Dos emblemáticas discotecas de Medellín están en el centro de la controversia del manejo de los bienes de la SAE, el escándalo que destapó el mismo presidente Petro y que hoy tiene los ojos de todo el país. En medio de esa investigación, un episodio en particular llama la atención de las autoridades y se encuentra en el corazón de la rumba de los paisas.
Se trata de lo ocurrido con un inmenso lote de 11.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en el oriente de Medellín, donde funcionan dos de las discotecas más famosas de la ciudad. El predio, en la avenida Las Palmas, perteneció en los años noventa al clan mafioso de los Ochoa, que lo adquirió como lote de engorde y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las zonas más costosas de la capital antioqueña.
La propiedad estuvo inicialmente en manos de la DNE y luego pasó a la SAE. En el predio funcionan hoy tres actividades comerciales, dos reconocidas discotecas (La Chula y La Chismosa) y un parqueadero público.
El 30 de enero de 2013, la SAE se lo arrendó a Juan Guillermo Tirado Tobón, un médico de la ciudad, por 9.400.000 pesos mensuales. Todo iba bien, pero a finales del año pasado él comenzó a sentir un inusitado interés de la oficina regional de la SAE en Antioquia, dirigida por Henao, familiar de la esposa del senador Roldán, por retirarle la administración del bien.
El episodio sale a relucir como uno de los más impactantes en la investigación que hizo SEMANA para esta edición. Lea la portada completa.
El festín con los bienes de la mafia
Políticos camuflados, entre ellos un senador de Antioquia que estaría detrás de la repartija de bienes de los narcos con fichas en esa regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); un gobernador que aparentemente hace fiestas en una finca incautada a un mafioso; una exalcaldesa de Quibdó que tiene a su familia viviendo en una propiedad incautada a la mafia; una asociación de campesinos que tendría una estrategia para apropiarse de manera irregular de bienes y vehículos. Narcotraficantes que siguen al mando de sus propiedades, pese a la extinción de dominio. Testaferros aquí y allá, y un inventario incompleto por el que nadie responde hace años. Billones de pesos están en juego.
Ese es el alarmante panorama que sacude a la SAE, la entidad que reemplazó a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), liquidada en 2011 justamente por un grave escándalo de corrupción por el cual terminaron condenados varios exdirectores y enredados por lo menos una decena de congresistas, a los cuales no les pasó nada ante la justicia y hoy siguen ejerciendo. La SAE administra las fortunas de los narcos representadas en casas, apartamentos, fincas, vehículos, oficinas, joyas, oro, obras de arte, locales comerciales, lotes, garajes y depósitos, entre otros bienes.
Esta semana, el presidente Gustavo Petro advirtió que el país está frente a uno de “los peores hechos de corrupción”. Todo indica que no se trata de un nuevo escándalo, sino del mismo de siempre y en el que sus protagonistas van cambiando. El caos es tal, que unos 4.000 vehículos decomisados a los mafiosos están perdidos, un dato escandaloso. Entre ellos, hay carros de alta gama y de marcas como Ferrari, Porsche o Jaguar. Pero eso no es todo. Según un balance de la SAE, conocido por SEMANA, desde 2018 ya había 1.559 bienes inmuebles por ubicar. Eso quiere decir que, aunque hay alguna evidencia de su existencia en papeles, nadie tiene certeza de su ubicación ni de qué uso se les estaría dando.
La entrega de la información de los bienes de los narcos de la DNE a la SAE, en 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue realmente desastrosa. “Se recibió de la DNE en liquidación un inventario que era un listado en papel, en un sistema muy rudimentario que se gestó durante la liquidación llamado Matrix. Cuando se intervino la DNE, entiendo que tenían un sistema llamado Faro y durante la liquidación se migró. No recibimos copia de Faro, ni encontramos actas de migración. Incluso llegaron anónimos que decían que en esa migración se eliminaron activos, pero no teníamos forma de contrastar o verificar esa información. Todo era un caos”, dijo María Virginia Torres, quien estuvo al frente de la SAE entre octubre de 2014 y julio de 2020.
“No había cuentas individuales de la productividad o gastos de cada uno de los bienes. No había aseguramiento de la información que entraba o salía de las bases de datos. Había muchos procesos penales contra gente de la DNE. No se sabía el estado físico, jurídico ni económico de los bienes”, agregó Torres. “La SAE es una presa fácil de la corrupción, hay muchos intereses oscuros, pequeños y grandes”, añadió.
El país aún paga los platos rotos y, pese a los esfuerzos, no se ha podido reconstruir todo el inventario. Nadie se atreve a tener la última palabra en este tema, una evidencia sólida del desorden y el desgreño.
Documentos oficiales en poder de esta revista advierten, por ejemplo, que de las 62.350 carpetas entregadas por la DNE, “el 85,6 por ciento tiene documentos (no en su totalidad) con rasgaduras”. Otro 16,4 por ciento presenta “deterioro biológico como escurrimiento de tinta y humedad”; otros documentos están soportados en “papel químico o fax, lo que afecta a futuro la pérdida de la información”. Este preocupante diagnóstico aparece consignado en una denuncia “en averiguación de responsables” radicada ante la Fiscalía en abril de 2018 por la cúpula de la SAE en ese entonces.
La verdad es que nadie sabe si realmente todos los bienes en poder de la DNE pasaron a manos de la SAE. Por eso, el presidente Petro le pidió al fiscal Francisco Barbosa que investigue y contraste todos los inventarios para determinar cuál es la magnitud real de los bienes de la mafia que literalmente se habrían esfumado en los últimos ocho años. La labor no es fácil, dados los problemas originarios en el archivo y el manejo de la información, la falta de evidencias en algunos casos y hasta la imposibilidad de inventariar bienes de los narcos ubicados en zonas rojas de orden público a donde nadie puede llegar por razones de seguridad.
Según el balance de gestión del saliente director de la SAE, Andrés Ávila, están plenamente identificados, y listos para comercializar, bienes que podrían costar 1,6 billones de pesos en el mercado. Como lo ha dicho desde que tomó posesión, lo que quiere hacer el presidente Petro es usar dichos bienes para entregarlos a campesinos en su plan de reforma agraria. Todo se haría por medio de una polémica figura de expropiación exprés, de la que ha hablado el ministro del Interior, Alfonso Prada. Como no está contemplada en la legislación, el Gobierno se la jugaría por una nueva ley que le dé facultades.
“Hay una incautación de un bien de la mafia, dispongamos de él, moneticémoslo, volvámoslo recurso, invirtámoslo en lo social, y si producto de un pleito después terminamos perdiendo, no como siempre por fortuna, pues indemnizamos”, sostuvo Prada esta semana en el Congreso de Fenalco, en Cartagena. El funcionario habló de unas 500.000 hectáreas como objetivo. Y es que al nuevo director de la SAE, Daniel Rojas, le han dado una orden perentoria desde la Casa de Nariño: debe buscar tierra a como dé lugar para cumplir una de las principales promesas de campaña de Petro.
Ávila dijo que está de acuerdo con que se investigue a todos los exdirectivos de la entidad, pero hizo una advertencia: “Estoy de acuerdo con que el debate se centre en lo técnico y no en la mentira y la desinformación que le están dando al presidente”. El exfuncionario señaló que, en los últimos cuatro años, la entidad dio recursos por 2,1 billones de pesos, cuando en los últimos ocho años fueron 3,5 billones de pesos. Y agregó: “Estoy en desacuerdo con las cifras (presentadas por el Gobierno). El inventario ha tenido una mejora sustancial y su control es real. La SAE ha tenido una mejora importante con sus procesos de información. Se está generando un estigma”.
“La SAE no es una entidad fácil. Es falso decir que la politicé”, agregó el exfuncionario, que dijo que el 82 por ciento del inventario está en proceso de extinción. Un dato preocupante para el Gobierno Petro, que quiere entregar esos bienes de manera rápida a los más necesitados. ¿Qué se hará entonces?
El fantasma de un senador
No cabe duda de que esos bienes de los narcos en la mira del Gobierno siguen siendo un bocatto di cardinale para un grupo de políticos. Ya en el escándalo de la DNE, varios nombres salieron a la luz pública y se supo todo lo que hacían para, por medio de familiares y particulares, sacar millonarias tajadas del usufructo de las propiedades incautadas.
Todo parece indicar que el festín continúa. Ahora, con mayor sofisticación, algunos políticos estarían camuflándose tratando de no dejar huellas. En el caso de Antioquia, varias fuentes le mencionaron el nombre del senador John Jairo Roldán Avendaño a un equipo periodístico de SEMANA que viajó a Medellín. Según los denunciantes, Roldán sería la cabeza de un fortín burocrático en la regional de la SAE, y de unos 45 funcionarios, al menos diez habrían llegado con su aval.
En las nuevas indagaciones ya han surgido las primeras pistas. Alejandro Henao Barrera, exdirector regional en Antioquia, tenía a su cargo la vigilancia de los bienes en ese departamento, pero también en Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Risaralda y Caldas. Su nexo con Roldán viene de familia, pues es primo de la esposa del congresista del Partido Liberal.
Un episodio en particular llama la atención de las autoridades. Se trata de lo ocurrido con un inmenso lote de 11.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en el oriente de Medellín, donde funcionan dos de las discotecas más famosas de la ciudad. El predio, en la avenida Las Palmas, perteneció en los años noventa al clan mafioso de los Ochoa, que lo adquirió como lote de engorde y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las zonas más costosas de la capital antioqueña.
La propiedad estuvo inicialmente en manos de la DNE y luego pasó a la SAE. En el predio funcionan hoy tres actividades comerciales, dos reconocidas discotecas (La Chula y La Chismosa) y un parqueadero público. El 30 de enero de 2013, la SAE se lo arrendó a Juan Guillermo Tirado Tobón, un médico de la ciudad, por 9.400.000 pesos mensuales. Todo iba bien, pero a finales del año pasado él comenzó a sentir un inusitado interés de la oficina regional de la SAE en Antioquia, dirigida por Henao, familiar de la esposa del senador Roldán, por retirarle la administración del bien.
El nombre de Henao salió a la luz pública el año pasado durante un debate en el Congreso, cuando el entonces representante a la Cámara León Fredy Muñoz, hoy embajador en Nicaragua, lo mencionó como ficha política de Roldán, oriundo de Bello, y advirtió el nexo familiar entre ambos y su poder en la regional de la SAE.
Fuentes consultadas por SEMANA en Antioquia aseguran que, supuestamente, Roldán recomendó a Henao como gerente regional de la SAE, donde estuvo hasta septiembre pasado.
En marzo, aduciendo presuntas demoras del médico Tirado en el pago de los arrendamientos, la SAE ordenó su desalojo. Él interpuso una tutela y el Tribunal Superior de Medellín falló a su favor en segunda instancia, el 7 de junio, y le ordenó a la SAE “abstenerse de efectuar el desalojo”.
Pero en la entidad, ese mismo día, se celebró un contrato de mandato sin representación con Luis Fernando Castaño Marín, un reconocido comerciante de jeans del sector del ‘Hueco’, en Medellín, por 41 millones de pesos más IVA mensualmente, y por cinco años. La cuestión es que, según algunos testigos, Castaño le habría hecho una donación millonaria al congresista Roldán para su campaña. Sin embargo, no hay registro de ello en ningún libro oficial y ambos lo niegan.
SEMANA habló con uno de los dueños de una de las discotecas ubicadas en el lote, quien reveló que le paga a Castaño unos 50 millones de pesos mensuales. El otro comerciante, agregó, paga entre 30 y 40 millones de pesos.
Sobre este tema, el recién posesionado gerente regional de la SAE, Mauricio Urquijo, dijo: “Se permiten excepcionalmente subarriendos hasta de 30 días y no se trata de este caso. De ser así, estaríamos ante una causal de terminación de ese contrato”.
Pero hay más. A Urquijo le llegó una solicitud de ampliación del contrato a favor de Castaño por diez años, algo que le pareció muy extraño. La solicitud estaba basada en la construcción de un muro de contención y la pavimentación del parqueadero que hizo Castaño. La SAE en Bogotá no autorizó la prórroga.
Hoy se investiga si Henao, a quienes todos señalan de ser cuota política del senador Roldán, tuvo algún interés “oculto” en entregarlo al actual arrendatario. “Yo nunca he entregado una hoja de vida en la SAE. Él (Henao) es muy cercano a mí. Me ha ayudado en temas jurídicos y en la empresa política. Pero no veo un acto de corrupción en eso”, le dijo Roldán a SEMANA, quien agregó: “No sé quién es Castaño”.
Roldán aseguró que Henao llegó a la SAE en Medellín a través de un concurso y negó que lo hubiera recomendado.
SEMANA habló con Castaño, el comerciante de jeans, quien aseguró que no conoce al senador Roldán: “Le juro que a ese senador no lo conozco ni he tenido trato con él”.
Los familiares de Falcón
Otro caso que revela lo que está ocurriendo con los bienes de los mafiosos tiene que ver con una mansión de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón, el poderoso narcotraficante del Clan del Golfo y mano derecha del extraditado Otoniel. En su lujosa vivienda, de 9.000 metros cuadrados, en el exclusivo sector de Llano Grande, fue capturado en mayo del año pasado. Allí, las autoridades encontraron una lujosa vivienda con sede deportiva, gimnasios, teatros, parques y piscinas. Una de ellas tenía agua traída del mar Muerto, en Israel, con la idea de que sus visitantes se sumergieran para lograr una acción desintoxicante y limpiadora.
Como si fuera poco, la mansión tenía un gigantesco garaje cubierto repleto de carros de alta gama importados de Italia, Francia y Alemania. Entre ellos, tres Ferraris en los que se paseaba por el oriente antioqueño aparentando ser un próspero empresario de la construcción y la finca raíz. Pero la historia de Falcón no tuvo un final feliz, como ocurre casi siempre con los poderosos narcotraficantes excéntricos, y terminó extraditado a Estados Unidos el pasado 27 de junio.
Los 62 bienes muebles e inmuebles de Falcón, avaluados en 232.000 millones de pesos, ubicados en Antioquia y Córdoba, fueron declarados en extinción de dominio y pasaron a manos de la SAE, que ya empezó a vender algunos de ellos, como los tres Ferraris, que serán subastados en pocos días mediante El Martillo del Banco Popular, y donde podrá participar cualquier persona.
SEMANA conoció que los tres vehículos se encuentran guardados en un lugar secreto de Medellín, pues las autoridades tuvieron información de inteligencia según la cual un grupo de delincuentes quería robarlos.
La SAE ha tenido que lidiar con los familiares y amigos del narco, quienes se niegan a salir de la mansión.
“Desde la SAE de occidente nosotros fuimos los que más luchamos para que nos entregaran ese bien. Les radicamos por lo menos cinco solicitudes, pero no se ha podido”, aseguró Henao, el exdirector regional de la entidad, quien dice que recibió amenazas de muerte desde que inició esa tarea. El nuevo director regional, Mauricio Urquijo, tendrá que hacer el desalojo.
El desmadre en el Chocó
Un correo de la SAE del pasado 15 de septiembre, y que se titula ‘Informe Chocó’ en el asunto, deja ver la magnitud de lo que ocurre en esa región con los bienes de los narcotraficantes. Son 68 predios tipo lotes, casas, apartamentos y locales distribuidos en ocho municipios del departamento: 25 en Quibdó, diez en Istmina, 13 en Bahía Solano, 13 en Acandí, cuatro en Tadó y uno en Bagadó, al igual que otro en Condoto y en Nóvita.
El correo trae una alarmante revelación. “Las problemáticas evidenciadas son las siguientes: lotes invadidos, residencias importantes ocupadas sin legalizar, afectados viviendo en los inmuebles, inmuebles con construcción adicionales después del secuestro y temas más delicados como el presunto pago de alquiler directamente a los enlaces anteriores y no a la SAE”.
El escrito detalla algunos de los casos más críticos, entre ellos, uno que ya está siendo revisado por las autoridades, pues el informe advierte: “Casa grande de la exalcaldesa de Quibdó y ocupada por la familia de la afectada”. También refieren un bien ubicado en la zona comercial de Quibdó que sigue ocupado por los afectados, así como un lote de siete hectáreas con “excelente ubicación” que “se encuentra invadido”.
Hay un caso insólito de una propiedad de un local donde ahora se levantan tres apartamentos. Además, se mencionan cabañas ocupadas en Bahía Solano y administradas por la hija del propietario al que le aplicaron la extinción de dominio.
“En Bahía Solano se quieren adueñar de un lote porque es un punto comercial muy importante donde el río se conecta con el mar y es un punto de tránsito presuntamente de alucinógenos”, señala el correo en poder de SEMANA.
La presión que sufren los funcionarios regionales de la SAE, que no se doblegan ante los intereses mafiosos y corruptos, es inmensa. Permanentemente los abordan, enviándoles “padrinos” que gestionan la corrupción, a punta de plata y terror. El que no acepte se pone en serio riesgo.
Las denuncias de lo que estaría sucediendo en el Eje Cafetero también son muy graves. Algunos informantes que hablaron con SEMANA, y que dicen tener pruebas, aseguraron que un gobernador de la región, constantemente, hace reuniones políticas y bacanales en una finca incautada a los narcos.
Otro denunciante le hizo llegar un audio a la SAE y allí dice que una asociación de campesinos es en realidad un parapeto para poder quedarse con los bienes de los narcos. En estos términos se refiere a la persona que dirige dicha asociación: “Ese es una rata de alcantarilla, un ladrón que está en corrupción, tengo todas las pruebas, están metiendo mentiras, un ladrón que está en corrupción con funcionarios de la agencia de tierras, con los bienes que les ha dado la SAE. Les han dado lotes y fincas a todos, menos a los campesinos (...) Hay políticos, gobernadores, senadores y todo”. La modalidad ya ha sido detectada por un grupo de la SAE que tiene claro que utilizan operaciones de invasión para legalizar predios de narcos con el paraguas de supuestas asociaciones campesinas.
Las autoridades también investigan a un funcionario de la SAE que administraba en provecho suyo un bien inmueble en el norte del Valle de Aburrá, infringiendo el manual de ética. A esta persona la relacionan igualmente con el senador Roldán, pero hasta ahora no hay una investigación que concluya que eso es así.
Un alto directivo de la entidad en Bogotá le dijo a SEMANA que algunos depositarios con intereses turbios terminan sacándole jugo a los bienes. “Se quedan con el solomito y a la SAE le toca el ripio”, dijo. También se detectó un local en un centro comercial del exclusivo sector de El Poblado, incautado a un narco, pero que no aparece en ningún inventario.
Juan Carlos Restrepo fue el último director de la DNE y quien destapó la olla podrida de la entidad que derivó en su liquidación. En diálogo con SEMANA, recordó que la DNE fue un botín burocrático del Partido Conservador y que desde allí sus directores favorecían a sus copartidarios, familiares y amigos. “Era una entidad politizada donde se hacían favores de todo tipo. Por eso propuse una nueva política y recomendé la liquidación de la entidad”, dijo.
María Mercedes Perry, quien fue liquidadora de la DNE, en su informe de gestión, señaló que hubo factores que originaron la crisis “institucional y disfuncional” de esa entidad. “Se cuentan, principalmente, la carencia de un sistema informático que permitiera llevar de manera segura e inequívoca el inventario de los bienes, entre los que se cuentan bienes inmuebles urbanos y rurales, sociedades, medios de transporte (vehículos, motonaves y aeronaves), bienes muebles y sustancias químicas, que, desde su creación, en 1990, habían sido puestos a disposición de la DNE, principalmente, por parte de la Fiscalía General de la Nación”, señaló Perry.
Ella también criticó el sistema Faro, con el que se registraban los bienes. “No se encontraba en funcionamiento por haber sido manipulado en cuanto al número de bienes administrados, es decir, del inventario, y no contaba con un módulo que permitiera realizar un seguimiento de la administración que se ejercía respecto de cada uno, y adicionalmente, no contaba con soporte”, señaló. Asimismo, agregó que se lograron visitas físicas a 10.007 bienes inmuebles de un total de 19.819 predios entre urbanos (14.236) y rurales (5.583).
Daniel Rojas, el nuevo director de la SAE, dice que tiene una instrucción de Petro para concentrarse en los bienes rurales. “Es una buena pregunta saber quién aparece como dueño de esos bienes, no hay información efectiva de eso, los predios los tenemos en un Excel, pero no una información verificada de los mismos”, señaló esta semana.
Lo que ha pasado con los bienes de la mafia en Colombia ha sido una vergüenza. Y aunque la DNE fue liquidada en medio de un gran escándalo de corrupción que involucró a políticos, la SAE, por más esfuerzos, no ha logrado sanear completamente la entidad. Lo cierto es que se está perdiendo una suma billonaria que está llegando a los bolsillos de los corruptos, quienes deberían estar en la cárcel, pero han logrado asegurar la impunidad. El Gobierno Petro debe hacer lo que le corresponde y despejar todos los interrogantes en torno a la expropiación exprés que se propone. Sin politiquería, y bien hecho. De lo contrario, una parte de la fortuna de los narcos seguiría extinguiéndose por las alcantarillas, en lugar de beneficiar a los más pobres.