudo notar que la confrontación política “se ha degradado aún más en detrimento de los colombianos”.
Actualmente, el exparamilitar tiene 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.450 procesos con la justicia colombiana. Tovar Pupo fue extraditado en el 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, junto con otros 13 jefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso.
El Bloque Norte de las AUC, comandado por alias Jorge 40, operaba principalmente en los departamentos del Santander, La Guajira, Magdalena y Cesar, y es reconocido por haber sido un despojador de tierras y promotor de la llamada “parapolítica”. Desde su posición como actor armado, logró pactos con políticos para ocupar poder en el Congreso de la República, escándalo que estalló en el 2006, tras la desmovilización de las AUC y la incautación de un computador que contenía listas con los nombres de políticos y comerciantes que se aliaron con los paramilitares.
La verdad que tiene alias Jorge 40 para contarle al país es grande. Sin embargo, después de 12 años de silencio y de haber evitado en 48 ocasiones las versiones libres a las que la justicia colombiana lo citó, no es claro si estará dispuesto a aportar, por fin, con la verdad.