La carrera del poderoso político boyacense Plinio Olano Becerra ha salido airosa históricamente de varias tormentas, incluyendo la condena de su hermano Germán Olano como uno de los protagonistas del carrusel de contratos de Bogotá. Pero después dos décadas en la política es el escándalo por los sobornos de Odebrecht el que le pasó una cuenta de cobro costosa como responsable de hechos de corrupción -que asegura la Corte Suprema de Justicia- se extendieron en el tiempo y tenían vocación de permanencia. El alto tribunal decidió esta semana llamarlo a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Para el alto tribunal, Olano prestó sus "ilegales servicios" en cuatro proyectos de infraestructura: el primero, para lograr la firma del contrato para la megaobra Ruta del Sol 2, adjudicada en el 2010; el segundo, por su gestión en la viabilidad de la vía Duitama-Charalá-San Gil en el año; uno más para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Salitre de Bogotá, hasta llegar a la invitación a participar en la adición a la vía Ocaña-Gamarra. En total, la corte lo acusa de haber recibido coimas por lo menos por 1 millón de dólares; le atribuye porcentajes en el caso del otrosí Ocaña-Gamarra del 4 por ciento del valor del contrato, y en el caso de PTAR Salitre del 3 por ciento. El documento de la corte asegura que Olano será llevado a juicio no solo como intermediario en favor de Odebrecht, sino por haber usado su posición de senador de la Comisión Sexta, encargada de asuntos relacionados con obras de infraestructura, para mover sus influencias en favor de la multinacional a través de diferentes funcionarios: servidores de la Agencia Nacional de Infraestructura, del Gobernador de Boyacá Juan Carlos Granados y del Ministro de Transporte Miguel Peñaloza. Este último, investigado por la Fiscalía General, habría logrado que la ANI invitara a la multinacional a construir el corredor Ocaña-Gamarra sin requerir de una licitación pública, como en efecto sucedió."Olano debía estar al tanto que dicha empresa se valía de contratos simulados y sobrecostos para pagar los sobornos, pues direccionó el pago de una ‘reciprocidad‘, suministrando el nombre de la empresa con quien se debía suscribir uno de los convenios e incluso tuvo control total en los últimos eslabones del proceso de ocultamiento del dinero, al disponer que el mismo le fuera entregado exclusivamente en efectivo y al ordenar que un porcentaje terminara en poder de terceros". La corte advierte que, aunque no exista plena certeza, van tras la pista de otros actos complejos y sofisticados para el ocultamiento de estas coimas."Prestó su concurso para desarrollar el entramado corruptor dispuesto para favorecer los intereses de Odebrecht, para lo cual fue necesario ‘vender‘ su función, poniéndola al servicio de aquellos intereses", Corte Suprema de JusticiaLos principales testigos en contra de Olano son Federico Gaviria y Bernardo Miguel Elías Vida, quienes dan cuenta del compromiso que asumió con la multinacional para aprovechar sus influencias. Pero no son los únicos, y la corte se basa en los testimonios del exviceministro Gabriel Ignacio García Morales para darle fuerza a la acusación. Y hace un análisis de las contradicciones de declarantes como el exdirector de la CAR Alfred Ballesteros Alarcón y Luiz Bueno, antiguo directivo de Odebrecht. Este último admitió que a su llegada a Colombia hizo contacto con políticos, directivos de empresas, gremios y congresistas, entre ellos, Olano, pero niega haber ofrecido coimas, algo que la corte subraya como no creíble, teniendo en cuenta que las evidencias van contravía de sus afirmaciones.La primera gestión de Plinio Olano en favor de Odebrecht la habría hecho en la Comisión Sexta del Congreso, cuando supuestamente usó los debates de control político con el fin de presionar a funcionarios como Ministros de Transporte y al director de la ANI al reprochar constantemente su gestión y formularles críticas. Su objetivo era generar presión para guiar las actuaciones de los altos funcionarios hacia los objetivos de la firma brasileña. Al final, el contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2 fue adjudicado al consorcio del que hacía parte Odebrecht.El exviceministro García asegura que Eleuberto Martorelli -representante de Odebrecht en Colombia- le manifestó que apoyaba económicamente a congresistas a cambio de que ayudaran a empujar "el tema del otrosí"; luego le reveló que Olano era del equipo porque controlaba la comisión Sexta del Senado. Los proyectos claves1. Ruta del Sol 2: Federico Gaviria Velásquez aseguró que en el 2010, cuando estaba estructurando un subcontrato entre Consol (consorcio del que hacía parte Odebrecht) y la firma Megavial para la construcción de 10 kilómetros dentro de la Ruta del Sol II, Luiz Bueno le pidió como condición para su aprobación incluir un sobrecosto de 500 millones de pesos que requería para cumplirle a Olano con un compromiso. Se trataba de una "reciprocidad o coima" pactada por la intervención de Olano en debates de control político para la adjudicación de la megaobra. Según el testigo, el ofrecimiento fue aceptado por Olano con la condición de que en el subcontrato fuera vinculada una empresa de su confianza. Así las cosas, Megavial se asoció con FEME Ingeniería Ltda. -compañía de Luis Fernando Mesa Ballesteros, amigo personal de Olano- para conformar el consorcio Ruta del Sol San Alberto. Se firmó el mencionado contrato por un valor superior a los 10.000 millones de pesos que tenía por fin, entre otros, "pagar el compromiso económico establecido".Tanto Mesa como Manuel Hernando Ortiz Ortiz (gerente de Megavial) admiten que Federico Gaviria fue la persona que gestionó la suscripción del contrato pero niegan que hayan incluido un sobrecosto. No obstante la corte encuentra que los sobrecostos relacionados por Gaviria sí existieron -el valor del contrato excedió el costo inicial en casi 1.000 millones de pesos.El alto tribunal cuestiona que tanto Mesa como Olano fueron contradictorios en sus declaraciones ya que negaron tener una relación de tipo comercial. Sin embargo, la corte pudo constatar que la firma sociedad Inversiones Olano Riaño -de la familia del excongresista- y Feme Ingeniería Ltda. han sido socias en la compra de semovientes, la venta de embriones bovinos, la fabricación de geobolsas y la compra de cuatro predios. Estos últimos fueron adquiridos en Gachancipá en el año 2005; y luego fueron vendidos a la ANI para la construcción de la vía Bogotá-Duitama-Sogamoso. Según Gaviria, Olano exigió 500 millones de los cuales se hizo un desembolso inicial de 200 millones de pesos. En consecuencia quedaron pendientes 300 millones de pesos. 2. Viabilidad de Duitama-Charalá-San Gil:El testigo Gaviria, que está a la espera de una negociación con la justicia, en el segundo semestre del 2011 hubo reuniones en la casa de Olano para sellar el apoyo de Odebrecht a la campaña de quien se convirtió meses más tarde en el gobernador de Boyacá: Juan Carlos Granados. En una de ellas, Olano explicó a los representantes de Odebrecht que si Juan Carlos Granados resultaba electo, la multinacional podría ser favorecida con la adjudicación del proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil, lo que despertó el interés de los directivos. En otro encuentro, según el relato de Gaviria, éstos indicaron que si el contrato les era adjudicado, Juan Carlos Granados y Olano recibirían una comisión cuya suma no fue definida, pero que oscilaría entre el 3 por ciento y el 5 por ciento sobre el valor estimado de la obra, la cual se proyectaba entre los 200.000 y 350.000 millones. En otra de las citas se habría Bueno se habría comprometido a pagar una parte del soborno adeudado del anterior contrato (Ruta del Sol 2) por 200 millones de pesos. Dice el testigo que Olano manifestó que la aportaría a la campaña del candidato Granados a la Gobernación de Boyacá; la entrega del dinero se habría hecho en efectivo en la residencia de Olano. Las declaraciones de Gaviria aseguran que respecto de los 100 millones restantes, la Concesionaria Consol a través de un tercero y bajo la figura de un contrato de asesoría entregó dicha suma al abogado Luis Enrique Rojas Osuna como pago de honorarios que Olano adeudaba por un contrato de defensa en un caso ante la corte. Al respecto, la corte cuenta con el poder que prueba que dicha representación se llevó a cabo primero ante la corte y luego pasó a la Fiscalía. Puede leer: La historia de cómo el ventilador de Odebrecht acusó a su propio abogadoOlano se defiende diciendo que Rojas fue su abogado por 15 días mientras contrató uno nuevo, sin embargo, el alto tribunal asegura que en el expediente no figura ninguna sustitución de dicho poder a otro abogado. Desde el 2013 hasta el 2017, cuando las diligencias del proceso "baños por votos" fueron enviadas a la Fiscalía seguía siendo su representante. El alto tribunal subraya además que desde un comienzo, Olano intentó negar que Rojas Osuna hubiera sido su abogado "actitud que demuestra el afán de ocultar cualquier vínculo con él". Una vez Granados llegó a la gobernación, Gaviria asegura que Odebrecht le pidió continuar con las negociaciones para hacerse a los contratos antes conversados y que para ello designaron interlocutores. Tales nombramientos recayeron en el exsecretario de infraestructura de Boyacá Bernardo Umbarila Suárez, y de parte de Odebrecht se comisionó a Eder Paolo Ferracutti. Gaviria manifesta que durante cuatro meses se realizaron múltiples reuniones para materializar los acuerdos; Odebrecht realizó estudios de prefactibilidad, prediseños, presupuesto y trazado del mencionado corredor vial, al cabo de lo cual concluyó que, aún con el pago de peajes y la destinación de vigencias futuras el proyecto no era rentable la construcción del proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil. Por ello, desistió de participar en esa licitación.Bernardo Umbarila Suárez, Director del Departamento de Planeación de Boyacá, le dijo a la corte que fue contactado por Federico Gaviria para presentarle a Odebrecht, y después sostuvieron varias reuniones de las que estuvo enterado Juan Carlos Granados. Se destaca que si bien Umbarila Suárez negó que hubiese sido comisionado por el gobernador Granados para adelantar conversaciones con directivos de Odebrecht en relación al proyecto vial, eso no explica por qué Gaviria Velásquez –un desconocido hasta ese momento para él–, lo llamó telefónicamente y logró concertar varias citas con directivos de la multinacional. Dice la corte que es evidente que la Gobernación de Boyacá en cabeza de Juan Carlos Granados Becerra, sí estaba interesada en comprometer vigencias futuras para financiar el proyecto, lo que desvirtúa las manifestaciones del exgobernador Granados y Umbarila. En contexto: El testimonio que salpica al guardián de los recursos públicos en Bogotá3. Planta de Salitre:Odebrecht hizo parte de los participantes en la licitación para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. La firma integró el consorcio Aguas del Salitre, que estaba conformado por la Constructora Norberto Odebrecht de Brasil (60%) y OTV de Francia (40%). A la licitación llegaron 8 proponentes, de los cuales fueron precalificados 4; uno de ellos, un consorcio compuesto por las empresas Beolia y Odebrecht; y otro conformado por Acualia y el grupo Solarte. Según el exdirector de la CAR Alfred Ballesteros Alarcón este último fue el ganador de la licitación por tener la oferta con el precio más bajo y no porque hubiera tenido que ver con dicha decisión asuntos reputacionales. Así intenta descartar que el escándalo de corrupción de Odebrecht en el mundo hubiera tenido relación con la adjudicación.Ballesteros confirma en parte lo asegurado por Gaviria al señalar que a comienzos del 2013 se realizó una reunión en casa del Gobernador Granados, a la cual asistieron Olano y empresarios de Odebrecht; esta habría tenido por fin hacer una presentación de su empresa. Sin embargo, niega que en este encuentro se haya abordado algún tema relacionado con el proyecto de ampliación del PTAR Salitre pues para ese momento el proyecto no existía.Para la corte, sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que si bien el llamado a precalificación fue publicado el 22 de abril de 2013, del texto se extrae claramente que la existencia del proyecto de ampliación del PTAR Salitre se conocía desde el año 2010 por una publicación en el DG Market, empresa dedicada a informar al público sobre licitaciones a nivel mundial, entre ellas las de Colombia. La propia CAR había publicado en el 2007 sobre la adecuación hidráulica del Río Bogotá. Gaviria manifiesta que la presencia de representantes de Odebrecht en la casa de Juan Carlos Granados con Olano y Balleteros tenía como finalidad discutir cómo lograr la precalificación de la multinacional en el proyecto de ampliación de la PTAR Salitre y acordar que en caso de su adjudicación, Odebrecht pagaría a los asistentes el 3 por ciento del valor del contrato. Ballesteros Alarcón, sin embargo, asegura que la precalificación fue realizada por el Comité Coordinador del FIAB, que la envió al Banco Mundial para que emitiera su concepto. El alto tribunal establece que la decisión no era exclusiva del Banco Mundial, pues este solo conceptuaba sobre lo enviado por el FIAB. Para la corte esto es clave porque sí era posible que Juan Carlos Granados pudiera influenciar las decisiones de dicho Comité, pues como Gobernador de Boyacá formaba parte del Consejo Directivo de la CAR. Le recomendamos: Los otros salpicados en el caso de Plinio OlanoLa defensa de OlanoA través de un comunicado, el exsenador manifestó que solo uno de los 25 testigos que han declarado en el proceso lo incrimina directamente. "Se trata de un testigo que no ha aportado ningúna prueba documental de sus acusaciones, que ha sido beneficiado y protegido por la justicia, no sólo en éste, sino en diferentes procesos penales". Cuestiona que Federico Gaviria aspire a tener un segundo principio de oportunidad para obtener nuevas rebajas de penas o absoluciones por los delitos que ya confesó haber cometido.Según el exsenador, la Sala de Instrucción que lo investiga perdió toda competencia para investigarlo y alega que le han violado sistemáticamente sus derechos fundamentales: la presunción de inocencia, el juez natural, el derecho a la defensa, el debido proceso y la libertad, entre otros.