Carlos Alberto Vargas Bautista era un negociante dentro y fuera de su despacho en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Afuera sus allegados le reconocen sus habilidosas estrategias para comprar y vender lotes, fincas, bienes. Pero adentro, usaba la fachada de jurista para vender fallos judiciales al mejor postor. El 17 de septiembre, ante la Corte Suprema de Justicia, Vargas anunció que está puliendo los últimos detalles de un preacuerdo con la Fiscalía para obtener una reducción considerable de su sentencia a cambio de aceptar 13 delitos.
Cuando logre acreditar cómo va a devolver los 380 millones de pesos que la Fiscalía tiene probado que recibió en cuatro hechos de corrupción, la Sala de Primera Instancia de la Corte, deberá avalar su acuerdo con la justicia. Todos los negocios non sanctos de Vargas tienen un común denominador: Kelly Andrea Eslava. Ella fue judicante de su despacho y después se convirtió en su novia y socia. El magistrado le financió el montaje de una oficina de abogados a la que naturalmente le iba muy bien, pues muchos de los clientes tenían pleitos pendientes en el despacho de Vargas. Sin declararse impedido, el magistrado fallaba en favor de los poderdantes de Eslava y contra las finanzas del Estado. Precisamente, Eslava fue la primera ficha que se derrumbó en este entramado judicial.
Ella firmó un preacuerdo y está a la espera de la aprobación de un principio de oportunidad. Le contó a la Fiscalía detalles de negocios en los que participaron poderosos empresarios, funcionarios del mismo tribunal, magistrados en la cúpula de la justicia y hasta congresistas. Junto con ella cayó el primo y socio del magistrado, Ademaro Vargas, quien aceptó haber prestado su cuenta bancaria para recibir las consignaciones de los pagos por la venta de fallos judiciales. El proceso comenzó con miles de horas de interceptaciones telefónicas que demostraban la relación amorosa de Eslava con el magistrado Vargas.
Ahora, la Fiscalía cuenta con la versión de particulares que señalan cómo el magistrado les recomendaba contratar los servicios de la abogada para tener éxito en sus procesos judiciales. Fallos en venta Por ahora, la Fiscalía acusa a Vargas por 13 delitos cometidos en cuatro hechos de corrupción. El primero y más cuantioso, el robo del humedal Jaboque, en Engativá. Esta valiosa fuente hídrica del Estado tiene un largo historial de falsa tradición en la que aparecen narcos, paramilitares, testaferros. Cuando el pleito llegó al despacho del magistrado, este no solo validó la actuación fraudulenta de estos particulares, sino que le ordenó al Distrito comprarles estos terrenos para garantizar su protección.
El magistrado le puso precio al botín: la Empresa de Acueducto de Bogotá debía pagar 64.215 millones de pesos a los falsos propietarios, de los cuales el 20 por ciento le correspondería a Eslava. Cuando la Fiscalía sentó a Vargas a imputación de cargos por primera vez, lo cuestionó también por varias decisiones judiciales en las que condenó al Hospital de Ubaté por 12.000 millones de pesos. El representante legal de la entidad favorecida, llamada Soporte Vital, aceptó cargos por haberle entregado plata a Vargas para salir beneficiado en las decisiones judiciales.En cuestión de meses, Vargas volvió al banquillo.
Hace apenas una semana, la Fiscalía le volvió a imputar otro listado de delitos por haber condenado al Hospital Militar a pagar 25.000 millones de pesos en un pleito con la unión temporal Medisan, integrada por Comfamiliar del Huila, Macromed S. A. S. y la Caja de Compensación de Cundinamarca. Eslava representaba a Macromed y ganaría por debajo de cuerda un porcentaje del 15 por ciento de la condena si el Consejo de Estado le confirmaba la decisión de Vargas. La abogada conducía un carro deportivo de alta gama y tenía entre sus bienes un apartamento en Mosquera, que recibió en parte de pago de otro de sus clientes, los empleados de la firma Protag S. A. (Protección Agrícola S. A.). Esta empresa entró en un proceso de liquidación judicial por la Superintendencia de Sociedades en 2013. Producto de este proceso, varios empleados, encabezados por el representante legal, iniciaron reclamaciones de reparación directa que se acumularon en el despacho de Vargas.
Estas demandas, calificadas por la Fiscalía de “sistemáticas”, implicaron para la Supersociedades una condena a pagar cerca de 30.000 millones de pesos a los empleados. Solo en estas cuatro acciones judiciales, Vargas condenó a la Nación a pagar 130.000 millones de pesos, de los cuales la Fiscalía tiene probado que recibió 380 millones de pesos. Para resarcir al erario, el magistrado se comprometió a entregar una finca en Icononzo (Tolima) que vale 310 millones y está en el trámite de entregar un pagaré en el que se compromete a pagar los otros 70 millones de pesos. También devolverán el auto deportivo y el apartamento en Mosquera.
Sin embargo, las investigaciones aún no han llegado al fondo. De un lado, están por salir las revelaciones que Eslava le ha hecho a la Fiscalía, que vinculan a 12 personas con los negocios turbios que manejaba en este despacho. Del otro, están las investigaciones para determinar si algunos consejeros de Estado colaboraban con el magistrado. Al fin y al cabo los afectados por las decisiones adoptadas en el tribunal tienen la posibilidad de apelar ante el Consejo de Estado, que profiere los veredictos definitivos. Vargas ha sido magistrado del tribunal durante la última década. Es hermano de Alcibiades Vargas Bautista, exmagistrado del Tribunal Superior del Meta, también protagonista de un escándalo monumental por presuntamente favorecer a bandidos de alta peligrosidad.
El Vargas del Tribunal de Bogotá está por cerrar su aceptación de cargos, pero a este expediente le quedan abiertos interrogantes que en cualquier momento podrían quedar al descubierto. ¿Quiénes son los políticos y magistrados responsables de poner en venta la justicia?